En el Juzgado de Garantía de Rancagua se llevará a cabo la audiencia de formalización de nueve imputados en el
caso Caval, entre los cuales, sin embargo, no se cuentan el hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, ni la mujer de este, Natalia Compagnon, quien es dueña junto con Mauricio Valero de la polémica sociedad investigada por las irregularidades en la compra de tres predios en la comuna de Machalí.
La audiencia la solicitó el Fiscal Regional de O’Higgins, Luis Toledo, quien sí incluyó entre los formalizados a Valero –en su calidad de representante de Caval–, al síndico Herman Chadwick y al ingeniero y militante de la UDI Juan Díaz Sepúlveda. A ellos el persecutor penal les imputará el delito de soborno. Al síndico le imputará además el delito de cómplice de infracciones al artículo 38 del libro IV del Código de Comercio, relativas a ventajas indebidas, informó el portal Emol.
Toledo también dispuso la formalización del ex director de Obras de la Municipalidad de Machalí, Jorge Silva Menares, y de Marisol Navarrete por cohecho en calidad de autor y cómplice, respectivamente; de la arquitecta y ex asesora del municipio de Machalí, Cynthia Ross, por cohecho; de Pablo Ovalle Andrade y Daniel Huerta Cordero por los delitos de prevaricación y por su calidad de encubridores de las ventajas indebidas del síndico, mismo cargo que enfrentará Andrés Orchard Vergara.
Dávalos y Natalia Compagnon ya declararon en calidad de imputados en la indagatoria sobre las irregularidades que rodearon el negocio en Machalí. El Ministerio Público investiga presuntos delitos relacionados con el proceso de compra y venta de los terrenos, negocio que tenía altas expectativas porque en la municipalidad se discutía el cambio de uso de suelo de los predios, de rural a urbano, lo que aumentaría su valor.
El escándalo estalló hace casi un año, cuando se dieron a conocer los entretelones del crédito bullet que otorgó el Banco de Chile a Caval, por un monto de 6.500 millones de pesos, tras una reunión de Natalia Compagnon con el vicepresidente del banco, Andrónico Luksic, y a la que asistió también Dávalos a fines de 2013, durante los días posteriores a la elección de la Presidenta Michelle Bachelet.
El dinero permitió a Caval adquirir los terrenos y revenderlos a la sociedad Silca por 9 mil millones, lo que permitió a la sociedad de Compagnon y Valero recibir una ganancia de 2.500 millones.
Posteriormente Silca presentó una querella por estafa contra Caval, que retiró en mayo de este año luego de un acuerdo entre las partes.
Audiencia se fijó para el 29 de enero en el Juzgado de Garantía de Rancagua
