Queda por evaluar la fortaleza jurídica de la acción penal
El texto incluye a la empresa de Cristian Warner, asesor de Enríquez-Ominami; la firma ligada al ecologista Patricio Rodrigo, cercano al PPD. También al lobbista DC Carlos Tudela y además a Alberto Cardemil como persona natural.
Este martes, a través de un comunicado, el Servicio de Impuestos Internos informó de la presentación de 6 querellas contra un grupo de empresas por diferentes delitos tributarios. Entre ellas y casi en los últimos párrafos del texto, se consigna una acción penal contra las empresa Asesorías y Negocios SpA y contra la filial de SQM, SQM Salar, que –según los antecedentes que se manejan hasta ahora– habría pagado unos $246 millones a Asesorías y Negocios, y cuyo destino fue el financiamiento de actividades políticas.
«El 8° Juzgado de Garantía de la Capital interpuso una acción penal que se refiere a los delitos de presentación de declaraciones de Impuestos maliciosamente falsas y facilitación de boletas y/o facturas falsas. El primero de los delitos se imputó al representante legal de SQM SALAR S.A., mientras que el segundo se imputó a los representantes legales de Asesorías y Negocios SPA», dice el comunicado.
Dentro de la estrategia judicial practicada en estas causas, llamó la atención que la querella contra Salar –que estaba en la mira de la Fiscalía a partir de la investigación liderada por el fiscal Sabas Chahuán– se haya dilatado tanto. El hecho despertó más de alguna suspicacia en la medida que puede afectar a personas ligadas con la Nueva Mayoría, y aún queda por establecer la fortaleza jurídica de la acción legal
Además en la querella están incluidas otras organizaciones y personas vinculadas a políticos, como el ingeniero Patricio Rodrigo, ligado al PPD y conocido opositor a HidroAysén . En el texto del SII aparece la organización vinculada a él, la Corporación para la Conservación y Preservación del Medio Ambiente.
Paralelamente la acción penal toca al asesor de Marco Enríquez-Ominami, Cristián Warner, y al lobbista vinculado a la DC, Carlos Tudela. De acuerdo a los cálculos realizados por funcionarios de la Subdirección Jurídica, el perjuicio fiscal en este caso supera los $309 millones.
En relación con los políticos, por último la querella alcanza al ex diputado Alberto Cardemil . «Ante este mismo tribunal se interpuso una querella criminal en contra de la persona natural Alberto Cardemil Herrera, por haber facilitado boletas de honorarios propias y de terceros, por servicios que jamás se prestaron a empresas del Grupo Penta y a SQM S.A. Dicho contribuyente y los representantes legales de estas compañías están imputados también por evasión del impuesto a las Herencias y Donaciones», concluye el texto.
