Cobro del CAE: la cadena que desató la peor pesadilla
Mientras el Gobierno defiende el cobro a más de 550 mil morosos del CAE, juristas cuestionan la legalidad del mecanismo utilizado por la Tesorería de embargos a cuentas corrientes, acusando eventuales vulneraciones al debido proceso y a las normas que protegen las remuneraciones de los trabajadores.
Pagar una deuda va de la mano con una ética básica. Y en el caso del Crédito con Aval del Estado, el CAE, sobre todo; porque esos recursos cuando son devueltos permiten el desarrollo de otras políticas sociales.
Ahora, si la autoridad decide afectar a 550 mil personas que mantienen cuentas CAE en mora, con medidas extremas e inéditas como vaciar de un día para otro cuentas corrientes, incluyendo la totalidad de los sueldos, se exige ser rigurosos. No se debe trivializar el problema.
Se requiere evitar poner en constante fricción la institucionalidad y los ánimos de la ciudadanía. Hoy la discusión entre juristas arde: Los detractores dicen que el problema no es cobrar la deuda si no cómo se está haciendo. Señalan que la Tesorería General de la República está aplicando normas diseñadas exclusivamente para deudas o cobro ejecutivo de impuestos, no de deudas.
Aseguran que el procedimiento civil -en cambio- “no permitiría embargar cuentas corrientes sin orden de un tribunal ni un debido proceso”. Y aseguran que se transgredió la ley laboral porque “prohíbe embargar la remuneración de los trabajadores hasta 56 UF, 2.300.000 de pesos aproximadamente”.
Si quieres comprender cuál ha sido la evolución del CAE y cómo llegamos hasta lo que ocurre hoy, revisa este Punto por Punto de El Mostrador con Paulina de Allende-Salazar.
