Áreas protegidas y financiamiento: una paradoja incómoda

En una entrevista reciente, la ministra del Medio Ambiente señaló: “No sacas nada con crear áreas protegidas si no tienes recursos para gestionarlas”. Se trata de un planteamiento que llama la atención, pues no va asociado a alguna iniciativa para enfrentar el problema.

Chile enfrenta una paradoja incómoda: tiene menos áreas protegidas de las que necesita y, al mismo tiempo, carece de los recursos para gestionar adecuadamente muchas de las que ya existen. Son dos déficits que se alimentan mutuamente y que ninguna administración ha logrado resolver completamente.

Los números son elocuentes. Al año 2022, el 67% de los ecosistemas terrestres del país no alcanzaba siquiera el umbral mínimo de protección del 17% de su superficie (una meta que, por lo demás, el estándar internacional ya elevó al 30%). Ocho ecosistemas no contaban con ningún tipo de protección. Necesitamos más áreas protegidas y más recursos para gestionarlas. No es una disyuntiva. Es una doble deuda.

El mayor avance institucional en esta materia ocurrió durante la administración del Presidente Boric. La Ley 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), más que duplicó los recursos destinados a conservación y estableció un fortalecimiento significativo de las capacidades del Estado para enfrentar este desafío. Entre sus compromisos se encuentra la incorporación de 570 nuevos guardaparques para 2027 y M$ 10.120.000 (en pesos de abril de 2022) destinados a infraestructura de parques y vehículos.

Eso es lo que establece la ley. El desafío ahora consiste en llevar esos compromisos a la práctica.

Para abordar la insuficiencia de recursos que plantea la ministra, lo primero es cumplir los compromisos ya aprobados. La contratación del personal contemplado para el SBAP, la incorporación de los nuevos guardaparques y la ejecución de las inversiones comprometidas constituyen pasos indispensables para avanzar en cerrar brechas que el país arrastra desde hace décadas.

Pero cumplir la ley no basta para resolver el problema.

Diversos estudios estiman que las necesidades de financiamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas seguirán superando ampliamente los recursos disponibles durante los próximos años. Esa brecha obliga a pensar en instrumentos complementarios de largo plazo.

Por eso, la segunda tarea es más ambiciosa: es necesario que el gobierno desarrolle un plan financiero de largo plazo, que considere instrumentos de financiamiento multilateral o análogos y, como hacen otras naciones, fondos patrimoniales que aporten estabilidad y proyección. Sin eso, seguiremos tapando goteras con presupuestos anuales insuficientes.

Hay, además, un argumento que con frecuencia se omite en este debate: las áreas protegidas no representan únicamente un costo presupuestario. También generan beneficios económicos y sociales que rara vez son incorporados de manera explícita en la discusión pública. El turismo representó el 3,5% del PIB chileno en 2025, y alrededor del 60% de los turistas extranjeros identifica los paisajes, ecosistemas y experiencias al aire libre como como una de las principales motivaciones para visitar el país. Proteger la naturaleza, en otras palabras, también es un buen negocio.

Otro aspecto que merece atención es que, incluso aquellas áreas protegidas que presentan déficits de gestión continúan cumpliendo funciones relevantes. En un país donde las instituciones funcionan, la declaración legal de protección genera efectos concretos: limita intervenciones incompatibles, activa mecanismos de evaluación ambiental y entrega un marco de resguardo para ecosistemas y especies que, de otra manera, quedarían expuestos a mayores presiones.

Nada de esto debe interpretarse como una justificación para postergar inversiones. Por el contrario, la existencia de beneficios asociados a las áreas protegidas refuerza la necesidad de fortalecer su gestión y asegurar su financiamiento.

Lo que ocurra durante este y los próximos años en materia de implementación del SBAP (contratación de personal, financiamiento y fortalecimiento institucional) permitirá evaluar el compromiso del país con la conservación y la creación de este servicio.