Balance económico del gobierno Kast-Quiroz: avances reales y contradicciones

El Gobierno de José Antonio Kast llegó al poder con una promesa fiscal clara y ambiciosa: alcanzar el equilibrio presupuestario; déficit estructural cero al año 2030.

Fue una de las banderas más distintivas de la campaña, una señal de austeridad y disciplina que diferenciaba a esta administración de la anterior. Sin embargo, el decreto fiscal publicado en junio fija una convergencia hasta -1,5% del PIB en 2030, es decir, el gobierno no llegará al equilibrio presupuestario. Partirá en -2,6% del PIB en 2026 y finalizará en -1,5% al final del período, una senda visiblemente más laxa que la que el propio ministro Quiroz y el entonces candidato Kast habían prometido.

La diferencia no es menor: la trayectoria previa aspiraba a 0% de déficit estructural en 2030. Del mismo modo llegar con una meta negativa al 2030 de déficit fiscal de 1,5% del PIB es también un estimativo que tiene riesgos de no cumplirse si los supuestos sobre los cuales se basa la megarreforma no se cumplen, a lo que se adiciona el escenario geopolítico cada vez más volátil

¿Qué explica este ajuste de reconocer un déficit fiscal mayor al esperado? En buena medida, las propias reformas del gobierno. El crédito tributario al empleo formal, la rebaja gradual del impuesto de primera categoría, la reintegración tributaria y la exención de contribuciones para mayores de 65 años tienen costos fiscales reales y concretos hoy, mientras que sus beneficios en crecimiento e inversión son esperados, inciertos, y llegarán (si es que llegan) con rezago.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha advertido con precisión sobre este riesgo: el crédito tributario al empleo puede alcanzar un costo de 0,4% del PIB solo en 2027, y su diseño no asegura creación neta de empleo, sino que principalmente abarata remuneraciones de trabajos que de todas formas se habrían mantenido.

El propio ministro Quiroz lo ha reconocido: es más un instrumento de formalización y retención que de generación de puestos nuevos. A un costo anual de cerca de US$1.400 millones, la relación costo-beneficio merece una revisión más exigente. Esto sería la situación cuando la megarreforma pase al Senado para discusión.

Otro frente que generó consecuencias negativas fue la decisión de no activar el MEPCO en marzo, el mecanismo de estabilización de precios de combustibles. Esta decisión permitió que el alza internacional del petróleo (exacerbada por las tensiones en Medio Oriente antes del frágil acuerdo entre Estados Unidos e Irán) se traspasara directamente a los precios internos, contribuyendo a una aceleración de la inflación en los meses siguientes. El Banco Central, en su IPoM de marzo, advirtió que la inflación podría alcanzar registros del orden del 4% anual. Fue una decisión política que tuvo costos para las familias, especialmente para quienes más dependen del transporte y los servicios básicos.

En materia de crecimiento, el panorama es igualmente sobrio. El PIB del primer trimestre cayó 0,5% anual, el Imacec de abril retrocedió 1,2% anual, la desocupación llegó al 9,1% entre febrero y abril. El IPoM de marzo redujo el rango a 1,5%-2,5%; luego, en junio, el Banco Central volvió a corregir a la baja, a 1%-1,75%.

Esta reducción en la proyección de crecimiento para 2026 agrava el problema de fondo: menos crecimiento significa menor creación de empleo, menor dinamismo de la inversión privada y también menos holgura recaudatoria para financiar una agenda que el propio Ejecutivo presenta como compatible con consolidación fiscal.

El riesgo, por tanto, no es solo contable. Es un riesgo de credibilidad: cuando las promesas de equilibrio fiscal, crecimiento de 4% y reactivación rápida empiezan a corregirse en pocos meses, el mercado y la ciudadanía comienzan a preguntar si hubo exceso de optimismo o subestimación de restricciones.  

Ciertamente, se podrá argumentar que esta senda de debilidad económica es la inercia del gobierno pasado y que además el escenario externo ha sido adverso para Kast. Sin embargo, hasta ahora, el gobierno ha tenido más iniciativas que resultados: el proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social avanzó en su primer trámite legislativo, lo que es un logro político real para una administración en sus inicios, pero la reactivación económica es aún un desafío pendiente.

Hay que reconocer lo que sí es sólido en la agenda. La simplificación regulatoria y la reducción de permisología es la medida más inteligente del paquete: puede elevar el crecimiento tendencial, al desbloquear inversiones, especialmente en megaproyectos. También la rebaja gradual de la tasa del impuesto de primera categoría de 27% a 23% apunta en la dirección correcta en términos de competitividad tributaria, aunque sus efectos sobre la inversión toman tiempo y dependen del ciclo económico y del entorno de incertidumbre global.

Donde la agenda pierde consistencia técnica es en la reintegración total y en la exención de contribuciones para mayores de 65 años. La reintegración tiene un costo fiscal identificado de alrededor de 0,27% del PIB, y el beneficio recae principalmente en los contribuyentes de mayores ingresos. En cuanto a las contribuciones, el 74% de los propietarios mayores de 65 años ya estaba exento a fines de 2025, lo que hace poco eficiente una exención generalizada. El CFA advirtió, además, que la compensación al Fondo Común Municipal podría convertirse en una presión permanente sobre las finanzas públicas.

En definitiva, el gobierno de Kast y Quiroz está instalando una agenda económica con dirección propia y con algunos elementos técnicamente defendibles. Sin embargo, enfrenta una dificultad que trasciende lo estrictamente económico: la brecha entre las expectativas generadas durante la campaña y las restricciones que impone el ejercicio del gobierno.

Prometió una disciplina fiscal más estricta que la observada en administraciones anteriores y hoy reconoce que deberá convivir con mayores niveles de déficit de los originalmente comprometidos. Al mismo tiempo, varias de sus principales apuestas descansan en la expectativa de que el crecimiento futuro permitirá compensar los costos fiscales presentes.

El problema es que la ciudadanía suele evaluar a los gobiernos por resultados tangibles y de corto plazo más que por beneficios potenciales de largo plazo.

En este contexto, la discusión deja de ser exclusivamente técnica y pasa a ser profundamente política. Una parte importante de la población observa con escepticismo medidas como las rebajas tributarias o la reintegración, percibiéndolas como beneficios que favorecen principalmente a los segmentos de mayores ingresos.

Paralelamente, los esfuerzos por reducir el tamaño del Estado y contener el gasto han encontrado resistencias tanto dentro del aparato público como en sectores sociales que demandan una presencia estatal más activa frente a problemas como empleo, seguridad y costo de la vida.

La verdadera prueba para el Ejecutivo no será únicamente aprobar reformas en el Congreso, sino convencer a la ciudadanía de que estas tendrán efectos concretos sobre su bienestar cotidiano.

Por ello, el desafío de Kast y Quiroz no es solo económico, sino también narrativo y político. La denominada megarreforma requiere construir una mayoría social que la respalde, explicar con claridad quiénes asumen los costos y quiénes reciben los beneficios, y demostrar que los sacrificios presentes tendrán una traducción visible en crecimiento, empleo y oportunidades. De lo contrario, el riesgo es que una agenda diseñada para impulsar la economía termine siendo percibida como un conjunto de beneficios concentrados en una elite y costos distribuidos en la mayoría de la población, debilitando tanto su viabilidad política como su legitimidad social.