A propósito de la seguridad de la información sensible: cuidemos Chile

Hace algunos años, un alto oficial de la policía colombiana me manifestó su asombro por el nivel de publicidad que en Chile imperaba respecto a los bienes y fortuna de las personas. “Le están indicando a la delincuencia cuánto pueden cobrar por un secuestro” fue su comentario. Tomé nota, pero en ese momento el secuestro virtualmente no existía en Chile.

Hoy no es así. La información de las personas debe ser cuidada, por cierto, asegurando la debida transparencia cuando responsablemente sea solicitada por parte de órganos de control, por sectores ciudadanos o por poderes del Estado, como el Congreso, o instituciones como la Contraloría y el Servicio de Impuestos Internos, entre otros.

En su momento el debate se estableció en lo anterior: la transparencia de la información. Pero hay otro elemento que hoy quiero destacar: el manejo de la misma, sobre todo al interior del Estado.

Todo Estado maneja información sensible respecto de su propia seguridad. En tiempos ciber, la seguridad se transforma en un poderoso bien en disputa y son conocidos por todos los diversos casos de hackeo que han sufrido diversos organismos estatales.

Pero por muy sofisticados que sean los sistemas de intrusión basados en alta tecnología, la inteligencia humana, la que proveen los seres humanos (sean agentes o no), ya sea por intrusión, por descuido o por inexperiencia, sigue siendo una de las fuentes más importantes.

Todo Estado –Chile incluido– necesita proteger su información sensible, aquella que solo debe llegar a las autoridades para que tomen decisiones informadas. Es el Estado el que debe precisar cuáles áreas de información son reservadas, quienes tienen acceso a ellas y cual debe ser el manejo que se le debe proporcionar.

En los últimos tiempos Chile ha avanzado en la actualización de su sistema de inteligencia, donde lo más reciente fue la aprobación de la Ley 19.974. Su plena implementación está en desarrollo, bien por Chile.

Pero en los últimos tiempos hemos sabido de un factor preocupante: la contratación de asesores extranjeros para ocupar posiciones en áreas sensibles de nuestro aparato estatal, lo que incluye el acceso a información reservada y secreta. En la actualidad, en el llamado Segundo Piso de la Moneda, se han contratado los servicios de un joven profesional, de origen argentino-israelí, quien –según la prensa– estaría encargado del Área de Relaciones Internacionales y relacionado directamente con la Cancillería.

¿No existe ningún diplomático de carrera que pueda ocupar esa función? Por todos es sabido lo importantes y sensibles que son nuestras relaciones con Israel, lo cual demanda el más nacional y profesional manejo de dicho tema. La situación preocupa más cuando dicha persona se desempeñó hasta hace poco como asesor del anterior embajador de Israel en Chile.

¿Cuáles son las funciones de este asesor? ¿Tiene acceso a la información reservada que el Ministerio de Relaciones Exteriores le envía a la Presidencia?

Todo esto es parte de una complicada confusión presente en la actual administración. El llamado Segundo Piso es una asesoría directa al Presidente sobre la marcha estratégica del Gobierno, pero no penetra en la contingencia ni menos interfiere en los asuntos internos de un ministerio.

Por ello es un error pedir que “el Segundo Piso coordine al Gobierno”. La cadena de mando político-administrativa es muy clara en nuestra institucionalidad. El Presidente designa a su gabinete y en la conducción general del Gobierno se apoya en el ministro del Interior. Por ello, es esta autoridad la que, en ausencia del Mandatario, asume la conducción del país como Vicepresidente.

Los asesores, aunque sean de La Moneda, no tienen mando, tampoco tienen responsabilidad política ni administrativa.

Esta anomalía, que –aclaremos– no es de exclusividad de este Gobierno, debe atenderse.  Se escucha que este fenómeno (asesores de origen extranjero) también se repite en algunos ministerios sensibles. La ley es clara al respecto: para ser miembro de las FF.AA. chilenas se debe tener la nacionalidad chilena, bajo las condiciones que estipula la respectiva Ley Orgánica. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, otra de las áreas sensibles del Estado, todos sus miembros han de pertenecer al Servicio Exterior, al cual se accede luego de un competitivo concurso para ingresar a la Academia Diplomática.

Obviamente, tanto en Cancillería como en Defensa está reglamentado el manejo y la custodia de la información sensible, pero la pregunta es qué ocurre cuando autoridades superiores demandan información a esos ministerios.

Lo mismo podríamos agregar en materia de seguridad interior, en lo relativo al manejo de la información policial, de la Agencia Nacional de Inteligencia y del nuevo Ministerio de Seguridad. Los niveles de acceso a la información están perfectamente definidos en nuestras instituciones, por lo cual el problema puede surgir cuando parte de esa información sale rumbo a otro requerimiento.

Finalmente, agreguemos que la información obtenida vía fuente humana no solo puede ser requerida por otros servicios de inteligencia. Desgraciadamente, la experiencia contemporánea nos demuestra que el delito transnacional busca penetrar los Estados, ya sea para intentar comprar a funcionarios, o enterarse con antelación de los planes y políticas que se están diseñando.

Este prioritario tema no debemos asumirlo en el marco de la lucha política, ni menos ideológica. Cuidando adecuadamente la información que ayuda a las autoridades para adoptar decisiones adecuadas, cuidamos algo que todos queremos: cuidamos Chile.