Constitucionalista desmenuza tensión entre La Moneda y la Suprema
No es partidario de acusar constitucionalmente a la secretaria de Estado, pero sí que la Cámara de Diputados la interpele, junto a otros ministros que han hablado del caso. Considera que la defensa de la libertad de expresión desde el Ejecutivo, solamente pretende desviar la atención y advierte que en la administración Piñera hay “una la falta de respeto a las instituciones y a la lógica republicana del ejercicio del poder, como el uso de resquicios legales y medios comunicacionales poderosos para lograr objetivos a cualquier precio”. Y recuerda que desde Allende que la Suprema no hacía una declaración así de fuerte.
Desde que el pleno de la Corte Suprema golpeó la mesa el martes 11 reclamando por la “intromisión indebida” de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, al cuestionar el fallo que paralizó la Central Castilla, el Poder Judicial y La Moneda han cruzado fuertes declaraciones defendiendo sus respectivas posiciones. El profesor de derecho constitucional de la Universidad de Chile y socio del estudio Larraín y Asociados (del Presidente de RN, Carlos Larraín), Pablo Ruíz-Tagle, hace un duro análisis del episodio, que a sus ojos deja en evidencia que en la administración de Sebastián Piñera “hay un principio de creer que hay áreas técnicas y económicas que no se rigen por la Constitución y eso no es democrático”.
Es más, recuerda que lo sucedido con Benítez no es un hecho aislado, sino que parte de “muchos incidentes de intromisión en materias judiciales, de utilizar slogan comunicacionales en materia judicial, hacer declaraciones sin tener en cuenta las normas jurídicas que rigen los procesos y, en particular, la acción de los tribunales y eso me parece muy equivocado”.
En ese contexto, el abogado constitucionalista saca a colación declaraciones expresadas por los ministros de Justicia, Teodoro Ribera, de Economía, Pablo Longueira y el vocero, Andrés Chadwick, esta semana como las críticas que hizo la titular del Trabajo, Evelyn Matthei, durante el caso Pitronello y del propio jefe del gabinete, Rodrigo Hinzpeter, en el caso Bombas.
“Es muy difícil atribuir intenciones. Veo una mala política judicial y de control de la delincuencia, combinada con un tremendo poder comunicacional. Es increíble que la ministra Benítez haya planteado que no le corresponde a la Corte Suprema sustituir al organismo técnico, que la corte dejó la institucionalidad ambiental en entredicho y ella no haya planteado esto, si era tan serio, en el proceso, teniendo la oportunidad, como una contienda de competencia, de acuerdo al artículo 191 del Código Orgánico y ante el Senado, según el artículo 53 número 3 de la Constitución”, critica el académico.
—Si había instancias en el proceso para cuestionar la competencia, ¿hubo entonces una intención de recurrir a una forma más efectista como la crítica por un medio de comunicación?
—A veces, cuando las partes pierden en un caso, las reacciones inmediatamente dictadas las sentencias no son bien meditadas. Pero en este caso, la reacción de la ministra Benítez fue por una sentencia dictada el 28 de agosto y ella hace sus declaraciones el lunes 10, usando un suplemento de un medio de comunicación afín al gobierno. Pienso que la meditó, que hay una operación comunicacional que es equivocada, una mala lectura de lo que son las relaciones que deben existir entre el gobierno y los tribunales. Eso se remonta al slogan de la puerta giratoria que hoy el gobierno ha abandonado, porque no se puede sostener.
— Otros juristas, como Antonio Bascuñán, afirman que el error no es comentar el fallo, que sí se puede hacer, que el problema fue hacerlo por un medio de comunicación…
—Todos los ciudadanos, incluido el Presidente y el Congreso pueden tener una opinión sobre las resoluciones judiciales, la propia Corte Suprema en su declaración así lo reconoce. No es un problema de libertad de expresión ni de forma, sino que de fondo. Si uno tiene un punto como el de la ministra, que alega que la Corte no debería tener competencia en materias técnicas ambientales, debió ir con ese argumento ante el Senado para destrabar la contienda de competencia, como en 1994 lo hizo el Contralor General por recursos de protección de la Corte de Apelaciones que incidían en su toma de razón. Con todos sus defectos, la Constitución prevé un procedimiento para solucionar el tema.
[cita]Las palabras de la declaración de la Suprema son bastante fuertes, no recuerdo una resolución así, salvo la que se hizo al Presidente Salvador Allende por acciones de su gobierno que se desviaban de la Constitución. La Corte ha dicho ‘intromisión indebida e inaceptable en las atribuciones que la Constitución entrega a los tribunales’ y que las declaraciones de la ministra van inequívocamente dirigidas a desconocer la jurisdicción para revisar la legalidad de los actos de la administración.[/cita]
—¿Hay piso para una acusación constitucional en su contra?
