La lucha de poder político tras la guerra por el agua en Petorca - El Mostrador

Miércoles, 13 de diciembre de 2017 Actualizado a las 23:33

Zona agrícola en estado de “emergencia hídrica”

La lucha de poder político tras la guerra por el agua en Petorca

por 27 julio, 2011

La lucha de poder político tras la guerra por el agua en Petorca
El ex ministro Edmundo Pérez Yoma y el diputado Eduardo Cerda, ambos DC, están involucrados en usurpación y drenes ilegales en la zona. Este último era miembro de la comisión investigadora que lleva el tema y tuvo que inhabilitarse. Según el ex gobernador, Gonzalo Miquel (UDI), hay importantes empresarios involucrados en el asunto, lo que podría dilucidarse si el Consejo de Defensa del Estado resuelve hacerse parte de la investigación.

Tras el cambio de gabinete, el lunes 18 de julio, la senadora Lily Pérez (RN) dirigió sus pasos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) con el fin de reunirse con el presidente de la instancia, Sergio Urrejola, para entregarle una carpeta con una serie de denuncias y antecedentes relativos a situación de drenes ilegales y usurpación de aguas en la Provincia de Petorca.

Y es que la zona, declarada zona de emergencia hídrica y donde 71% de las denuncias de extracción de aguas no autorizadas resultan ciertas, enfrenta una verdadera guerra por el agua, que involucra a reconocidos políticos y empresarios y que ha sido denunciada desde hace varios años por agricultores y pobladores.

Ese mismo día, en la Cámara de Diputados también se indagaba sobre el tema, durante la sesión de la Comisión Investigadora de extracción ilegal de aguas y áridos en los ríos del país. Pero el inicio de la cita estuvo marcado por la inhabilitación de uno de sus integrantes: el diputado Eduardo Cerda (DC). El parlamentario se auto inhabilitó antes de que el director de la Dirección General de Aguas (DGA), Matías Desmadryl, informara ante la comisión que la entidad había realizado una denuncia en el Ministerio Público de Valparaíso por el presunto delito de usurpación de aguas por parte de la agrícola “Pililén”, en que Cerda tiene un 10% de participación y cuyo representante legal es su hijo, Fernando.

Durante la sesión, Cerda rechazó la existencia de irregularidades, lo que repitió a este medio, señalando que es un “socio pasivo” y que tiene “las manos limpias. No se ha hecho daño a nadie, son puras suposiciones”, recalcando que las acusaciones que ligan a la agrícola ubicada en la comuna de Cabildo de la Provincia de Petorca no tienen asidero.

En el caso puntual de Petorca, Mundaca señala que “el conflicto de las aguas estalla porque es sencillo: hay más árboles plantados que agua disponible, lo que es un reflejo de la falta de políticas de desarrollo agrícola coherentes con la realidad agrícola y climática”.

Pero el lapidario informe de la DGA emitido el 14 de julio señala otra cosa. Entre otros puntos resuelve enviar los antecedentes al Juzgado de Letras de la Ligua para la aplicación del máximo de multa establecido en el Código de Aguas por la extracción de aguas subterráneas desde cuatro pozos por un caudal mayor al autorizado. Así como la existencia de una obra de embalsamiento de aguas que supera los metros cúbicos legales.

El servicio sectorial también enviará los antecedentes al Ministerio Público, para que investigue el posible delito de usurpación de aguas, ya que existe “la extracción de caudales de aguas subterráneas por más allá de lo autorizado, tanto desde el año 2007 en adelante como después del mes de febrero de 2011”. Los datos recopilados también llegarán al seremi de Medio Ambiente, por posibles infracciones a la normativa ambiental.

Cerda no es el único empresario y político involucrado con supuestos problemas de usurpación de aguas en Petorca. De hecho la semana pasada la DGA finalizó las indagaciones, después de cuatro meses de investigación, para determinar responsabilidades al respecto, encontrando infracciones en cuatro agrícolas.

Además de la resolución sobre “Pililén”, el servicio sectorial también emitió una resolución sobre la Agrícola El Cóndor, de propiedad del  ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma (DC), y que es administrada por su hijo. En este caso la DGA resolvió enviar los antecedentes recopilados al Juez de Letras para que aplique una multa como consecuencia de la realización de faenas sin autorización sobre el cauce del estero Los Ángeles a favor de sus terrenos, de una superficie aproximada de 200 hectáreas y dedicada a la producción de paltas y cítricos.

