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Hasta conocer informe sobre sus efectos

Hinzpeter anuncia suspensión de gases lacrimógenos por parte de Carabineros

por 17 mayo 2011

Hinzpeter anuncia suspensión de gases lacrimógenos por parte de Carabineros
En tanto, parlamentarios presentaron un proyecto de ley que prohíbe uso de gases y otros químicos para disolver manifestaciones públicas. "Los gases lacrimógenos fueron creados con fines militares, cuando las armas químicas eran usadas indiscriminadamente en conflictos armados y no hay razón alguna para que se empleen en contra de la población civil que ejerce un legítimo derecho a manifestarse”, sostuvieron.

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunció hoy la suspensión de los gases lacrimógenos utilizado por Carabineros durante las manifestaciones hasta conocer un informe sanitario sobre sus efectos.

“Cuando se produce una polémica por la salud de nuestros compatriotas, nos parece razonable suspender el uso de esos gases lacrimógenos, hasta que nuevos informes médicos nos permitan disipar cualquier duda sobre la procedencia y el empleo de estos gases”, sostuvo el secretario de Estado.

Presentan proyecto

Los senadores del PPD Eugenio Tuma y Guido Girardi ingresaron esta mañana a trámite legislativo un proyecto de ley mediante el cual pretenden establecer la prohibición para las fuerzas de orden y seguridad publica el empleo de gases lacrimógenos y el empleo de otros compuestos químicos para la disolución de las manifestaciones públicas.

A juicio del senador Tuma el “empleo de estos dispositivos es un resabio de viejas practicas que hemos ido asumiendo como normales en democracia, pero que no tienen hoy relación con el nivel de desarrollo de nuestras instituciones políticas ni con el resguardo que a nivel nacional e internacional se debe dar al derecho a reunión y manifestación de los ciudadanos”.

“Los gases lacrimógenos fueron creados con fines militares, cuando las armas químicas eran usadas indiscriminadamente en conflictos armados y no hay razón alguna para que se empleen en contra de la población civil que ejerce un legítimo derecho a manifestarse”, señaló.

A juicio del legislador, “la fuerza que emplea Carabineros para disolver una manifestación debe ser racional y proporcional. Y estos dos parámetros son imposibles de cumplir cuando el agente policial que dispara una bomba lacrimógena o “gasea” mediante el empleo de cañones ubicados en móviles, no tiene capacidad para focalizar sus efectos respecto de los manifestantes, con lo cual se produce un doble efecto de contaminación ambiental y de masividad de los efectos de afectan a personas muchas veces fuera del ámbito en que se producen los hechos”.

Agregó que “los gases lacrimógenos son gases irritantes respecto de el tejido conjuntivo del ojo y de las mucosas del sistema respiratorio y a través de ellos se busca el ahogo, la asfixia de las personas, lo que es especialmente grave respecto de niños ancianos y personas que padecen patologías crónicas del sistema respiratorio o sufren de asma u otro tipo de alergias. Asimismo, actualmente el agua que se dispara a los manifestantes contiene aditivos químicos irritantes cuya composición química también es desconocida. Existiendo antecedentes probados mediante experimentos químicos que el menos los gases lacrimógenos denominados CS serían abortivos y podrían generar daños celulares permanentes en el feto y en lactantes menores de un año”.

Finalmente los congresistas expresaron su deseo de que la presentación de esta iniciativa lleve e a una reflexión amplia y profunda sobre la regulación que el e daremos en el Chile democrático del siglo XXI al derecho de reunión y de manifestación de los ciudadanos, ya que las normas actuales, constitucionales y reglamentarias fueron establecidas por la dictadura militar durante la década de los 80 y su propósito principal era legitimar la represión policial de los ciudadanos que luchaban por la democracia.

Cabe recordar que El Mostrador publicó en julio de 2008 un reportaje donde reveló los peligrosos efectos de las bombas lacrimógenas usadas por Carabineros así como el hecho de que no tenían permisos sanitarios para ser usadas. Ni el Gobierno de Michelle Bachelet ni parlamentarios de ningún sector tomaron medidas entonces.

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