Casos por financiamiento irregular de campañas
Si algunos de los posibles formalizados llegaran a un juicio abreviado y obtuvieran una condena igual a la del coronel UDI, no podrían participar de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, a realizarse en 2017. Entonces, la apuesta es buscar una fórmula para convencer tanto a la Fiscalía como a los jueces de que la sentencia a Novoa era el techo en las causas de financiamiento irregular de la política. La colaboración parece ser la salida tras el caso del líder gremialista.
Cuando el juez Juan Carlos Valdés leyó –el pasado 2 de diciembre– la sentencia contra el emblemático dirigente de la UDI, Jovino Novoa, en el marco del juicio abreviado del denominado Caso Penta, no solo se materializaba la primera condena a un político involucrado en los casos irregulares de financiamiento sino también se abría la puerta para una serie de especulaciones sobre el futuro de otros investigados y una posible línea de acción de la justicia.
Si bien en Chile no existe jurisprudencia respecto a las sentencias en casos judiciales, en su momento el propio Fiscal Nacional, Jorge Abbott, sostuvo que el juicio abreviado del líder gremialista marcaba un “precedente” para los posibles juicios futuros.
En los últimos días, la posibilidad de que el ex gerente general de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), Patrico Contesse, declare por primera vez; que el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami vuelva a ser citado; y que el ex timonel de la UDI, Pablo Longueira, tenga nuevamente esta oportunidad –pese a que anteriormente optó por guardar silencio–, son elementos que van cimentando la sensación de que los políticos quieren “colaborar” para evitar perder sus derechos como ciudadanos y poner sus esperanzas en un término judicial con una suspensión condicional que los deje sin sus papeles “manchados”.
El coronel UDI fue sentenciado a una pena única de tres años de presidio menor en su grado medio, con la opción de cumplir el castigo en libertad y con firma mensual, pero, además, se le otorgó una serie de sanciones accesorias: “La suspensión legal de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena; más la multa del 50% de los impuestos defraudados, y que se determinaron en la suma de $15.318.298 y que le corresponderá la cantidad total de $7.659.149. Asimismo, queda condenado al pago de 5 UTA, correspondientes al valor determinado al periodo sancionado de 2013″.
Las penas contra Novoa alertaron a las defensas de otros imputados, ya que el Ministerio Público, al negociar esta salida alternativa con el ex senador UDI, daba señales de las posibles estrategias a utilizar por los otros involucrados en los casos de supuesto financiamiento irregular, en las denominadas aristas SQM y Corpesca.
De esta manera, el hecho de que el primer político condenado no haya tenido que responder con pena de cárcel resulta ser el piso mínimo al que apelarán los abogados defensores de los otros involucrados, quienes –según afirmó el propio fiscal del Caso SQM, Pablo Gómez– ya se han acercado para ver la opción de llegar a juicios abreviados.
En efecto, parece ser que la mejor fórmula es la negociación con la Fiscalía. Esto, porque en el propio juicio abreviado en contra del coronel UDI, el Ministerio Publicó omitió la declaración de la ex jefa de prensa del partido de calle Suecia, Lily Zúñiga, quien confirmó haber emitido boletas a la empresa SQM por solicitud del ex senador.
Más allá del daño al prestigio que el ex senador Novoa ha acarreado como consecuencia de su condena y las diferencias al interior del nuevo referente de oposición Chile Vamos, la sentencia principal del ex parlamentario –de menos de tres años de presidio– no lo hizo perder sus derechos políticos, una cuestión que parecía fundamental para la defensa. Es decir, si la condena hubiera sido de tres años y un día, el ex timonel UDI no habría podido, por ejemplo, ejercer su derecho a voto, cuestión que al final no sucedió.
