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Ex jefe de la ministra Benítez y asesor de importantes empresas reguladas

Los conflictos de interés que persiguen al consejero top del Ministerio del Medio Ambiente

por 13 abril 2011

Los conflictos de interés que persiguen al consejero top del Ministerio del Medio Ambiente
Ricardo Katz ha sido apuntado en diversas ocasiones por su doble rol público privado. La última es por su antiguo vínculo con Amesti, importante actor de la industria de calefactores a leña, cuya normativa regulatoria debe verse en las próximas semanas. Y aunque a través de un mail el funcionario se inhabilitó de participar en la reunión, igualmente emitió su opinión sobre el tema. En la industria se quejan de que Amesti ha manejado mejor y más oportuna información sobre la normativa que el resto de los actores de ese mercado.

A las 8:39 de la mañana del pasado 4 de abril, un mail entró a los correos de los consejeros consultivos del Ministerio del Medio Ambiente. El mensaje provenía de Ricardo Katz, uno de los 11 integrantes del grupo en representación de “los centros académicos independientes”. “Estimados, no podré asistir a la reunión del jueves básicamente por presentar un conflicto de interés. Calefactores Amesti es cliente de largo plazo y he participado intensamente en el proceso regulatorio representándolo y creo que es más limpio que me ausente”, decía el mensaje.

A primera vista, era una forma de sortear una de las reuniones frecuentes del consejo. Sin embargo, la excusa para esta cita que se realizará el 21 de abril próximo era seguida de 5 puntos. Todos ellos indicaban la opinión de Katz respecto a la materia a solucionar: el anteproyecto de la norma de emisión de los calefactores a leña (ver documento).

“Esta es su forma de operar”, comenta una fuente del sector. “Dice que tiene conflictos de interés, pero pone igual su opinión sobre la mesa... Y su opinión es ley porque es ‘el’ técnico en materia de emisiones del grupo”.

Pero las dudas también vienen desde la industria de la calefacción. Un ejecutivo de la competencia teme que “el vínculo de Katz con sus clientes haya traspasado el límite en el caso de Amesti”. Según cuenta, el 16 de enero se firmó un convenio entre Asimet y el Ministerio del Medio Ambiente, que buscaba aplicar sellos verdes voluntarios –contemplado en el Plan de Descontaminación– a todos los aparatos de la Región Metropolitana. Este sello aseguraba cumplir con la norma de emisión. Sin embargo, los integrantes del grupo encargado de este tema en la industria (el círculo de la biomasa), ni siquiera estaba de acuerdo con la norma.

“Amesti contó con información anticipada de la firma del convenio entre Asimet y el Ministerio del Medio Ambiente sobre la aplicación del sello de acuerdo voluntario, anticipándose a cumplir todos los requisitos tales como las presentaciones al Ministerio del Medio Ambiente y las certificaciones de los calefactores en el único laboratorio disponible para estos efectos por ley copando la posibilidad de dar servicio a otras empresas por dos meses”, se queja el ejecutivo.

Ricardo Katz es el fundador de GAC, importante consultora que se dedica a temas ambientales desde 1992. En su web se lee la lista de clientes: en el sector público están el Gobierno Regional Metropolitano y los ministerios de Economía, Hacienda, Minería, Obras Públicas, Planificación y Cooperación, Segpres y la Subsecretaría de Economía. Su experiencia en la materia es reconocida.

En el sector privado, el número de clientes que utilizan sus servicios también es amplio y se concentra en los principales grupos económicos del país. Entre ellos están Antofagasta Minerals, de propiedad del grupo Luksic; el Holding Cap S.A; Elecmetal, de Claro; además de las más importantes compañías mineras que operan en el país.

Para él no genera ningún tipo de conflicto emitir opiniones como la relacionada con la contaminación por leña. “En el mensaje yo digo claramente que voy a hacer 5 puntos de política pública y 'ustedes digan y discutan'. Mi juicio está ahí. Yo lo pongo por escrito. Hay gran diferencia en la transparencia”, aclara Katz.

El círculo

Katz ha estado involucrado con temas medioambientales desde los años '80 y se ha relacionado con la institucionalidad medioambiental desde la creación de la ley madre del sector, a comienzos de los '90. Su nombre sonó fuerte para ocupar el cargo de ministro del Medio Ambiente. Sin embargo, quien fuera una de sus subalternas en su empresa, se quedó en el puesto: María Ignacia Benítez. “Fue lo mejor para él. De esta forma mantiene sus negocios, pero a la vez tiene influencia en el otro lado”, comentan en el sector.

