«El fundamento del PRMS100, es la presunta necesidad de mayor territorio para albergar el crecimiento. Sin embargo, nuestros estudios nos muestran que hay suficiente terreno al interior del perímetro urbano, para satisfacer las necesidades hasta al menos, 22 años», argumentó el secretario general del Colegio de Arquitectos, Julio Alegría.
Un total de 63 organizaciones ciudadanas y la directiva del Colegio de Arquitectos solicitaron a la Contraloría General de la República que no tome razón de la resolución firmada por la intendencia metropolitana y presidenta del Consejo Regional (CORE), Ceclila Pérez, correspondiente al proyecto de expansión urbana de Santiago (PRMS100).
Para tal efecto entregaron al ente fiscalizador sendos documentos con los argumentos para que dicha iniciativa sea rechazada.
El arquitecto Julio Alegría, secretario general del Colegio, explicó que “nuestra orden profesional, ha presentado este documento sobre la base de dos aspectos fundamentales. El primero, por consideraciones de forma, entre las cuales destacamos el no cumplimiento de la necesaria aprobación del Consejo Regional (CORE) Metropolitano, y no haber sometido esta nueva presentación a la consideración de los municipios involucrados. El segundo, por cuanto en la expansión urbana mencionada, se considera suelo que por decreto ley no puede modificar su uso de suelo. Y, en tercer lugar, por la ausencia de la evaluación ambiental estratégica necesaria”.
Agregó que también “por consideraciones de contenido, entre las cuales hay que destacar la ausencia de una ley que rija el territorio urbano y no urbano, transformando entonces esta solicitud de expansión en una arbitrariedad que no obedece a los conceptos técnicos necesarios. El fundamento del PRMS100, es la presunta necesidad de mayor territorio para albergar el crecimiento. Sin embargo, nuestros estudios nos muestran que hay suficiente terreno al interior del perímetro urbano, para satisfacer las necesidades hasta al menos, 22 años”.
Por su parte Patricio Herman, presidente de Defendamos la Ciudad, dijo que “es evidente que este proyecto depredador obedece a un antojo presidencial y en tal sentido, en razón a las diversas ilegalidades contenidas en el mismo, hacemos un llamado al Presidente Piñera para que instruya a su ministro de Vivienda, en orden, a que se inicie un proceso democrático para consensuar el desarrollo, no sólo de esta megalópolis, sino que de todo el país, teniéndose en cuenta la sustentabilidad como criterio esencial”.
Agregó que él y las organizaciones que representa “consideramos impropio que estos cambios de uso de suelo que generan importantes plusvalías a los poseedores privados de esos terrenos, se implementen a través de simples resoluciones administrativas. Esta materia necesariamente debe ser llevada a cabo, vía una ley de ordenamiento territorial aprobada por el Congreso Nacional”.
