¿Becas de postgrados sin destino? Una de las deudas pendientes de la política científica chilena

Todos los años, casi como una tradición, vuelve a la palestra la discusión sobre la capacidad del país para ofrecer puestos de trabajo a quienes han cursado un postgrado. Ese debate recurrente deja al descubierto dos nudos críticos, que ningún gobierno ha logrado abordar con seriedad, sin importar su signo político.

El primero es que la expansión de las becas de postgrado, también llamada formación de capital humano avanzado, no ha estado acompañada por una política de inserción laboral.

La apuesta que el país ha impulsado desde el  2008, con el lanzamiento del programa de Becas Chile y el fortalecimiento de las becas nacionales, multiplicó las oportunidades de realizar un magíster y doctorados, pero no aseguró que esas personas encontraran espacios donde desplegar su potencial investigador.

Cuando uno revisa la evaluación que realizó la OCDE y el Banco Mundial al programa Becas Chile e intenta comprender el plan de retorno para los miles de doctorados, el mismo documento indica que no hay política. El documento cita el caso de Corea del Sur, donde se adoptaron una serie de medidas para evitar la fuga de cerebros, mientras que en Chile, solo se planteó la obligatoriedad de retorno sin asegurar ninguna condición laboral. 

Según datos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), desde el año 2008 hasta el año 2025, se han entregado cerca de 11 mil becas para cursar maestrías y doctorados en el extranjero, principalmente para cursar estudios en el norte global. Si a ellas se suman las becas destinadas a estudiar dentro del país, se estima que más de 31.500 personas han obtenido financiamiento para realizar una maestría o doctorado en el mismo periodo. Esta cifra contrasta con la inversión en investigación y desarrollo.

De acuerdo a datos de las Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, el número de investigadores por cada mil trabajadores aumentó de 1,40 en el 2014 a 2,26 en el 2023, mientras que la inversión de Investigación y Desarrollo pasó de 0,38% a 0,39% del PIB en el mismo periodo.

Formamos capital humano avanzado a un ritmo que la inversión nacional nunca ha estado dispuesta a acompañar, y por supuesto, jamás comparable con el 4,9% del PIB que destina Corea del Sur para investigación y desarrollo.

El segundo es la consecuencia previsible del primero. Diversos reportes e investigaciones muestran una creciente precarización laboral de quienes optan por la carrera de investigación. Esa precariedad golpea con especial dureza a quienes, durante su formación, no alcanzaron a consolidar el régimen de productividad científica que hoy opera como pasaporte de entrada al sistema.

Una investigación en curso que analiza la trayectoria de 3.143 becarios de doctorado que recibieron la beca en el periodo 2014-2016 devela que el género y la clase social de origen tienen un efecto en el número de publicaciones. Testimonios de quienes no terminaron una beca doctoral o se demoraron significativamente más en terminar reflejan cómo el acceso a recursos y la necesidad de trabajar en docencia o asumir tareas de cuidado restringe las posibilidades de producción científica durante el doctorado, lo que impacta decisivamente al egresar de un programa. Esto debido a que las plazas de investigación requieren demostrar un número creciente de publicaciones en revistas indexadas.

Por otro lado, investigaciones previas sobre internacionalización revelan las formas en que opera la “endogamia intelectual”, en un país cruzado por una alta desigualdad socioeconómica, donde el capital social juega un factor relevante en las posibilidades de lograr un contrato y las posibilidades de adjudicarse financiamiento para la investigación; ambos son aspectos clave para el desarrollo profesional.

Somos plenamente conscientes de que el deterioro de las carreras científicas no es un fenómeno exclusivamente chileno,  sin embargo, en nuestro contexto, tal precarización es desigualmente distribuida entre quienes obtuvieron una beca, afectando principalmente a mujeres con responsabilidad de cuidados que no cuentan con recursos y redes suficientes para delegar tales tareas y personas que son primera generación en su familia en la universidad. 

De allí que la medida reciente propuesta por diputados del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) para que el Consejo de Defensa del Estado emprenda acciones judiciales contra los más de 1.800 becarios que no habrían regresado del extranjero no sea solo contraproducente, sino que refleje una mirada limitada frente a la complejidad del problema.

Esta se funda en el supuesto de que la contribución que una persona puede realizar depende de su presencia física en el territorio, aun cuando ese territorio no le ofrezca las condiciones para desarrollar su trabajo.

Lo anterior omite evidencia académica internacional que muestra el valor de contar con diásporas científicas que mantienen relación con el territorio.

En nuestra investigación sobre desigualdad en la academia hemos entrevistado a un centenar de personas que han obtenido una beca de doctorado y que han intentado abrirse paso en la carrera investigadora. Decidir dónde doctorarse y, más tarde, permanecer o regresar nunca es una elección fácil, sino que está siempre atravesada por múltiples factores y complejidades que sobrepasarían una acción judicial.

En ese sentido, en vez de exigirles a los becarios que no han regresado que vuelvan al país sin considerar sus situaciones laborales y personales, la discusión debiera centrarse en reconocer distintas formas de retribución por haber obtenido una beca y en un compromiso a largo plazo de la clase política para generar las condiciones propicias para el desarrollo investigativo en Chile.