Carlos Gajardo detalla vínculo de formalizados por negociación incompatible
El persecutor penal dijo que más allá que los imputados ahora nieguen las acusaciones, los antecedentes dan cuenta de los ilícitos que habría cometido Luis Eugenio Díaz desde 2010, cuando asumió de forma interina la presidencia de la CNA. Entre ellos el cobro de dinero por asesorías que no declaraba y ocultaba usando sociedades espejo y boletas falsas, lo que configuraría incluso un posible lavado de dinero.
El Ministerio Público estaría en condiciones de acreditar los delitos que involucran al ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) Luis Eugenio Díaz y a los ex rectores de las universidades Pedro de Valdivia y del Mar, Ángel Maulén y Héctor Zúñiga, respectivamente, todos quienes fueron aprehendidos el fin de semana y formalizados por negociación incompatible ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
«Las evidencias son graves y son bastantes”, dijo a la radio Cooperativa el fiscal Carlos Gajardo, quien detalló que “cuando hay correos electrónicos uno puede deducir la verdadera relación que hay entre dos personas” y señaló que más allá que los imputados ahora nieguen las acusaciones, “los correos están ahí con las fechas en los computadores de los imputados, y cualquier persona al leerlos puede darse cuenta de la relación que existía entre los rectores y el presidente de la CNA”.
Gajardo detalló que los antecedentes se remontan al segundo semestre de 2010, cuando Díaz, tras asumir al frente de la CNA de forma interina, comenzó a acumular una serie de poderes dentro de la institución que durante la gestión de su antecesor, Emilio Rodríguez, se había manejado “de una manera más técnica”.
De este modo, explicó el persecutor penal, Díaz “ayudó a espaldas de la Comisión a las instituciones que se estaban acreditando en la confección de los informes de autoevaluación que ellos mismos deben realizar. De esta manera prestaba, con infracción a los deberes de su cargo, asesoría y colaboración a las instituciones en proceso de acreditación, tras lo cual recibía remuneraciones”.
También indicó que las platas que recibía por concepto de asesorías, en vez de declararlas anualmente como el resto de los funcionarios públicos, las ocultaba con “la utilización de sociedades espejo, entrega de boletas de honorarios falsas, conductas todas que la ley sanciona, adicionalmente, como lavado de dinero”.
