Indicaron que la instalación de estas estructuras, se comportan como verdaderos “piratas somalíes” en barrios y comunas del país. Además, denunciaron la existencia de un vacío legal sobre la materia lo que indigna a familias de sectores residenciales.
Los concejales de La Reina, Francisco Olea, y de Santiago, Ismael Calderón, manifestaron su malestar ante el retraso de la labor parlamentaria sobre legislar en la regulación y fiscalización de la instalación de antenas de celulares en los barrios residenciales.
“A casi cuatro años de ingreso de este proyecto de ley, es incomprensible que el Parlamento no haga su pega, y legisle un proyecto con indicación de urgencia presidencial, lo que contribuirá a una mayor regulación y fiscalización de la instalación de antenas de celulares en los barrios”, explicaron.
Ambas autoridades comunales estimaron en más de 15 mil las torres instaladas en todo el país, mientras el nuevo mercado requiere cerca de 20 mil antenas. Según antecedentes, se han solicitado más de 4.00 solicitudes para su localización en los últimos meses.
“Una ley permitirá un marco regulatorio que dará mayor seguridad a los residentes considerando que el mercado de las telecomunicaciones ya cuenta con cinco operados a nivel nacional. Sin embargo, el lobby de las empresas es un golpe knockout para muchos”, afirmaron.
Olea preciso que “el innegable impacto paisajístico, la baja de la plusvalía y valor de las viviendas cercanas de estas antenas es evidente. Recuerdo los posibles y debatibles efectos sobre la salud de las personas, significo que en el mes de abril del año 2007 se ingresará al parlamento un proyecto de ley que postula condiciones y estándares para la instalación de torres y antenas de celulares. El proyecto sigue radicado y congelado en el Senado”.
Finalmente indicaron que “lo básico y sensato es que de una vez, los parlamentarios cumplan con el rol y la tarea asignada y legislar a favor de los contribuyentes y ciudadanos sobre las antenas de celulares. Así de concreto”.
