Alicia Lira explicó que el pedido se refiere a unos mil casos, contenidos en 730 querellas que la asociación presentó el año pasado y que en principio quedaron en manos del juez especial Mario Carroza.
Los familiares de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet pidieron hoy a la Justicia que un juez se dedique exclusivamente a alrededor de un millar de presuntos casos de violaciones a los derechos humanos que no han sido investigados hasta ahora por los tribunales.
Así lo dijo a Efe la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, quien explicó que el pedido se refiere a unos mil casos, contenidos en 730 querellas que la asociación presentó el año pasado y que en principio quedaron en manos del juez especial Mario Carroza.
Lira hizo estas declaraciones tras reunirse con el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, a quien le hicieron la solicitud.
Según la titular de la AFEP, la ausencia de un juez exclusivo para investigar esos casos alarga las causas y no permite que se investiguen «como debe ser».
«Esta situación nos va a llevar a que tanto los responsables de los crímenes como las víctimas vayan falleciendo sin que se solucionen los juicios», aseveró Lira.
Entre esas demandas de investigación figuraba la referida a la muerte del presidente Salvador Allende, que confirmó el año pasado que el mandatario socialista se quitó la vida durante el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
También se encuentra una querella para que se establezca cómo murió el poeta Pablo Neruda (1904-1973), días después del golpe, sobre la base de declaraciones de su chofer, que asegura que el Premio Nobel de Literatura en 1971 no murió de cáncer, sino que fue asesinado.
Hace algunas semanas, las autoridades judiciales decidieron distribuir esas querellas entre varios magistrados, lo que es rechazado por la AFEP, aseguró Lira.
«Le solicitamos (al presidente de la Corte Suprema) un juez con dedicación exclusiva para que las causas sigan su curso normal y no se detengan», explicó Lira, quien destacó que, a pesar de sus latentes diferencias con la autoridad judicial, el encuentro con Ballesteros fue «cordial».
El presidente de la Corte Suprema, quien asumió recientemente como titular del máximo tribunal chileno, ha sido cuestionado por haber integrado consejos de guerra tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y por haber fallado a favor de Augusto Pinochet y de violadores de los derechos humanos en los juicios que le tocó conocer.
También, la dirigente de la AFEP aseguró que, durante el transcurso de la reunión, Ballesteros se comprometió a abogar para que los procesos abiertos sigan su curso normal y no se marquen plazos para iniciar el proceso judicial.
Sobre esto último, la dirigente manifestó su «indignación» por la posición del Gobierno chileno, favorable a marcar plazos para las investigaciones abiertas por los crímenes de la dictadura.
«Le hicimos ver que aquí no puede haber plazos porque lo que se está juzgando son crímenes de lesa humanidad y existen tratados internacionales que no permiten la prescripción de los delitos», sentenció.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los cuales unos 1.192 están aún en calidad de detenidos desaparecidos.
Asimismo, más de 28 mil personas fueron torturadas o sufrieron la prisión política.
