Senadores PPD se bajan de pacto con el Gobierno tras indicación que rebaja impuesto a empresas a 22%

La decisión del Gobierno de profundizar la rebaja del impuesto corporativo, desde el 23 % que establece la megarreforma hasta un 22 % en una indicación ingresada anoche, hizo que los senadores del PPD se bajaran del acuerdo que había alcanzado esta semana el Gobierno con los parlamentarios para viabilizar el mecanismo de invariabilidad tributaria contemplado en la megarreforma. Actualmente el impuesto corporativo es de un 27%.

El Ejecutivo había propuesto inicialmente reducir la tasa de primera categoría al 23 %, pero mediante indicaciones ingresadas a última hora este jueves amplió el recorte en un punto adicional. El cambio provocó reparos entre parlamentarios de la oposición, quienes afirmaron que la nueva cifra no formó parte de las conversaciones sostenidas con el Gobierno. Luego de una reunión de la bancada, decidieron dejar en nulo el pacto.

El acuerdo había permitido destrabar uno de los capítulos más controvertidos de la iniciativa. Los senadores del PPD aceptaron no recurrir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria, luego de que el Ejecutivo incorporara nuevas exigencias para las compañías interesadas y una sobretasa permanente de 1,5 % sobre el impuesto corporativo.

Con una tasa base de 23 %, las empresas acogidas al beneficio terminarían pagando un 24,5 %. Sin embargo, al disminuir el impuesto corporativo al 22 %, la carga total bajaría al 23,5 %, lo que reduce en un punto la recaudación considerada durante las negociaciones.

El jefe de la bancada de senadores del PPD, Ricardo Celis, sostuvo que ese cambio modifica las condiciones bajo las cuales se construyó el entendimiento.

“Nuestras conversaciones fueron siempre con una sobretasa del 1,5 % sobre el régimen tributario actual, propuesto del 23 %, y no sobre un régimen tributario distinto. Por lo tanto, si el Ejecutivo baja eso al 22 %, como se ha señalado hoy día, eso quiere decir que el acuerdo no es lo que conversamos originalmente”, afirmó Celis.

El legislador agregó que la nueva fórmula implicaría “recaudación fiscal significativamente menor” y cuestionó que, en términos prácticos, el punto adicional de rebaja absorba parte de la sobretasa negociada.

“Uno de los elementos importantes que colocamos en esto es que nosotros acudimos porque entendemos qué es lo mejor para Chile, qué recauda más para financiar programas sociales. ¿Qué significa disminuir la recaudación en la práctica? Que en lugar del 1,5 % (la sobretasa efectiva queda) en el 0,5 %. Nosotros no estamos dispuestos a eso”, enfatizó.

El senador del PPD Pedro Araya también aseguró que el recorte adicional no fue informado durante las conversaciones sobre invariabilidad tributaria.

“Nunca estuve en conocimiento de que el Gobierno pretendía bajar la tasa del impuesto corporativo a 22 %. Todas las conversaciones que tuvimos en materia de invariabilidad tributaria giraron en torno a otros temas”, declaró.

Araya recalcó que el entendimiento se elaboró considerando expresamente una tasa corporativa del 23 %, a la que se sumaría el recargo de 1,5 % para las empresas beneficiadas con la invariabilidad.

“El acuerdo se construyó siempre pensando que la base del impuesto corporativo de las empresas sería 23 %, al cual tendría que adicionarse un 1,5 %, de forma tal que aquellas empresas que se acogían al beneficio de la invariabilidad tributaria no pagarían 23 % de impuestos, sino terminarían pagando 24,5 %”, explicó.

“Bajar esta cifra al 22 % sin duda altera sustancialmente las bases del acuerdo al cual llegamos con el Gobierno”, añadió el parlamentario, quien dejó abierta la posibilidad de revisar el compromiso alcanzado: “Estamos repensando qué es lo que vamos a hacer, porque claramente se introdujo un factor que no estuvo en la mesa de negociación de la invariabilidad tributaria”.

El mecanismo propuesto permitiría mantener la tasa tributaria durante diez años para inversiones desde US$ 50 millones y menores a US$ 100 millones; por 15 años para proyectos desde US$ 100 millones y menores a US$ 350 millones, y hasta por 20 años para desembolsos superiores a US$ 350 millones.

Las empresas no quedarían protegidas frente a eventuales modificaciones al royalty minero, el impuesto al valor agregado (IVA), los impuestos verdes, los tributos municipales ni nuevas obligaciones establecidas por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

También deberán acreditar el origen lícito de los fondos y su capacidad financiera para ejecutar los proyectos, no registrar condenas por delitos tributarios e informar sus efectos estimados en el empleo, los encadenamientos productivos y el territorio.

La nueva indicación deja así bajo presión un acuerdo que había sido presentado como una salida para asegurar respaldo político a la invariabilidad tributaria. Los senadores del PPD se bajaron del pacto al ingresar esta indicación.