Bacheletismo realiza reservadas gestiones para torpedear control preventivo de identidad en bancadas oficialistas

Fueron pocos los que en un principio, tanto en La Moneda como en la Nueva Mayoría, no miraron para el techo mientras el polémico proyecto del control preventivo de identidad avanzó su tramitación en el Congreso como parte de la Agenda Corta Antidelincuencia y que ahora se ha transformado en un problema real para La Moneda, ya que la tensiona una vez más con el ala más progresista de la coalición oficialista que ya anunció su rechazo categórico.

Con tal escenario, en la trastienda del Ejecutivo y el Legislativo ha quedado en evidencia la soledad del ministro del Interior, Jorge Burgos, quien es el único que realmente realiza gestiones para llevar la norma a buen puerto, porque en privado existen señales concretas desde las altas esferas de Palacio que apuntan literalmente en el sentido contrario, precisamente con miras a que la iniciativa naufrague.

El ministro Burgos se reunió este martes 12 con las bancadas de diputados de la DC y el PPD, además de exponer en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

En esta última instancia, la autoridad DC explicó que “si uno revisa la historia fidedigna de cómo surgió este proyecto o esta indicación se dará cuenta que esta es una indicación al proyecto originalmente presentado por el Ejecutivo (…) es una indicación que un sector de parlamentarios ubicables en la Alianza presentaron en la comisión de Seguridad Pública, fue en esta comisión que fue contrastada por una distinta presentada por una serie de diputados de la Nueva Mayoría, texto que obtuvo la mayoritaria aprobación en la Cámara, entiendo que cerca de 90 votos, fue modificada sustancialmente en el Senado y a mi juicio modificada en ese aspecto positivamente, desde el punto de vista de dotar el control preventivo de identidad de más garantías para su ejecución y de fijar de manera más clara los límites territoriales de la aplicación (…)  nosotros pretendemos la aprobación de esa norma, que no surge de nuestra iniciativa, pero que nos parece interesante desde el punto de vista de mejor dotar a las policías en su rol preventivo”.

Pero mientras Burgos hacía este despliegue en el Congreso, diversas fuentes de Gobierno confirmaban que, en paralelo y en reserva, la mitad de la administración bacheletista realizaba gestiones “operando en contra” de la aprobación de la polémica iniciativa. Esas gestiones han implicado llamados a diversos parlamentarios desde algunos ministerios para explicarles que el rechazo a la iniciativa “no es mal mirado” por la Presidenta Michelle Bachelet, y tampoco será considerado un revés político para la jefa de Estado como sí se ha argumentado y presionado en otras ocasiones a las bancadas de la Nueva Mayoría, tal como en el reciente caso del despacho de la Reforma Laboral.

En el Ejecutivo diversas fuentes coinciden en que Bachelet no quiere que se apruebe esta polémica norma, que tampoco mira con buenos ojos la llamada Ley Mordaza, que lo considera un balazo en los pies para una administración de centroizquierda, porque contradice el sustento del discurso pro derechos de la coalición y que, por más resguardos que se tomen, el control preventivo de identidad inevitablemente abrirá una puerta a fomentar la discriminación con los sectores más vulnerables.

Explicaron que a nivel gubernamental ha habido preocupación especial por el sigilo de estas gestiones para frenar la aprobación de la norma, que sean lo más sutiles posibles, que “la idea es que caiga por su propio peso en la Cámara” y no aparezca la Mandataria o el Gobierno haciéndola fracasar. Así, la estrategia sería que la Presidenta ha dejado ver su posición en algunas reuniones bilaterales con dirigentes y autoridades, misma postura que se ha transmitido a sectores del Congreso en este reservado despliegue de asesores gubernamentales.

