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Foto: AgenciaUNO
Kastasilandia: diputados acuden a Contraloría y Fiscalía por el parque de la familia presidencial
La investigación de El Mostrador abrió un nuevo flanco para La Moneda. Parlamentarios de oposición anunciaron acciones ante Contraloría y el Ministerio Público para esclarecer eventuales irregularidades, privilegios o conflictos de interés en la tramitación del parque de la familia Kast.
La investigación de El Mostrador sobre el cuestionado proceso de construcción y aprobación ambiental de Parque Zandia —el parque de diversiones impulsado por la familia del Presidente José Antonio Kast— desató este viernes una inmediata ofensiva política de la oposición, particularmente de los diputados que representan a Paine, quienes anunciaron oficios, eventuales denuncias ante el Ministerio Público y exigieron esclarecer si existieron privilegios en la tramitación del proyecto.
El primero en anunciar acciones fue el diputado Raúl Leiva (PS), representante del Distrito 14, quien calificó los antecedentes como “de la máxima gravedad” y sostuvo que, si se confirma que el megaproyecto fue construido sin contar con las autorizaciones ambientales exigidas por la ley, se trataría de un caso que “golpea directamente el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley”.
“En Chile nadie puede estar por sobre la ley”, afirmó el parlamentario, quien cuestionó que, mientras ciudadanos y empresas deben cumplir estrictamente la normativa ambiental, la familia del Mandatario aparezca vinculada a un proyecto cuya construcción habría comenzado antes de obtener una Resolución de Calificación Ambiental.
Leiva también puso el foco en el nombramiento del actual director nacional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Arturo Farías, quien intervino en distintas etapas de la tramitación del proyecto cuando encabezaba de manera subrogante el organismo en la Región Metropolitana y que posteriormente fue designado directamente por el Presidente Kast mediante el mecanismo conocido como “bala de plata”.
A juicio del diputado socialista, si la tramitación del proyecto obedeció a “presiones, privilegios o conflictos de interés”, se estaría frente a “hechos de la mayor gravedad institucional”. Por ello anunció que oficiará a la Contraloría General de la República para revisar la actuación de los organismos públicos involucrados y remitirá los antecedentes al Ministerio Público para que investigue la eventual existencia de delitos, incluidos posibles hechos de corrupción o tráfico de influencias.
La diputada Marisela Santibáñez (Ind.-PC), también representante del Distrito 14, centró sus críticas en las contradicciones que, a su juicio, exhibe el Presidente entre su discurso público y los antecedentes revelados por la investigación.
“Hizo campaña diciendo que deben cumplirse las leyes, las normativas, pero él comienza un negocio sin permisos. Dice que hay que expulsar a los inmigrantes, pero él los contrata y los expone a un riesgo de una obra sin permisos”, afirmó.
La parlamentaria agregó que el caso “daña gravemente la fe pública” y cuestionó que Kast mantuviera al frente del SEA a Arturo Farías, autoridad que, según la investigación de El Mostrador, participó en etapas relevantes de la evaluación ambiental del proyecto antes de ser promovido a la dirección nacional del servicio.
Desde el Frente Amplio, el diputado Ignacio Achurra —también por el Distrito 14— optó por una postura más cauta, aunque confirmó que ya inició gestiones de fiscalización.
“Hemos oficiado al Servicio de Evaluación Ambiental y a la Dirección del Trabajo para conocer la cronología y los antecedentes que ha presentado el reportaje de El Mostrador. De constituirse irregularidades, sería especialmente preocupante puesto que se trata de negocios de la familia del Presidente Kast”, señaló.
Achurra explicó que esperará las respuestas oficiales antes de emitir un juicio definitivo, aunque reconoció que los antecedentes conocidos justifican la preocupación y el despliegue de acciones fiscalizadoras.
En la misma línea, el diputado Jaime Bassa (FA) sostuvo que, de confirmarse los hechos publicados, el caso obliga a despejar completamente cualquier duda respecto del funcionamiento de las instituciones encargadas de la evaluación ambiental.
“Las normas ambientales, los permisos administrativos, la protección de los trabajadores y la participación de las comunidades son garantías que limitan el ejercicio del poder y resguardan el interés público”, afirmó.
Bassa calificó como especialmente delicado que un proyecto vinculado a la familia del Presidente aparezca rodeado de cuestionamientos y que quien desempeñó un papel relevante en esa tramitación dirija actualmente el Servicio de Evaluación Ambiental. En ese contexto anunció que también oficiará a los organismos competentes para reunir todos los antecedentes administrativos y verificar que el procedimiento se haya ajustado íntegramente a la legislación vigente.
Las reacciones marcaron el inicio de una ofensiva política que amenaza con trasladar el caso desde el terreno ambiental al institucional. Los cuestionamientos ya no apuntan únicamente a la construcción anticipada del parque o al grave accidente laboral sufrido por un trabajador haitiano en 2019, sino también a la eventual actuación de los organismos públicos que posteriormente autorizaron el proyecto y al nombramiento de la autoridad que hoy encabeza el SEA. Con oficios en curso y solicitudes de investigación anunciadas, el caso comienza a instalarse como un nuevo flanco para La Moneda.
