El timonel del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, dijo que se trata de los antecedentes que entregó el vicepresidente de RN Claudio Eguiluz, y que dan cuenta que la ex jefa comunal habría tenido «un grupo de regalones de su entorno de gestión que eran siempre objeto de un conjunto de prebendas y beneficios que claramente están más allá de la ley».
El presidente del PS, diputado Osvaldo Andrade, anunció este jueves que su colectividad en la Octava Región está estudiando la posibilidad de presentar acciones legales contra la intendenta del Biobío, Jacqueline Van Rysselberghe, por situaciones ocurridas cuando se desempeñaba como alcaldesa de Concepción.
Esto, luego de las declaraciones del vicepresidente de Renovación Nacional, Claudio Eguiluz, quien denunció una serie de prácticas que de manera sistemática llevó a cabo la otrora jefa comunal para beneficiar a un grupo de funcionarios del municipio y que conformaban su círculo más estrecho.
«Después de escuchar al vicepresidente de Renovación Nacional, don Claudio Eguiluz, he llegado a la convicción de que hay mérito suficiente como para proceder criminalmente por las actuaciones de la entonces alcaldesa», dijo Andrade, detallando que ya solicitó al presidente regional y a la dirección regional de la tienda opositora para estudiar los antecedentes.
Y agregó que «pareciera ser que ahí hay un grupo de regalones de su entorno de gestión que son siempre objeto de un conjunto de prebendas y beneficios que claramente están más allá de la ley, hay una suerte de equipo que obtiene beneficios y a mí me parece importante que eso pueda ser materia de investigación por la vía de una acción de carácter criminal».
Por otra parte, Andrade consideró que las últimas declaraciones de dirigentes de la UDI y RN han incrementado el sustento jurídico de la acusación constitucional interpuesta en contra de la jefa regional por haber aumentado artificialmente el número de damnificados por el terremoto con el propósito de lograr que un mayor de personas de la población Aurora de Chile accediera a los subsidios de reconstrucción dispuestos por el gobierno.
«No sería posible entender el nivel de controversia que existe en la derecha si el libelo careciera de fundamento jurídico como ha pretendido señalar el gobierno de Sebastián Piñera», dijo, criticando de paso los intentos del Ejecutivo de alinear a los legisladores oficialistas para que rechacen el libelo.