“Las personas son libres de trabajar donde quieran. Estoy orgulloso de estas personas trabajen en el sector privado y después lo hagan en el público. Me hacen sentir orgulloso. No veo ningún conflicto en eso. La gente tiene que trabajar. ¡¿Qué quieren, que no trabajen nunca?!”, dice Katz.

El correo electrónico enviado a los miembros del consejo consultivo en el que explicaba su vinculación con Amesti (la segunda empresa más grande en el rubro de los calefactores) es la punta del iceberg para quienes no ven con buenos ojos que Katz esté tras importantes decisiones medioambientales en el país. “Al interior del ministerio de Medio Ambiente incluso hay quienes lo llaman 'el jefe', en referencia al nivel de influencias que tiene”, asegura un experto.

Los resquemores en torno a la figura de Katz incluyen la larga lista de ex miembros de GAC que han ocupado puestos clave en el ministerio de Medio Ambiente y también a quienes han tenido relaciones con la empresa, como lo detalló una nota de El Mostrador.

Hay otros nombres que se han ido sumando a esa lista. Entre los últimos, quien suena con fuerza para ocupar la división de Sanciones del Ministerio del Medio Ambiente es Cecilia Urbina. Ella no trabaja en GAC, pero sí es abogada del estudio Vergara, Galindo y Correa, quienes asesoran legalmente a la empresa de Katz.

Al respecto, Katz es claro: “Las personas son libres de trabajar donde quieran. Estoy orgulloso de estas personas trabajen en el sector privado y después lo hagan en el público. Me hacen sentir orgulloso. No veo ningún conflicto en eso. La gente tiene que trabajar. ¡¿Qué quieren, que no trabajen nunca?!”, retruca molesto.

Yo opino

En la discusión sobre normas de emisión para termoeléctricas, Katz también se inhabilitó. El acta dice lo siguiente: “El consejero Katz, señala que se va a inhabilitar para votar por haber participado en la elaboración de un estudio para termoeléctrica que está en el expediente”. Sin embargo, el ingeniero de igual forma da su opinión al respecto.

Su relación con termoeléctricas ya se había ventilado en la prensa. El Mostrador informó el año pasado que la empresa de Katz fue la encargada de realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Cruz Grande de la Compañía de Aceros del Pacífico S.A (CAP). Aunque la compañía optó por retirar el proyecto de de US$ 460 millones hace pocas semanas, el que Katz tan sólo tuviera la posibilidad de opinar sobre una materia como ésta, genera urticaria.

Para la ex ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, los conflictos de interés son “extraordinariamente graves para la legitimidad de generación de políticas públicas, incluidas las normativas, porque cuestionan la independencia en la generación de opinión y toma de decisión. En el caso concreto de la operación del Consejo Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente se requiere que las personas entreguen opiniones con prescindencia de intereses de empresas determinadas”.

Uriarte también señala que ante los conflictos, los consejeros debieran simplemente guardarse sus opiniones. “Si se da el caso en que algunos de los miembros del consejo debe inhabilitarse por tener intereses comprometidos con empresas a las cuales sus opiniones vayan a beneficiar, deben abstenerse de emitir opiniones, juicios o inducir una determinada conducción del debate a efectos de no contaminar la fe publica involucrada en el funcionamiento de estas instituciones”.

En una de sus intervenciones en la discusión sobre la norma de termoeléctricas, en el acta dice que Katz “consulta por el objetivo de la norma de emisión, y señala que, en su opinión, dos podrían ser los objetivos de la norma, solucionar los problemas de contaminación o fijar un nivel mínimo para todos. Agrega que considera delicado no respetar plenamente el principio de proporcionalidad exigido por la ley”. En el mismo escrito se señala que “el consejero Katz consulta por la opinión de estas empresas por los valores para las nuevas”.

Para el propio Katz esta opinión tiene que ver con la razón de que él ocupe ese puesto, en el que representa al Centro de Estudios Públicos en el Consejo Consultivo. “Yo estoy ahí por los aportes de política pública, no estoy ahí por nada. Esto mismo es casi citado en cinco o seis publicaciones”, señala.

Sin embargo, en este mismo punto Uriarte dice que no “basta con decir me inhabilito si al mismo tiempo se conduce, orienta e intenciona a una discusión, que es el problema que tiene Katz”.

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