[cita tipo= «destaque»]Novoa, acostumbrado a las negociaciones como dirigente de la UDI y en el Parlamento, en sus conversaciones con la Fiscalía logró abrir una puerta para una salida que, al tenor de los avances de las investigaciones, parecía poco probable. Como se señalaba anteriormente, ya casi ninguna defensa pone en duda que la colaboración es lo más pertinente.[/cita]
Sin embargo, las penas accesorias son las que complicarían a algunos. Si la justicia replicara la sentencia de Novoa con otros políticos, es decir, sin pena aflictiva pero con la inhabilidad temporal de acceder a cargos públicos de tres años, estas figuras no podrían ser candidatos a diputado, senador o Presidente en las próximas elecciones que se realizarán en 2017. De esta manera, si la Fiscalía materializara formalizaciones y posteriormente llevara a juicio, por ejemplo, a Marco Enríquez-Ominami, con una sentencia similar a la del coronel gremialista, el líder del PRO no podría nuevamente postular para alcanzar el sillón de La Moneda; Fulvio Rossi no podría ir a la reelección como senador o Laurence Golborne no podría concretar una nueva campaña para ejercer algún cargo de elección popular, y así acontecería con todos quienes pretendan participar de una elección o formar parte del aparato estatal.
Con todo, Novoa, acostumbrado a las negociaciones como dirigente de la UDI y en el Parlamento, en sus conversaciones con la Fiscalía logró abrir una puerta para una salida que, al tenor de los avances de las investigaciones, parecía poco probable. Como se señalaba anteriormente, ya casi ninguna defensa pone en duda que la colaboración es lo más pertinente.
De hecho, y a modo de ejemplo, este martes 16 de febrero el ex alcalde Pablo Zalaquett (UDI), quien ya fue formalizado por el caso Penta, declaró por cerca de dos horas por los pagos que el Banco BCI realizó a su empresa La Manada. El ex candidato al Senado fue citado para responder ante la versión entregada por otros, como el presidente de la entidad bancaria, Luis Enrique Yarur Rey. Pero más allá de si su testimonio resultó un aporte sustancial a la investigación, el objetivo tenía como consigna colaborar, de modo de evitar penas mayores.
Para Carlos Hidalgo –abogado de la fundación Ciudadano Inteligente, querellante en el Caso Penta–, el Ministerio Público ya ha entregado su posición y no cree que algún otro político de primera línea indagado en estos casos sea castigado con una pena mayor que la que afrontó Jovino Novoa.
“Lo que ha dicho el fiscal Gómez en su entrevista en El Mercurio es que las causas no van a ir a juicio oral, que las van a llevar a abreviado, que le van a reconocer a todos irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial y que ninguno va a tener pena de cárcel”, explicó a El Mostrador el jurista.
Hidalgo se refiere a las declaraciones otorgadas por el persecutor al matutino el pasado sábado 13 de febrero, donde efectivamente explica que “tenemos que considerar la concurrencia de circunstancias atenuantes. Con irreprochable conducta anterior, y con colaboración sustancial tendremos dos atenuantes, y si además se repara con celo el mal causado, nos vamos a encontrar con un efecto que está en la ley, que no es voluntad del fiscal y que es bajar la pena y que en algunos casos esto termine en suspensiones, y en otros, en procedimientos abreviados».
Novoa fue condenado por delitos tributarios al emitir boletas por servicios que jamás prestó a las empresas Penta, por cifras previamente acordadas con los dueños de la firma, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Sin embargo, se le reconocieron las tres atenuantes posibles, a saber: el ex legislador no tenía condenas pasadas, repuso el dinero y, además, colaboró con la investigación. En este punto, el estándar Novoa marca un precedente que podría ser utilizado por otros investigados, ya que para algunos de los querellantes la Fiscalía concedió los paliativos sin la rigurosidad correspondiente.
