Perdidos en Tokio

Es un lamentable agravio al arte cinematográfico emplear el nombre de una notable película de Sofía Coppola para referirse a un grave sisma que enfrenta Chile.

Nuestras autoridades (actuales y recientes), la clase política, integrada por algunos políticos competentes, pero no pocos mediocres y varios descarriados, ha sido cruelmente superada en sus responsabilidades por una superestructura criminal estratégica y bien organizada, que nos está dando una paliza nacional y ganando la batalla por la presa, que es nuestro país.

Como se sabe, el 2 de junio de 2026, en la madrugada, la PDI y la Fiscalía Metropolitana Sur ejecutaron simultáneamente decenas de allanamientos en Santiago, San Miguel, San Ramón y varios recintos penitenciarios. Los delitos involucrados: extorsión, asesinatos, tráfico de drogas, explotación sexual, contrabando de vehículos y varios delitos más, han generado -hasta donde se sabe- un pozo de cerca de 84 millones de dólares de dinero sucio, ya extraído del país, por medio de altamente sofisticados métodos y, además, a través del sistema financiero formal, con la complicidad de ejecutivos bancarios.

El héroe de esta batalla fue el fiscal Héctor Barros, quien señaló que cuatro años después de que la maquinaria del Tren de Aragua estuviera funcionando a plena marcha es la primera vez que se les golpea duro. En ese período fuimos invadidos por la pandilla.

Si el combate contra el crimen organizado fuera un partido de tenis, Chile llevaría varios sets de desventaja. El adversario llegó, instaló infraestructura, reclutó operadores locales, penetró el sistema bancario, se tomó barrios y cooptó funcionarios del Estado —incluidas fuerzas policiales y aduanas—, exportando capitales ilícitos durante años, sin que ningún mecanismo de inteligencia lo detectara a tiempo.

¿Qué pasó entretanto? sencillamente que los organismos a cargo y nuestras autoridades no estuvieron a la altura. Y siguen así. Prueba de ello es que el Tren de Aragua continua operando, pero el valioso tiempo de varios de quienes están a cargo del país se consume, entre otras ineficaces acciones, en una acusación constitucional. Una más. Un deporte que les encanta a los parlamentarios.

La acusación constitucional fue diseñada para fines muy distintos al espectáculo: es la garantía institucional de que nadie está por encima de la rendición de cuentas, reservada para quienes han comprometido gravemente el honor de la nación, infringido la Constitución o cometido delitos graves. Cuando se utiliza como instrumento de desgaste o visibilidad política, deja de ser un mecanismo de control democrático y se transforma en teatro.

Y para colmo de males, cada acusación obliga al Congreso a sesionar diariamente, con prioridad sobre cualquier otra materia —incluso el presupuesto nacional— hasta su conclusión. Así, semanas de agenda legislativa se dilapidan en procesos cuyo desenlace, en la mayoría de los casos, era previsible desde el inicio.

Lo que pone de manifiesto la Operación Tokio es un éxito táctico (judicial–policial), pero -al mismo tiempo- un fracaso estratégico del Estado, que ignoró la invasión de la banda (o supo y lo desdeñó), lo que no se dio por una oculta rendija, sino por cientos de ellas visibles.

El desenlace del “descuido” es que muchos segmentos de nuestro entorno socio económico ya están bajo el control de esta organización criminal transnacional, con estructura de mando, capacidad financiera sofisticada, uso de criptoactivos, infiltración en el sistema bancario y operaciones coordinadas incluso con sus líderes detenidos. Pero -todo indica- ninguna de nuestras autoridades, salvo el destacado y valiente fiscal Barros, lo sabía. Y si lo sabían, no se lo tomaron en serio.

Este momento histórico no es cualquier cosa. Exige un gran acuerdo nacional, no una débil y teatral declaración de buenas intenciones. Un pacto real entre gobierno y oposición para crear las condiciones jurídicas y materiales que permitan enfrentar y derrotar a este feroz adversario. Dotar a las policías de más recursos y atribuciones, revisar seriamente la legislación sobre lavado de activos, fortalecer al Ministerio Público para perseguir organizaciones criminales complejas, depurar instituciones infiltradas y, de ser necesario, emplear a las Fuerzas Armadas. Sobre todo, dejar de consumir el escaso capital político en temas que no son los que la contingencia reclama y exige, como acusaciones constitucionales cuyo desenlace suele conocerse antes de comenzar.

Quienes tienen la responsabilidad de actuar y no actúan –repito: nuestra clase política- serán históricamente responsables de lo que venga.

Quienes pueden cambiar el curso de los hechos no pueden seguir prefiriendo la inercia o el cálculo electoral, mostrando solo inclinación por temas con sex appeal.

Cada semana perdida es un lapso que no se legisla en seguridad, que no se fortalece el Ministerio Público, que no se dota de recursos a las policías ni se actualiza el marco jurídico para enfrentar organizaciones criminales transnacionales que operan con lógicas de Estado.

La Operación Tokio fue un paso necesario y merece reconocimiento. Pero es un paso, no una victoria de una guerra muy mayor. La pregunta que queda flotando es ¿cuánto tiempo más estamos dispuestos a seguir perdidos en Tokio?