Pérez Yoma había sido interpelado públicamente en 2008 en un acto político por “acaparamiento impropio de aguas” por el dirigente comunista de las comunidades de regantes de los ríos Ligua y Petorca, Hugo Díaz. Tres meses después el actual concejal por La Ligua enfrentó una querella criminal por el delito de calumnias, la que fue retirada luego de que su defensa  llegara a un acuerdo con la de Pérez Yoma.

En febrero pasado, cuando se reabrieron las investigaciones por el tema, Pérez Yoma, rechazó las acusaciones, señalando que ya se había investigado anteriormente el fundo por la misma situación y que no se había encontrado nada. Pese a ello, tras la resolución de la DGA el ex secretario de Estado renunció a interponer un recurso de reconsideración ante el organismo.

El cuñado de Pérez Yoma, Osvaldo Jünemann, también enfrenta una denuncia por el nivel de almacenamiento de 11 micro embalses en la Agrícola Los Graneros, por la que la DGA inició una investigación que aún está por resolverse.

La gota que rebasó el vaso

Hasta el 21 de junio pasado Gonzalo Miquel era gobernador de Petorca, pero renunció al cargo y también a su militancia en la UDI alegando presiones políticas.

A inicios de febrero el agricultor inició una fuerte ofensiva en torno a drenes ilegales y usurpación de aguas al solicitar una investigación a la DGA, que resultó en las resoluciones ya mencionadas. Por eso, señala que “creo el tema del agua me pasó la cuenta porque es una pelea muy grande que se dará. Hay inversionistas peso pesado”.

Lamentablemente, asegura, la información sobre estos vínculos ha sido tratada en forma extremadamente cautelosa por la DGA. De hecho “las resoluciones de Pérez Yoma y Eduardo Cerda estuvieron listas hace más de un mes atrás, pero la directora, Patricia Macaya, no las quería firmar. Se tuvo que mover el Modatima -Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio ambiente- fuertemente para que lo hiciera. Y se entregaron a la luz pública recién hace una semana”. Según explica Miquel, toda la información relativa a los predios investigados y sus dueños está en manos del CDE, que debe resolver si se hará parte o no de la investigación.

Desde la DGA recalcan que se “ha fortalecido fuertemente todo lo relativo a la fiscalización de manera de combatir las extracciones ilegales y las diversas infracciones al Código de Aguas. Estamos trabajando activamente con el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado en este sentido y, además, hemos diseñado planes especiales y estamos utilizando tecnología de última generación justamente para avanzar en esta línea. Gracias a estas innovaciones hemos podido detectar extracciones que nunca antes podrían haber sido descubiertas, lo que avala la gestión realizada”.

El secretario de Modatima, Rodrigo Mundaca, señala que “hicimos un escándalo, presionamos fuertemente porque esta dilación permitió que muchos de los involucrados cambiaran los puntos de captación, blanqueando los pozos irregulares. Por eso presionamos mucho para que se entregaran las resoluciones, amenazando con hacer pública la situación”.

La agrupación -que se constituyó formalmente en febrero de este año, pero como coordinadora de regantes trabaja hace más de 10 años en torno al tema, ha denunciado sostenidamente la compleja situación con las aguas de Petorca y ha concurrido en tres ocasiones a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja a denunciar la usurpación de aguas. Entre sus demandas, que van más allá del problema que atraviesa la zona, se encuentra la necesidad de derogar el Código de Aguas de 1981, y que el Estado juegue un rol determinante en la administración y asignación de los recursos hídricos.

En el caso puntual de Petorca, Mundaca señala que “el conflicto de las aguas estalla porque es sencillo: hay más árboles plantados que agua disponible, lo que es un reflejo de la falta de políticas de desarrollo agrícola coherentes con la realidad agrícola y climática”.

El próximo lunes la Comisión Investigadora de la Cámara tiene citado a la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP y la subsiguiente a Modatima. Pero la instancia estará acéfala, ya que su  presidente, René Alinco, fue desaforado el lunes por la Corte Suprema.

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