“Estimábamos que la declaración que presentó Novoa es acomodaticia y que no colaboró con el Ministerio Público para aclarar mayormente los hechos, es decir, declaró lo que ya se sabía e incluso se minimizó la cuestión porque teníamos un par de boletas de SQM. Lo mismo que la reparación celosa del mal causado, la plata la devolvió día antes que lo formalizaran, y esto tiene que hacerse no por el peligro de que algo le vaya a suceder sino que al momento de darse cuenta que cometió el delito intentar repararlo abiertamente. Si uno ve que se corrió la formalización porque se enfermó Novoa y justo en ese momento hace el depósito de la plata, era una acción acomodaticia para obtener la circunstancia atenuante. Criticamos la oportunidad y también teníamos jurisprudencia que avalaba la postura”, explicó Hidalgo.
“El Ministerio Público rebajó demasiado el estándar. Sobre todo teniendo en cuenta que a cualquier otra persona, por los montos involucrados y por la cantidad de delitos y reiteración de los mismos, varios períodos tributarios distintos y con harta plata involucrada, no habría tenido el mismo tratamiento”, recalcó el jurista.
Las posiciones respecto a si la condena de Novoa fue un triunfo o una derrota para el Ministerio Público son divididas. Algunos abogados explican que la Fiscalía hizo bien en no llegar a juicio oral, porque probablemente hubiese obtenido la misma condena, no obstante, otros plantean de frentón que el Ministerio Público solo puso en evidencia lo que es parte de las negociaciones políticas-jurídicas de estos casos. “Hay un instructivo del Fiscal Nacional saliente que era Sabas Chahuán, que es el que tomó la audiencia, en que dice que los casos de conmoción pública no deben llevarse a abreviado. Qué quiere que le diga”, subrayó Hidalgo.
Por ejemplo, desde el propio Ministerio Público algunos plantean que la condena de Novoa deja muy abierta la opción de la suspensión condicional de las causas, porque a pesar de la fuerza de las pruebas se le otorgó una condena menor. En esta línea, por ejemplo, una situación como la del senador Iván Moreira lo dejaría con una pena máxima aplicable de 61 días.
Por otra parte, hay quienes sostienen que la situación de Novoa no necesariamente dejó un estándar establecido y que en todos los casos que se investigan hay opciones de elevar un poco las penas, quizá no con condenas de cárcel, pero sí llegar a condenas de hasta cinco años, de acuerdo a la complejidad de cada caso.
Según explicó a El Mostrador el abogado querellante del PS en el caso Penta, Enrique Aldunate, “todo el proceso de lo que pueda significar salidas alternativas, particularmente vinculadas a la arista política, en mi visión son casos extremadamente complejos, porque hay que asociarlo a cada caso individual. Esto va a ir acompañado de la circunstancia que acompaña la situación, el juego de las atenuantes y agravantes. En la pena probable el Ministerio Público debe tomar la decisión; si lo proyectado puede ser lo mismo y si se obtiene mediante un juicio abreviado, ese seguramente puede ser el camino”.
En esta lógica algunos profesionales explican que el monto, la reiteración y la suma de algún delito como el cohecho podrían eventualmente elevar las penas de los indagados, quienes por el momento siguen buscando el mecanismo adecuado para estar por debajo el estándar que ya estableció el simbólico caso de Novoa.
Además, histórico «coronel» podría haber instalado otro estándar, al menos en su colectividad, ya que el Tribunal Supremo de la UDI resolvió no sancionarlo aduciendo que en los delitos cometidos por el ex senador no existió ni se persiguió el enriquecimiento personal. De esta manera, además no se le formularon reproches, recalcando que, para financiar la actividad política, Novoa se limitó a actuar de esa forma porque “hasta ahora, fue práctica generalizada, conocida y aceptada por todos los sectores”.
No obstante lo anterior, cabe recordar que en el último Congreso del PS el voto político de probidad apuntó a que ningún militante podrá representar a esa colectividad en elecciones populares o en algún cargo partidario si está involucrado en irregularidades. En la oportunidad la presidenta de la tienda de calle París, Isabel Allende, matizó la situación y sostuvo que el TS «tendrá que estudiar las sanciones”.
