La educación pública chilena: entre la urgencia y la ausencia de rumbo

Cada cierto tiempo, Chile vuelve a discutir sobre educación. Detrás de las reformas y de los debates coyunturales, existe una pregunta mucho más profunda: ¿Qué educación pública queremos para las próximas décadas?

La experiencia internacional es contundente. Las naciones que han logrado mayores niveles de desarrollo han intervenido deliberadamente sus sistemas escolares mediante proyectos de largo plazo, porque comprendieron que la educación no puede estar sometida a la improvisación ni a los ciclos políticos. Requiere visión, continuidad y acuerdos nacionales.

Chile tuvo durante décadas una fortaleza: un sistema de provisión mixta que permitió ampliar la cobertura educativa y responder a las expectativas de millones de familias. La coexistencia entre educación estatal y particular subvencionada facilitó el acceso a oportunidades educativas diversas y contribuyó a la expansión de la matrícula escolar.

La educación estatal ha enfrentado dificultades persistentes para garantizar simultáneamente calidad, cobertura y confianza social. Durante años, una parte importante de los estudiantes con mayores talentos emigraron hacia establecimientos particulares subvencionados. Este fenómeno fue producto de una evaluación práctica de miles de familias que aspiraban a una educación de mayor calidad.

Actualmente, la situación es preocupante. La llamada “Nueva Educación Pública” nació con la promesa de fortalecer el rol del Estado en educación. No obstante, los resultados obtenidos hasta ahora distan considerablemente de los objetivos originalmente planteados. La instalación de los SLEP ha estado acompañada por problemas de gestión, dificultades financieras y una creciente incertidumbre en las comunidades escolares.

Múltiples son las razones de este deterioro y sería un error simplificarlas. Existe una sobredotación de estructuras administrativas; una conducción frágil del proceso de transformación institucional; exceso de mecanismos de rendición de cuentas; escasas herramientas para fortalecer la autoridad pedagógica de los docentes; una excesiva politización de ciertos debates educacionales; y una preocupante pérdida de foco respecto del objetivo esencial: que los estudiantes aprendan.

A ello se suman otros problemas: insuficientes oportunidades de formación continua para profesores y directivos; deterioro progresivo de la infraestructura; escasa innovación pedagógica; numerosas horas de clases perdidas;  y un debilitamiento de la formación en valores.

Pero quizás el problema más serio es otro: la ausencia de una visión compartida sobre el futuro de la educación pública. El país no parece tener claridad respecto de los aprendizajes y habilidades que espera desarrollar en las nuevas generaciones.

Por ello resulta urgente que el Gobierno y el conjunto del sistema político expliciten una hoja de ruta para la educación pública de los próximos años. No basta con administrar dificultades. Es necesario proponer un horizonte.

Ese horizonte debiera recuperar una idea fundamental: menos puede ser más. Necesitamos currículos más flexibles y pertinentes. Hay que cumplir la promesa que inspiró la extensión de la jornada escolar completa: utilizar el tiempo para ampliar las oportunidades formativas. Más idiomas, más deporte, más arte, más humanidades, más ciencia y tecnología, más trabajo colaborativo y menos clases exclusivamente expositivas. 

Existe, además, un desafío que no admite más postergaciones: la violencia escolar. Durante demasiado tiempo, diversos actores han preferido minimizar situaciones extremadamente graves. Amenazas, agresiones, porte de armas blancas, presencia de armas de fuego y tráfico de drogas no pueden considerarse problemas secundarios. 

Toda sociedad tiene la obligación de proteger a quienes desean aprender. Los estudiantes y profesores tienen derecho a desarrollar su labor en ambientes seguros. Quienes utilizan las escuelas para actividades delictivas requieren intervenciones especializadas.

El Estado debe construir respuestas institucionales específicas, con otros profesionales, preparados para trabajar en contextos de alta complejidad social, permitiendo que la escuela recupere plenamente su misión educativa.

La educación pública es uno de los pilares de cualquier democracia moderna. Para cumplir esa misión necesita algo más que recursos financieros o cambios administrativos. Necesita liderazgo, claridad estratégica, exigencia, innovación y una profunda convicción respecto de la capacidad transformadora de la educación.