La Superintendencia de Valores y Seguros detalla que a partir del 2006 inicia una estrategia orientada a poner al día a clientes que se encuentran morosos, la cual implementa mediante la renegociación sin consentimiento o unilateral de los créditos otorgados.
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) dio un detallado relato de los hechos ocurridos durante los años 2006 y 2011 en La Polar en el oficio de formulación de cargos contra 18 ex ejecutivos de la compañía y del socio de la autoriza PricewaterhouseCoopers (PwC).
Según informa La Segunda, el organismo regulador a partir del 2006 inicia una estrategia orientada a poner al día a clientes que se encuentran morosos, la cual implementa mediante la renegociación sin consentimiento o unilateral de los créditos otorgados.
Dichos clientes que a la fecha de la renegociación se encontraban en mora, eran considerados como clientes al día para todos los efectos, sin que además se les considerase como clientes renegociados, agrega el vespertino.
La llamada “normalización” de clientes se inició en forma acotada y consideraba solamente a los clientes que se encontraba con moras de más de 180 días, apunta.
De acuerdo al SVS esta práctica se volvió “rutinaria e institucionalizada en el área de cobranza”. En 2009, el procedimiento agrega la implementación de una herramienta computacional que tenía por objeto “‘normalizar’ clientes mediante proceso de batch’”.
Respecto a los ex directivos, la SVS señala que las repactaciones unilaterales dieron origen a una cartera que llegó a los 500 mil clientes.
Con el fin de hacer seguimiento a la cartera, se armaron distintos “comités” que eran integrados por ejecutivos principalmente de las gerencias de productos financieros, corporativa de administración, y de informática y logística. En 2008, detalla SVS, se formó un comité que efectúa una primera clasificación de esta cartera, en base a colores.
En esa línea, en el año 2010 se creó un nuevo comité integrado por el ex gerente general Nicolás Ramírez, el ex gerente de productos financieros, Julián Moreno, el ex gerente de créditos, Juan Carlos Leiva , la ex gerente de gestión Marta Bahamondes, el ex subgerente de cobranza, Jorge Rojas, y el ex gerente corporativo de informática y logística, Pablo Fuenzalida.
La Superintendencia de Valores y Seguros asegura que Julián Moreno “tenía a su cargo tanto la generación de créditos como la cobranza, observándose la falta de un área destinada exclusivamente al análisis de riesgo de la cartera, que fuera independiente”.
En tanto, “el cálculo de las provisiones era efectuado de forma exclusiva por María Isabel Farah, no existiendo un manual de procedimiento interno que contuviera dicho modelo, ni una persona que pudiera reemplazar a la gerenta corporativa de administración en dicha labor”.
En ese sentido, apunta: “No existe constancia de que tal situación haya sido informada al directorio”
Luego, la SVS detalla que “en 2007 la compañía creó la gerencia de controlaría interna, la que nunca efectuó presentaciones al directorio ni al comité de directores, ni nunca fue requerida para ello”.
“Diversos informes durante 2008 y 2009 por el personal adscrito a la gerencia de contraloría interna, daban cuenta de la realización indiscriminada de renegociaciones y problemas en la identificación de clientes”, indica.
Según el ente regulador en sesión del 22 y 24 de noviembre de 2010, el comité de directores y el directorio toman conocimiento de que había clientes con más de una renegociación. Entonces, los pidieron a la administración analizar el impacto que ello podría producir en las provisiones, aclara la SVS.
Por su parte, La Tercera puso énfasis en las acusaciones más graves: Pablo Alcalde, ex presidente: acusado de entregar antecedentes falsos a la SVS y al mercado; entregar información falsa en emisiones de valores; presentar a los accionistas cuentas irregulares o falsas, y usar información privilegiada en la venta de acciones. Nicolás Ramírez, ex gerente general: se le acusa de entregar información falsa, ocultar información a los accionistas y usar información privilegiada.
Julián Moreno, ex gerente prod. financieros: presunta infracción a la pro-hibición de proporcionar antecedentes falsos a la SVS y al mercado y presunto uso de información privilegiada. María Isabel Farah, ex gerenta administración: se le acusa de presunta entrega de antecedentes falsos a la SVS y al mercado y eventual uso de información privilegiada en la venta de acciones de la multitienda.
Pablo Fuenzalida, ex gerente de informática: Se le formulan cargos por presunta entrega de antecedentes falsos a la SVS y al mercado y eventual uso de información privilegiada en la venta de acciones de la multitienda, conociendo la situación financiera de la empresa. Martín González, gerente general interino: Se le acusa de presunta infracción al artículo 42 número 4 de la Ley de Sociedades Anónimas, que prohíbe presentar a los accionistas cuentas irregulares, informaciones falsas u ocultar informaciones esenciales.
Daniel Meszaros, ex gerente de negocios: presunta infracción por el uso de información privilegiada, al vender acciones de La Polar en conocimiento de la situación financiera de la empresa, dada la posición de su cargo. Santiago Grage, ex gerente de finanzas: se le acusa por presunto uso de información privilegiada, al vender títulos de la multitienda, en conocimiento de la situación financiera de la empresa, dada la posición de sus funciones.
Andrés Ibáñez, ex presidente y director: se le acusa de incumplir las obligaciones de cuidado y diligencia como director e incumplir sus deberes como miembro del comité de directores. Fernando Franke, ex director: recibió las mismas imputaciones que Ibáñez: infringir las obligaciones de cuidado y diligencia como director e incumplir sus deberes como miembro del comité de directores de La Polar. Raúl Sotomayor, ex director: recibió las mismas acusaciones que Franke e Ibáñez.
René Cortázar, ex director y presidente de Canal 13 y ex ministro de Transportes: se le acusa como ex director (abril a noviembre de 2010), por incumplir las obligaciones de cuidado y diligencia y los deberes que exige la ley al comité de directores. Entre estos últimos está la revisión de los informes de los auditores.
Francisco Gana, ex director: recibió dos cargos por incumplimiento de deberes. Fue gerente general de Soprole y es director por las AFP en la Viña Santa Rita. Salió de las empresas públicas Enap y Trenes Metropolitanos. Baltazar Sánchez, ex director: se le asignó un cargo: incumplir el deber de cuidado y diligencia que la ley exige a los directores.
Heriberto Urzúa, ex director: se le formula un cargo: infringir el deber de cuidado y diligencia. Fue vicepresidente ejecutivo de Forus. María Gracia Cariola, ex directora: se le acusa de presunto incumplimiento a las obligaciones de cuidado y diligencia.