—Soy partidario de no acusarla, sino que de citarla a la Cámara de Diputados para que dé cuenta de sus dichos. No habría que citarla solamente a ella, sino que a los ministros Ribera, Longueira, Chadwick y los asesores comunicacionales que están tras estas declaraciones desafortunadas. Que tengan la oportunidad de explicarse, eventualmente retractarse o incluso renunciar.
—¿La interpelación es un paso previo a la acusación constitucional?
—Sería conveniente. No podía esperar la ministra o el gobierno que no hubiese una declaración de la Corte Suprema y resulta que a estas alturas, además del Pleno, hay declaraciones del juez Hugo Dolmestch y varios ex ministros del Tribunal Constitucional que han dicho lo imprudente que ha sido en todo esto el gobierno. Tenemos una seguidilla de antecedentes que convendría revisar en una interpelación.
—El ministro Chadwick, en la semana, mandó un mensaje al Congreso al afirmar que sería “extraño” que siguieran un camino ya marcado por la Suprema, aludiendo a la posible acusación.
—Esas declaraciones del ministro son una especie de adivinanza extraña. ¿Acaso el Congreso no sigue normalmente los dictados de la Corte Suprema? Aunque tiene autonomía e independencia, normalmente ha acatado las decisiones de los tribunales. Las palabras de la declaración de la Suprema son bastante fuertes, no recuerdo una resolución así salvo la que se hizo al Presidente Salvador Allende por acciones de su gobierno que se desviaban de la Constitución. La Corte ha dicho ‘intromisión indebida e inaceptable en las atribuciones que la Constitución entrega a los tribunales’ y que las declaraciones de la ministra van inequívocamente dirigidas a desconocer la jurisdicción para revisar la legalidad de los actos de la administración. La tesis que por tratarse de una cuestión técnica no puede ser revisada por la justicia constitucional contradice los pilares del Estado de Derecho.
—El gobierno argumenta que hay un cambio cultural, que el derecho de opinión también se aplica a la autoridad política y que el Estado de Derecho también es para respetar derechos fundamentales como el de expresión.
—Son argumentos un poco fatuos, que según el diccionario quiere decir ridículamente engreídos. La libertad de opinión en Chile está protegida, la Corte en la propia declaración lo reconoce, siempre los ministros han podido opinar. Lo que pasa es que no hay que confundir eso con descalificar las atribuciones de otro órgano del Estado, es grave que lo haga un ministro y lo respalde un gobierno. Durante la dictadura de Pinochet, los ministros opinaban y descalificaban los fallos de derechos humanos. Si una autoridad tiene opinión, tiene que sustentar eso en el derecho. La libertad de opinión se admite libremente, pero hay que hacerse responsable de esa libertad.
—En el gobierno afirman que el artículo 76 de la Constitución al que apela la Suprema habla solamente del Presidente de la República y el Congreso, no de los ministros.
—¡Eso es una tinterillada! La Constitución en el artículo 33 define a los ministros como colaboradores directos e inmediatos del Presidente en el Gobierno y administración del Estado, son de su exclusiva confianza, por tanto con las mismas obligaciones que se imponen al Mandatario en lo referido a ese artículo. La Constitución dice que no se puede revisar el fundamento de los fallos ni revivir procesos fenecidos. Este proceso (Castilla) estaba fenecido y lo estaba reviviendo la ministra. ¡Incluso cuando el pleno se reunió y le preguntaron, ella dijo que le gustaría que reconsideraran, que el pleno revisara lo que ya se había resuelto!
—¿Al gobierno le pesa que personas únicamente con experiencia en el mundo privado ahora estén a cargo del Estado?
—Veo que es una falta de respeto a las instituciones y a la lógica republicana del ejercicio del poder, como el uso de resquicios legales y medios comunicacionales poderosos para lograr los objetivos del gobierno a cualquier precio. El primero que erosionó la institucionalidad ambiental fue el Presidente Piñera cuando con una llamada telefónica paralizó el proyecto Barrancones. Hay que poner las cosas en su lugar, se reintroduce la lógica de los resquicios legales, de torcer la ley para la conveniencia comunicacional. Lo que está en juego no es menor, es desconocer el poder de control constitucional de la administración que tienen los tribunales, en nombre de un argumento “técnico”. Es una opinión respaldada por todo el gobierno de manera oportunista, el gobierno la ha apoyado y lo ha hecho en frío, diez días después que ha salido la sentencia.
