La también ex jefa de la División de Educación Superior del Mineduc durante el gobierno de Ricardo Lagos considera que el documento elaborado por una comisión investigadora —que fue rechazado por la Cámara de Diputados—, “entró a un terreno discutible en términos constitucionales” y agregó que “declarar que una institución lucra, en circunstancias que la ley se lo prohíbe, es imputar un delito”.
Sólo “suposiciones” contiene a juicio de la ex vocera del gobierno de Michelle Bachelet, Pilar Armanet, el informe de la comisión investigadora sobre el lucro en la educación superior, el cual fue rechazado la semana pasada en la sala de la Cámara de Diputados, gatillando de paso la indignación de los dirigentes de la Confech.
Armanet, quien actualmente se desempeña como vicerrectora de la Universidad de Las Américas (UDLA) y que fue durante la administración de Ricardo Lagos jefa de la División de Educación Superior del Mineduc, considera que, en cambio, el documento contribuyó a generar un “clima de sospecha” sobre varias instituciones, incluida la suya, lo que a su juicio hacen necesario apurar la tramitación del proyecto que crea una Superintendencia que regule el sector.
En una entrevista publicada este lunes por el vespertino La Segunda, la ex ministra secretaria general de Gobierno señala que “cuando alguien imputa una conducta reñida con la ley, hacer suposiciones es súper grave. Me gustaría que una comisión investigadora de la Cámara no hiciera suposiciones, sino una investigación en profundidad, de modo de no contribuir a lo que a mi juicio es lo más grave, que es el deterioro de las confianzas”.
Agregó que “estábamos votando un proyecto sobre la base de suposiciones y eso es gravísimo. Cuando se hace esto en un tema de esta magnitud es gravísimo. Aquí hemos retrocedido muchísimo. Hay acusaciones mutuas de estar violando la ley. Por eso le pediría a los parlamentarios avanzar en un proyecto que despeje esta gran duda que se ha sembrado”.
Asimismo, enfatizó que “la comisión entró a un terreno discutible en términos constitucionales”. Y respecto de las acusaciones específicas que incluyen a la UDLA, sostuvo que “lo único que quisiéramos es que termine de tramitarse la ley de la Superintendencia de Educación Superior, porque lo que digamos no tiene importancia en este clima de sospechas”.
Lo anterior, ya que considera que “es fundamental que un órgano independiente del Estado investigue y sancione los casos en que se vulnera la ley o simplemente declare que, como manda la ley, no tienen fin de lucro. A nuestro juicio éste es un tema que debiera tramitarse con urgencia para poder empezar a despejar un problema que afecta a las comunidades educativas de las universidades que están en entredicho, entre ellas la nuestra, obviamente”.
