Del pánico al “terrible desorden”: el bochorno del Gobierno en el caso de los niños haitianos

Hay un detalle que casi nadie notó y que lo explica todo: el preinforme reservado N° 541 de la Contraloría General de la República, de 70 páginas, fechado el 14 de abril de 2026 y dedicado íntegramente al ingreso de niños haitianos a Chile, no contiene en ninguna de sus páginas las palabras “trata” ni “tráfico”. Ni una vez. Lo que el informe sí dice, con frialdad burocrática y precisión técnica, es que el Servicio Nacional de Migraciones no cruzó bien sus bases de datos, que la PDI no tenía protocolos formales, que la Subsecretaría de la Niñez no hizo seguimiento oportuno, y que tres organismos del Estado que debían coordinarse no lo hicieron. Eso es lo que dice. Un desorden. Un bochorno administrativo de manual.

El informe que nadie leyó bien

Cuando el preinforme se filtró, Chile amaneció con los titulares encendidos. “Más de 200 niños haitianos desaparecidos.” “184 menores sin paradero.” “486 niños llegaron con solo 12 adultos”. La Fiscalía abrió investigación de oficio por cuatro delitos: trata de personas, tráfico de migrantes, falsificación de documentos y cohecho. Migraciones presentó denuncia penal apuntando a los vuelos chárter. Columnistas escribieron sobre explotación sexual. El gobierno convocó reunión de emergencia en La Moneda.

La histeria duró exactamente lo que tardaron las autoridades en buscar a los niños de manera mínimamente competente.

Porque lo que el informe de la Contraloría efectivamente midió en terreno es una muestra de 105 niños, visitados en una sola jornada, de día, siguiendo domicilios registrados hace un año o más, en comunas donde las familias haitianas cambian de arriendo con frecuencia, con los padres trabajando y los niños en el colegio. De esos 105, 41 fueron encontrados en el acto. Los 64 restantes no fueron ubicados en esa visita. No desaparecidos: no ubicados en esa visita. La diferencia no es semántica. Es la diferencia entre el periodismo y el pánico.

La tabla que nadie abrió, la que está en el Anexo 5 del informe, desglosa por qué no se encontró a esos 64: en 20 casos los vecinos decían no conocer a la familia, en 13 se habían mudado, en 10 no abrieron la puerta, en 5 el niño vivía ahí pero andaba de visita o de vacaciones, en 4 la dirección no fue encontrada. Solo uno —uno solo— corresponde a una desaparición real, denunciada por el propio padre, un hombre que vive en Chile y busca a su hija. Eso no es una red de traficantes. Es un padre angustiado.

Y cuando las autoridades buscaron bien, cruzando registros escolares y de salud en lugar de tocar puertas de día, los niños aparecieron en horas. La PDI ubicó 25 de los 64. Los municipios sumaron más. Estación Central encontró 7, Graneros 2. El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, describió lo que encontró: niños a cargo de tutores, escolarizados, con controles de salud, pobres y varios hacinados. Pobreza, no tráfico.

Y hay un detalle que debería cerrar el debate para cualquiera que lo piense dos minutos: esos niños estaban en el colegio y en el Cesfam. Un traficante jamás los inscribiría en el sistema público de salud ni los mandaría a clases. Los inscribió alguien que quería que estuvieran en Chile de manera normal.

El número que no se suma

El “486 niños con 12 adultos” fue la imagen más potente y la más mal contada. Lo que ese número describe no es una operación criminal descubierta: es el total de niños que esos 12 adultos acompañaron a lo largo de dos años de viajes, con poderes notariales de los padres, porque a Haití no vuela ninguna aerolínea regular desde que la inseguridad colapsó el país. Los vuelos chárter no eran una práctica clandestina dentro de la comunidad haitiana. Eran la única forma de traer a los niños, y el Estado chileno los autorizó uno por uno a través de la DGAC.

El propio informe de la Contraloría lo confirma: todos los vuelos no regulares revisados contaban con la autorización correspondiente del Sistema de Arribos y Sobrevuelos. Todos. El número de pasajeros, las fechas, las empresas: todo registrado. Galistair GH6011, Aruba Airlines AG01, Aruba Airlines ZZ02-E. Autorizados por el Estado chileno. Los 1.476 pasajeros que llegaron en esos vuelos tenían resolución exenta que les otorgaba residencia temporal. Todos. La Contraloría lo verificó.

La denuncia de los 12 adultos habituales que aparecen con muchos niños en distintos viajes se explica de la misma manera: son los organizadores del corredor humanitario improvisado que existe porque el Estado no construyó uno formal. Que alguien figure acompañando a 34 menores en un viaje no lo convierte en traficante. Lo convierte en el tipo que arrendó el avión y juntó los poderes notariales de 34 familias que no pueden costear un viaje a Puerto Príncipe que en escala sale más de diez millones de pesos.

Por qué el tráfico no funciona aquí

El abogado haitiano Renaud Desir, quien trabajó en materias migratorias en Chile y sigue el caso desde el extranjero, sostiene que los procedimientos asociados a las visas para niños, niñas y adolescentes dejan una trazabilidad difícil de ignorar. “El padre tiene que firmar, tiene que identificarse y existen documentos y autorizaciones que quedan registradas”, señala a El Mostrador.