[cita tipo=»destaque»]En el Gobierno explicaron que las últimas semanas la Presidenta Bachelet ha recibido varios mensajes directos de organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, reclamando por el control preventivo de identidad y la Ley Mordaza. Un mundo que es relevante para la Mandataria, que le es propio, que es parte de su esencia política, de sus prioridades y en el cual ha tenido un papel protagónico, como cuando fue la cabeza de ONU-Mujeres.[/cita]

Eso, mientras en su almuerzo con la bancada DC el ministro Burgos recalcó que para el Gobierno era necesaria la aprobación del proyecto en su conjunto, defendió el control preventivo de identidad y sostuvo que consideraba importante su aprobación. En el Ejecutivo varios reconocen que la situación actual no deja de ser bipolar, ya que mientras la autoridad DC y su equipo empujan la Agenda Corta Antidelincuencia en su conjunto, desde la propia administración bacheletista reman en el sentido contrario en relación con el control preventivo de identidad y la Ley Mordaza.

La razón de esta dualidad sería que en Palacio reconocen que inicialmente hubo cierta desidia, que “se les pasó”, que miraron para el techo para evitarse conflictos políticos en meses previos cuando las aguas internas en La Moneda estaban demasiado revueltas, pero que el tema se transformó en una bola de nieve, que temen termine reventando y afectando a la propia Mandataria.

Se suma otro factor. De aprobarse el control de identidad y la Ley Mordaza –explicaron en el oficialismo–, la Presidenta aparecería sacando adelante esta ley con los votos de la derecha, a pesar del público rechazo que han anunciado el PS, el PC, parte del PPD y sectores DC, que representan la identidad política de la Mandataria, lo que desdibuja aún más a la Nueva Mayoría.

Hay sectores de la DC que tampoco comulgan con estas normas. Algunos diputados el martes le dijeron a Burgos que fue un error del Gobierno haber respaldado estas iniciativas y le anunciaron su rechazo. “Se ha intentado pasar gato por liebre, normas que nada tienen que ver con el espíritu original de la iniciativa, a la que, por lo demás, le falta el tema esencial: cómo hacemos para disminuir realmente la delincuencia con políticas eficientes de reinserción y rehabilitación y una inteligente labor de las policías”, dijo ese día el diputado de la falange Ricardo Rincón.

En el Gobierno se están adelantando a los escenarios, incluso a la posibilidad de que las sutiles gestiones y mensajes reservados no logren sumar los votos necesarios para que en la Cámara de Diputados se rechace la iniciativa del control preventivo y la Ley Mordaza. Es más, el Ejecutivo ya habría empezado esta semana a sondear el “clima” en el Tribunal Constitucional (TC) para hacerla naufragar ahí, claro, a instancia de acciones que impulsen los diputados de la Nueva Mayoría que la rechazan.

Dicho escenario no es descartable y, además, tampoco es descabellado como estrategia política. En La Moneda afirmaron que si bien el TC tiene en la mitad de su conformación a gente de derecha, algunos comulgan con las ideas liberales y, por ende, los cálculos hacen prever chances concretas de contar con una votación 6-4 que haga caer las normas en conflicto.

Amenaza latente

En el Gobierno explicaron que las últimas semanas la Presidenta Bachelet ha recibido varios mensajes directos de organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, reclamando por el control preventivo de identidad y la Ley Mordaza. Un mundo que es relevante para la Mandataria, que le es propio, que es parte de su esencia política, de sus prioridades y en el cual ha tenido un papel protagónico, como cuando fue la cabeza de ONU-Mujeres.

A nivel gubernamental manejan la información de que varios de estos organismos están preparando una campaña comunicacional, en caso de que esos dos proyectos sean aprobados por el Congreso, en la que se emplazaría abiertamente a Bachelet a aplicar su atribución constitucional de veto a dichas normas, lo que es visto con preocupación en el Ejecutivo, ya que dejaría a la Mandataria públicamente con un margen de acción muy estrecho.

En la tarde del martes 12, durante la audiencia que Bachelet tuvo en La Moneda con el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, fue tema obligado y si bien la Presidenta salió del paso –explicaron desde el Gobierno– precisando que dichos temas aún estaban en tramitación, que había que esperar, La Mandataria sí tomó nota de dicho diálogo, como lo ha hecho de todos los mensajes que ha recibido.

