La izquierda y el modelo extractivista II

El modelo chileno (si neoliberal o “neoliberal corregido”, es otra discusión) se ha sustentado en lo que en su momento se llamaron las “ventajas comparativas”. La lógica era: para qué industrializarse si otros países producen más barato que lo que costaría hacerlo en el país y, manteniendo bajos los aranceles, podemos comprarles esos bienes a precios más baratos. Para qué invertir en ciencia y tecnología si podemos seguir pagando patentes y royalties a los países que sí invierten en ello. Por qué no seguir abriendo la economía a la inversión extranjera que da empleo, si total la naturaleza es un “recurso” que hay que explotar y Chile tiene en abundancia.

Esta racionalidad utilitarista, ayudada por la fuerza y la represión de la dictadura, fue la que permitió hacer hegemónica la idea de  que Chile estaba bien como país “productor de materia prima” y que fueran otros los que le agregaran valor.

El cobre, la madera y celulosa, el salmón y la harina de pescado, los vinos y frutas, fue el lugar autosituado en las ventajas comparativas, pudiendo variar entre el kiwi, el arándano o la nuez. Aun así, hay que señalar que los ingresos fiscales el 2015 se sostuvieron más por el cobro del IVA a todos los chilenos (que opera regresivamente), que por los ingresos de la actividad minera. De este modelo nació la mentalidad extractivista de nuestra elite, impotente para pensar una estrategia de desarrollo que superara el impuesto por la dictadura.

El principio de las “ventajas comparativas” sostiene al modelo extractivista que se caracteriza por: depredar la naturaleza; romper los equilibrios ecológicos y la vida de las comunidades generalmente indígenas o pobres –que en una fase anterior del desarrollo capitalista habían sido arrinconados en esas zonas, hoy de interés extractivo–; generar mayores grados de dependencia de los principales centros económicos y políticos mundiales; agudizar la desigualdad. Este principio, además, no permite orientar la inversión pública hacia áreas económicas de interés nacional y, por otra parte, la recaudación de ingresos fiscales retroalimenta el extractivismo de la elite –en un Estado con escaso control ciudadano y débil democracia– al posibilitarse que esta usufructe del Estado, transformándolo en otra área de negocios de la cual se hace partícipe parte importante de la representación política de la izquierda y el progresismo.

La cultura de la elite extractivista tiene un origen en la práctica empresarial rentista y bloquea una mirada nacional y regional de la inserción de Chile en la economía global. Como el empresariado se mueve según el ritmo del mercado y el sistema financiero, no piensa en los fenómenos de largo plazo, como son los impactos sociales o ambientales de estas prácticas, e impregnan el pensamiento de la tecnocracia, de los políticos y de los intelectuales, que no incorporan las categorías verdes en su horizonte. Así se inviabiliza tanto la constitución de una fuerza social ambientalista como una política de manejo sustentable de los recursos naturales.

El problema es que la izquierda chilena siempre tuvo un discurso nacional y popular –siendo en algunos períodos pluriclasista y en otros clasista– hasta mediados de los años 80. Su discurso era crítico al modelo neoliberal impuesto por el empresariado y la tecnocracia con apoyo militar; resistió la dictadura como quien más, luchó por los derechos humanos en su sentido extenso y criticó las 7 modernizaciones (privatizaciones de los bienes sociales y restricción de derechos laborales), así como la reducción del Estado y su influencia en la economía, mientras la dictadura desde el Estado hacía política económica para favorecer al empresariado.

