Luego de analizar las propuestas hechas por las iglesias Católica y Evangélicas, además de seguir el debate sobre esta materia en la sociedad civil, el mandatario determinó no aplicar estas proposiciones y hará uso de la facultad privativa como jefe de Estado, amparado en la Constitución, de un perdón particular. Según explicó, quedarán excluidos categóricamente aquellos condenados por delitos graves como son las violaciones a los derechos humanos, terrorismo, narcotráfico y abusos sexuales a menores de edad
El Presidente Sebastián Piñera decidió este domingo no aplicar la ley general de indulto propuesta por las iglesias Católica y Evangélica, afirmando que no es conveniente para el país promover una legislación de este tipo porque reabre las heridas del pasado. Además, establece como regla general el estudio caso a caso de aquellos casos que cumplan con ciertos requisitos para ser considerados, dejando afuera los delitos más emblemáticos.
El mandatario dijo que tras recibir las propuestas de ambas iglesias, conversar con líderes del mundo político y religioso, y seguir con atención el debate que se generó sobre esta materia en a sociedad civil, “me ha permitido un proceso de serena reflexión sobre estas propuestas y sobre las consecuencias que ellas tendrían sobre nuestra convivencia y sobre nuestra sociedad, y me ha permitido también formarme una profunda reflexión de lo que creo es lo mejor para nuestro país y para el alma de nuestra sociedad”.
En la ocasión, Piñera valoró la reflexiones hechas por ambas iglesias sobre virtudes como el perdón, la compasión y la reconciliación entre los chilenos, además, de resaltar el espíritu noble y constructivo detrás de estas propuestas.
“Este Presidente y nuestro gobierno comparten plenamente esos valores y tenemos la firme voluntad de promover que la compasión, el perdón y la reconciliación penetren con toda la fuerza del mundo el alma de nuestro país”, precisó.
Explicó que, sin embargo, estas propuestas siguen generando tensiones y divisiones entre los chilenos y que “muchas veces han reabierto viejas heridas y rencores del pasado”.
En su alocución, el jefe de Estado recordó los indultos y amnistías que se aplicaron durante los gobiernos de la Concertación como fue el caso de la ley promulgada el 2004 que favoreció a los condenados por delitos de asociación ilícita terrorista, ley de control de armas, contra la seguridad del Estado ocurridos entre los años 1989 y 1998.
“En otras palabras, en menos de una década en nuestro país se han realizado ya tres concesiones generales de indulto y perdón para los condenados”, explicó.
Entre las decisiones expuestas por Piñera para no aplicar el indulto general se encuentra el de respetar los compromisos adquiridos por su gobierno sobre su lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, “el de proteger a las víctimas de esa delincuencia y el de resguardar con mucha fuerza el orden público y la seguridad ciudadana”.
Sin embargo, resaltó que durante su periodo se empeñará en promover en el país una cultura de respeto a los derechos humanos.
“En consecuencia y tomando en consideración todos estos elementos y por sobre todo, pensando en el interés superior de nuestra patria y en el bienestar de todos los chilenos, he llegado al convencimiento que no es ni prudente ni conveniente en los actuales tiempos y circunstancias promover una nueva ley de indulto general”, afirmó.
En todo caso, el Presidente aseguró que sí dará uso a la facultad privativa que le confiere la Constitución de indultos particulares, pero en “forma muy prudente y restrictiva”.
En tal sentido, Piñera dijo que estudiará y revisará caso a caso las consideraciones de carácter humanitario “de forma tal que ello nunca debilite nuestra lucha frontal y decidida contra la delincuencia, ni tampoco ponga en peligro la seguridad y tranquilidad que merecen todos nuestros compatriotas”.
Factores a tomar en cuenta
El mandatario explicó que para abordar estos perdones particulares, se tomarán en cuenta diversos factores como la avanzada edad de los reclusos, las enfermedades terminales, entre otras que sean equivalente, pero velando en que estos beneficios “nunca dañen el alma de nuestro país ni signifiquen un peligro para la sociedad”.
Piñera determinó ampliar el espectro de los delitos, quedando excluidos aquellos condenados por hechos graves como son los de lesa humanidad, terrorismo, narcotráfico, homicidios, hechos de sangre, violaciones o abusos contra menores u otros de igual gravedad.
Además, señaló que no se considerarán dentro del beneficio a aquellos que han reincidido sistemáticamente en el delito.
Revisión de las condiciones carcelarias
Piñera también abordó la posición de la Iglesia Católica en el sentido de las condiciones que viven los reos dentro de las cáceles, las cuales fueron consideradas por el Episcopado como infrahumanas.
En tal sentido, el jefe de Estado dijo que su gobierno está preocupado por este tema y citando las palabras del Papa Benedicto XVI dijo que las cárceles privan al hombre de su libertad, pero nunca de su dignidad.
Agregó que el Ejecutivo está conciente de las precarias condiciones de vida y del hacinamiento de los presos, lo cual atenta con sus posibilidades de rehabilitación y reinserción a la sociedad.
“Sin embargo, estimamos que la mejor respuesta a esta lamentable situación no pasa por la liberación masiva de los presos, sino por una significativa mejoría en las condiciones de vida y la dignidad de los reclusos”, agregó.
Anunció que en tal sentido, su gobierno está comprometido en un “ambicioso y exigente” plan que contempla la ampliación y mejoría de las cárceles existentes y el rediseño de aquellos que están en construcción.
También precisó que se está estudiando, de acuerdo a tratados internacionales, la posibilidad que aquellos reos extranjeros que cumplen condena en Chile sean trasladados a sus países de orígenes para que terminen de cumplir sus penas.
“Le he pedido al ministro de Justicia que en un plazo menos a tres meses realice una completa revisión de la situación de los internos y reclusos de las cárceles chilenas, tendientes a mejorar sus condiciones de vida y también a mejorar las condiciones de trabajo de los gendarmes, de forma tal de modificar los reglamentos que sena necesarios para lograr mejoras en el trato a los internos, en los beneficios intrapenitenciarios, en los sistemas de visita de los familiares, en el apoyo religioso y psicológico que nuestros reclusos requieren, en la asistencia legal a los más desvalidos y en generar más y mejores oportunidades de estudio, de rehabilitación, de deporte, de cultura, de reinserción y de trabajo remunerado para quienes hoy están presos en nuestras cárceles”, sostuvo.
Añadió que el plan también contempla un fortalecimiento y reforma a las penas alternativas a la privación de libertad como es el caso de la reclusión nocturna, la libertad vigilada y los trabajos sociales en beneficio de la comunidad.
A reglón seguido expresó que para que tales medidas sean efectivas y no pongan en peligro la seguridad ciudadana, se hace necesario mejorar y fortalecer los mecanismos de control de estas penas alternativas.
Esto se logrará por medio del aumento del número, capacitación e instrumentos con los que contarán los encargados de controlar la aplicación de estos beneficios, incorporando tecnologías de punta como es el caso del brazalete electrónico y el control domiciliario.