Públicamente Unicef ha planteado su postura crítica al control preventivo. En un comunicado oficial en su página web precisó que el organismo ha sido “enfático en señalar que la delincuencia juvenil debe abordarse con medidas de largo plazo que se hagan cargo del problema de fondo y no con iniciativas cortoplacistas que no contribuirán a reducir el número de adolescentes involucrados en hechos delictuales, explicitando que no hay evidencia que demuestre que el control preventivo de identidad tenga éxito en esta materia”.

El texto agrega que “la medida no satisface los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por Chile en 1990, y presenta problemas asociados a la observancia de otros tratados internacionales sobre derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Según el derecho internacional, los niños, niñas y adolescentes deben tener salvaguardias especiales cuando están en contacto con la justicia en calidad de imputados de un delito, como víctimas o testigos”.

Además, Unicef hizo presente que los menores de 18 años no están obligados a portar ningún documento de identificación, lo que claramente dificultará la diligencia policial, razón por la que dicha norma, de aprobarse, los dejaría “expuestos a eventuales estigmatizaciones, al considerarlos sospechosos de una situación sin que exista ningún indicio de culpabilidad o una acusación formal”.

Este planteamiento público es coincidente con lo que diversas fuentes gubernamentales confirmaron que ha sido el reclamo del organismo internacional, que ha enfatizado ante el Ejecutivo en diversas reuniones que el control preventivo contraviene y viola el comportamiento histórico del Estado de Chile en relación con los convenios y tratados firmados.

Es más, agregaron desde distintos ministerios que, como el organismo internacional por su calidad de tal no puede interferir en asuntos de política interna, está evaluando realizar un gesto público de rechazo si se aprueba la norma en el Congreso, que iría más allá de la mera declaración pública y que no descarta retirar del país momentánea o indefinidamente a la representante en Chile, Hau Kyung Jun. Mensaje –reconocieron en el Gobierno– que también habría llegado al segundo piso de La Moneda.

Kyung Jun se ha reunido con diversas autoridades y parlamentarios, precisamente para explicar la postura del organismo internacional. El oficial de Protección Unicef Chile, Anuar Quesille, dijo a El Mostrador que «decidimos crear una estrategia, como lo hacemos con todos los proyectos de ley que tienen que ver con infancia, para poder conversar con personeros del Poder Ejecutivo, que están viendo el tema, hemos tenido conversaciones formales con el Ministerio del Interior, con distintos organismos involucrados y también con el Parlamento, nos hemos reunido formalmente con parlamentarios de distintas bancadas (…) donde hemos manifestado nuestra posición y disposición para colaborar en la discusión y que una medida de esta naturaleza no impacte negativamente los derechos de los adolescentes».

Agregó que el Comité de los Derechos del Niño es un órgano independiente que monitorea el cumplimiento de la convención en cada Estado y el 2 de octubre del año pasado dicho comité emitió su informe de recomendaciones al Estado de Chile para darle algunos consejos de cómo cumplir con la convención y uno de esos consejos era que en el tema de justicia juvenil el Estado chileno debía tomar medidas efectivas para implementar mecanismos de prevención del delito y evitar la criminalización y si con la ley vigente existen casos en que este control preventivo de identidad generara vulneración de derechos.

Sobre posibles señales de protesta, Quesille explicó que “eventualmente el Comité de Derechos del Niño o algunos órganos del sistema interamericano de DDHH, como la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana, podrían adoptar algunas acciones, como la adopción de medidas cautelares o provisionales o hasta la visita de algún relator (…) son organismos autónomos, por lo tanto, no depende de Unicef y se constituyen en la medida que son requeridos en casos específicos y ahí la sociedad civil o eventuales personas que fueran perjudicada tienen un rol vital en esto».

A nivel nacional, distintas organizaciones, desde Revolución Democrática (RD), la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, el Comité de Derechos Humanos de La Legua, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), el  Movimiento por la Diversidad Sexual (MUMS) y Red Liberal, entre otros que se están organizando en la Red Seguridad en Serio, llamaron al Gobierno a echar pie atrás en estos proyectos y este jueves se reunirán con diputados de distintas bancadas en el Congreso.

La bola de nieve sigue creciendo y el ministro Burgos sigue remando solo.