Desir argumenta que la existencia de padres o tutores identificables, con residencia y documentos en Chile, hace más complejo ocultar una eventual operación masiva de tráfico de menores sin dejar rastros. Hasta ahora, además, la Contraloría no ha reportado reclamantes falsos en los expedientes revisados.

“Imagínate un niño haitiano se perdió y todos los padres haitianos se quedan callados sin decir nada”, plantea. Según el abogado, la ausencia de denuncias de padres que sostengan que sus hijos nunca llegaron a destino constituye un elemento que, a su juicio, debilita la hipótesis de una red de tráfico de menores a gran escala.

El gobierno que encendió el fuego y luego lo apagó

Lo que siguió fue un espectáculo político que el propio gobierno terminó por desmentir.

El ministro de Defensa Fernando Barros salió a Radio Universo a decir lo que ningún ministro debería necesitar decir dos semanas después de haber instalado un pánico nacional: “No hay ningún antecedente serio que indique que estamos frente a un tema de tráfico de niños, de prostitución infantil, de órganos. No hay ningún antecedente, incluso más, responsablemente, no hay antecedentes de que estos niños estén desaparecidos o perdidos.” Y luego la frase que resume el bochorno: “Gracias a Dios, hasta el momento, todo indica que se trata de un terrible desorden, de una muy mala política.”

Un terrible desorden. Eso es lo que el informe de la Contraloría siempre dijo. Eso es lo que el gobierno convirtió en una crisis de seguridad nacional, en investigación fiscal por cuatro delitos, en conferencias de prensa sobre niños desaparecidos.

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, coordinadora designada de la emergencia, pedía mientras tanto “no adelantarnos” y repetía que “el Estado de Chile tiene que mejorar”. Reconoció que el gobierno no contaba con la información al llegar. Dijo que “no es el momento de las recriminaciones políticas”. Una frase extraña en boca de un gobierno cuya campaña completa se construyó sobre la narrativa del caos migratorio del gobierno anterior. Que no sea momento de recriminaciones resulta conveniente cuando las recriminaciones más gruesas apuntan al propio manejo de la crisis.

Barros admitió también que el preinforme era reservado y que su filtración fue “muy lamentable”. No dijo quién lo filtró. No dijo por qué la información llegó a los medios en una versión incompleta, antes de que el servicio fiscalizado presentara sus descargos, precisamente en el momento en que el gobierno necesitaba una narrativa fuerte sobre migración. Pregunta que queda en el aire.

El origen: una política heredada que el gobierno amplificó

Hay contexto que el gobierno omite con cuidado. Entre 2022 y 2025 se otorgaron más de 16.500 visas de reunificación familiar a personas de todas las nacionalidades, en el marco de la ley migratoria 21.325 creada durante el gobierno de Piñera. Ese sistema existía, funcionaba, y el gobierno actual lo heredó. Lo que falló no fue el sistema sino el seguimiento: la coordinación entre Migraciones, PDI, Subsecretaría de la Niñez y la DGAC nunca fue formalizada. Las bases de datos no se cruzaban. Las OLN no recibieron todos los casos. El SERMIG no verificó domicilios. Eso está en el informe de la Contraloría.

Y hay un memo del exdirector Thayer, de mayo de 2024, que flexibilizó la exigencia documental para niños haitianos, un dato que el gobierno actual usa para cargar la responsabilidad en la administración anterior. Lo que no dice el gobierno es que tomó más de un año en revertir esa flexibilización, que el flujo de niños con chárter continuó bajo su propia administración, y que las visitas a terreno que revelan el “desorden” las realizó la Contraloría en enero de 2026, aun bajo la gestión Boric.

El abogado Desir lo dice sin rodeos: “El gobierno prometió mucha cosa antes de llegar al poder y a la llegada al poder es otra cosa diferente”. Y observa que Barros y el gobierno comenzaron a corregir el tiro: “Ellos están empezando a rectificar”.

Lo que quedó

Dos semanas después del estallido, el balance es este: los niños aparecen. Están en los colegios, en los Cesfam, con sus familias, pobres y a veces hacinados pero vivos y presentes. No hay un solo reclamante falso identificado. No hay una sola denuncia de un padre que diga que su hijo no llegó. No hay una sola víctima de tráfico con nombre y apellido.

Lo que sí hay es una comunidad haitiana estigmatizada, con niños que leen noticias y preguntan qué va a pasar, con familias que tramitaron años de papeleos para reunificarse y ahora ven su proceso cuestionado en bloque. Hay organizaciones comunitarias que nunca fueron convocadas a colaborar y que podrían haber reducido a días lo que tomó semanas. Hay un instrumento humanitario legítimo —la visa de reunificación familiar— que quedó ensuciado por una narrativa que su propio gobierno tuvo que desmentir.

Y hay un preinforme de la Contraloría que dice, con documentación, tablas y 70 páginas de evidencia, que tres organismos del Estado no se coordinaron, que las bases de datos tenían errores, que los protocolos no existían, que el seguimiento no se hizo. Un desorden administrativo real, grave y con responsables identificables en varias administraciones.

Eso era la noticia. Nunca fue otra cosa.