La renuncia de Rodrigo Sandoval a la dirección del Departamento de Extranjería y Migración da cuenta de las serias dificultades que han existido en este y otros gobiernos para sacar adelante una nueva ley migratoria. La actual legislación está vigente desde hace cuarenta y dos años, y, si la consideramos desde el retorno a la democracia, hemos esperado veintisiete años para contar con una ley que responda a los requerimientos y estándares internacionales en esta materia. Frente a esto, ¿dónde radica la dificultad, si todos estamos consensuando que la legislación actual no guarda ninguna relación con la realidad migratoria que vive Chile?
El tema migratorio se ha instalado en las agendas políticas de prácticamente todos los países y en cada uno de ellos surgen discursos y voces que buscan controlar, reducir, seleccionar o simplemente rechazar a los migrantes. Por otra parte, otros sectores, no siempre mayoritarios, recuerdan la responsabilidad que tiene cada Estado de proteger los derechos de todas las personas que se encuentran viviendo en un territorio determinado. Ahora bien, en períodos de crisis económicas o en contextos de países en vías de desarrollo que reciben a migrantes, se suma el argumento o cuestionamiento del tipo ¿por qué los migrantes tendrían que tener derechos si apenas alcanza para los nacionales?
[cita tipo=»destaque»]Pero las resistencias continúan y los discursos xenófobos y racistas comienzan a ganar territorio y espacios, amparados en un descontento social que nada tiene que ver con los migrantes, sino con las condiciones de precariedad que se acrecientan bajo un modelo económico sustentado en un crecimiento desigual.[/cita]
Se puede repetir hasta el infinito que el incremento en el control migratorio dispara la migración irregular; que la migración irregular genera condiciones de vulnerabilidad que pone en riesgo los procesos de inserción social y laboral; que los migrantes contribuyen al desarrollo del país, que la diversidad enriquece a las culturas, que los nacionalismos son una ideología que busca situar a los extranjeros en una posición subordinada o excluida respecto de la comunidad local o que lo mejor es que todos los migrantes estén con sus papeles al día. Lo cierto y lo que se debe entender es que la migración es parte de un proceso de globalización que no empieza ni termina con Chile, sino que es una realidad, y que los Estados deben asegurar el cumplimiento del principio de igualdad que inspira a los fundamentos de la civilización occidental.
Pero las resistencias continúan y los discursos xenófobos y racistas comienzan a ganar territorio y espacios, amparados en un descontento social que nada tiene que ver con los migrantes, sino con las condiciones de precariedad que se acrecientan bajo un modelo económico sustentado en un crecimiento desigual.
El exdirector del Departamento de Extranjería y Migración comprendió la importancia de avanzar en la protección de derechos de la población migrante, y no porque se trate de solidaridad con el desvalido, sino porque es un principio central de la democracia: la condición de igualdad de todos los seres humanos, independiente del género, el color de piel, la clase social o el lugar de nacimiento. La migración entrega una gran oportunidad a Chile para avanzar en este camino, pero la renuncia del ex Director del Departamento de Extranjería y Migración deja en evidencia que en este punto no hay acuerdos suficientes. Ello queda más claro al escuchar a voceros del Ministerio del Interior argumentando que la demora en la presentación del proyecto de ley obedecería al costo económico que significa asegurar los derechos a los migrantes, que por lo demás están siendo actualmente garantizados. Este tipo de argumentos y discursos abre la puerta a un sistema que podría condicionar el reconocimiento de los derechos, es decir, todos somos iguales pero los migrantes tendrán que esperar más para llegar a serlo, contraviniendo todo lo que Chile ha firmado en materia de derechos humanos.
Esperemos que la renuncia del ex director del DEM no sea en vano y que el proyecto de ley en el que se trabajó junto con las organizaciones sociales y con todos los actores institucionales involucrados, pueda finalmente ser presentado.