[cita tipo=»destaque»] La cultura de la elite extractivista tiene un origen en la práctica empresarial rentista y bloquea una mirada nacional y regional de la inserción de Chile en la economía global. Como el empresariado se mueve según el ritmo del mercado y el sistema financiero, no piensa en los fenómenos de largo plazo, como son los impactos sociales o ambientales de estas prácticas, e impregnan el pensamiento de la tecnocracia, de los políticos y de los intelectuales, que no incorporan las categorías verdes en su horizonte.[/cita]

La izquierda, desde la fundación de sus principales partidos en la década del 20 y 30, tuvo un proyecto político crítico al extractivismo, que incrementa la dependencia (o la interdependencia asimétrica, si se quiere) y desdibuja el sentido último del Estado nación. Esa izquierda estaba en condiciones sociológicas de representar una alianza de sectores sociales que, por las condiciones de pobreza o desigualdad, son los que más necesitan de un Estado fuerte y activo en el campo de la regulación y control de la actividad productiva y de los bienes sociales, así como de la seguridad pública. Estaba también expresando ese sentido de pertenencia de vastos sectores excluidos, pero esperanzados en que el Estado podía incluirlos en el crecimiento económico no como “mano de obra flexible y barata”, sino como ciudadanos pertenecientes a una comunidad.

En otras palabras, se trataba de que el Estado-nación fuese expresión de un pacto social inclusivo de las clases sociales e imaginarios compartidos. El fortalecimiento del Estado era parte de la tradición de la izquierda porque se entendía que desde allí se podía orientar un proyecto político de desarrollo del país y no desde las “ventajas comparativas” del mercado mundial; pues sin Estado en forma no hay redistribución del ingreso ni inversión en ciencia, tecnología y áreas estratégicas. Es por ello también que la política exterior era integracionista e impulsaba el Pacto Andino, como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio desde los 60.

Pero el grueso de la izquierda fue ganada por la idea de las “ventajas comparativas”, renunciando a la industrialización sin comprender que el extractivismo, como toda transformación económica o política, es reversible y temporal. Es así que la izquierda quedó sin programa propio, sin ideas innovadoras para el nuevo contexto, y se embarcó en lo que en Europa se llamó la “tercera vía” o “Tatcherismo con rostro humano” (Hillebrand, E), que en realidad ya se dibujaba con Miterrand en 1983 con “el abrazo de la política monetaria ortodoxa” (DerGhougassian, K.) en la misma etapa en que se consolidaba la “renovación” del socialismo chileno.

Es en parte por lo anterior que la izquierda tradicional está fracturada en su relación con los sectores sociales que tradicionalmente representó y no logra anclarse en los estratos emergentes de carácter progresista. Se ha abierto así un espacio para otras agrupaciones políticas, que pueden aportar al debate de ideas, o a liderazgos personalistas.

Esto ha producido una situación paradójica, pues las reformas que tenía en el programa el Gobierno de Bachelet iban en dirección contraria al neoliberalismo, pero al no tener una izquierda antineoliberal en lo programático ni con capacidad de movilización social, el proceso de reformas se diluye en nuevos intentos de moderar el libremercado. Es tomar la “tercera vía”, con la estela de frustraciones sociales, rupturas en la representación popular y sometimiento –una vez más– a las “ventajas comparativas” y, en cuanto al individuo, el sometimiento de su libertad a la del capital.

Solo fortaleciendo el Estado como instrumento político de orientación de la economía, con una estrategia de desarrollo nacional y sustentable, la izquierda podrá recomponer su discurso, hacerlo coherente, que le permita recuperar apoyo social y redefina el espacio de los movimientos sociales en las determinaciones políticas, renovando el sistema para que la prometida emancipación de hombres y mujeres sea posible.

Pero fortalecer el Estado no lo resuelve todo, si no se enfrenta la “mentalidad extractivista” de la elite “público-privada”. Se requiere ampliar el poder ciudadano y sus libertades, para tener control sobre la burocracia funcionaria y su probidad.

La izquierda debería transformarse en el portaestandarte de las libertades entendidas como afirmara Marx: “Solamente dentro de la comunidad con otros, todo individuo tiene los medios necesarios para desarrollar sus dotes en todos los sentidos; solo dentro de la comunidad es posible, por tanto, la libertad personal”. Y, por ello, el Estado debe ser controlado por un poder ciudadano fuerte, organizado y consciente de sus derechos, pues este modelo desertificó el campo político de la participación, que es el campo del bien común.