Correa Sutil fustiga “copamiento legislativo” del gobierno e intenciones de reformar la Constitución

El abogado y académico Jorge Correa Sutil cuestionó la estrategia comunicacional y legislativa del gobierno del Presidente José Antonio Kast en materia de seguridad. El exsubsecretario del Interior y exintegrante del Tribunal Constitucional, advirtió en una columna publicada en El Mercurio que los denominados “mensajes presidenciales” responden más a una puesta en escena política que a medidas con impacto real sobre la delincuencia.

Las declaraciones de Correa Sutil se suman a los cuestionamientos que gatilló la denominada “Operación Cancerbero”, operativo de traslado de presos de alta peligrosidad ejecutado con fuerte despliegue público. El propio Presidente Kast, vestido con uniforme de gendarme y acompañado de tres ministros, viajó hasta Talca para presenciar el traslado, que fue transmitido en vivo por la Presidencia. La imagen generó críticas de la oposición, que cuestionó el riesgo para la seguridad que implicó la mediatización de una operación de carácter penitenciario.

Para el constitucionalista, la presencia de Kast en terreno se tradujo “no como un aporte al éxito operativo”, sino como “la voluntad de dar el mensaje de cuán duro será ahora el Estado con la delincuencia”.

El jurista identificó otro “mensaje presidencial”: el “copamiento legislativo”, el cual -a su juicio- busca instalar una batería de proyectos en seguridad que consumirá las energías del ministerio en debates parlamentarios, en desmedro de la implementación de leyes ya aprobadas, cuya buena marcha “depende parte importante de la seguridad pública”.

“Desmesuradas y genéricas habilitaciones”

El punto que Correa Sutil examina con más detención es la reforma constitucional que el Ejecutivo prepara en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que amplía las facultades del legislador y del Presidente en materia de seguridad, “sin que se acompañen los proyectos de ley que especifiquen lo que se pretende hacer con esas desmesuradas y genéricas habilitaciones”, dijo. 

El abogado y exsubsecretario del Interior advierte que la discusión parlamentaria “sería, de esas, necesariamente más ideológica que práctica”.

“Otro tanto ocurre con la habilitación a que una ley determine penas y medidas especiales que podrán adoptarse respecto de quienes hayan sido condenados por crimen organizado, conductas terroristas y narcotráfico”, puntualizó. En esa línea, agregó que trata de “habilitaciones en blanco, con el objeto de asegurar que el Tribunal Constitucional no eche abajo los proyectos de ley que presentará y que aún no se presenta”. 

Sin embargo, Correa Sutil recuerda que lo que hace el TC es precisamente ponderar los beneficios de una medida para la seguridad frente a los costos que implica para la libertad y otros derechos fundamentales.

Uno de los aspectos de la ACOT que ya desató cuestionamientos transversales es la propuesta de que quienes sean condenados pierdan el acceso a prestaciones estatales de salud, educación y seguridad social durante su condena y por 15 años adicionales tras su cumplimiento.

Correa Sutil apunta directamente a los efectos prácticos de esa norma. “Un exconvicto, 14 años después de cumplir su pena y aunque esté rehabilitado, llegó agónico a la urgencia de un hospital público y no podrá recibir atención; si es portador de una enfermedad infecciosa, no podrá ser aislado”, escribió. 

En esa línea, reconoce que el mandatario puede imponer penas a quienes cometan los delitos tipificados, pero objeta que la dimensión punitiva se extienda a derechos básicos durante 15 años adicionales a la condena.

“El Presidente es libre de emitir mensajes de dureza. Su deber, en cambio, es dar protección a la población. No debe hacerlo, sin embargo, por medio de castigos crueles, inhumanos, o degradantes”, sentenció.