Pese a encontrarse querellada por el CDE, Nueva Mayoría respaldó reelección de la jefa comunal para 2016
El jueves recién pasado, el oficialismo optó por visar políticamente la reelección de la alcaldesa de Quinta Normal, Carmen Gloria Fernández, sobre cuya administración pesa una investigación penal por malversación de caudales públicos de fondos que estaban destinados a Programas de Integración Escolar. Se estima que más de 1.100 niños con necesidades educativas especiales quedaron sin atención. La querella fue presentada por el CDE en representación del Ministerio de Educación.
El jueves último, las presidentas, presidentes y secretarios generales de la Nueva Mayoría alcanzaron el acuerdo nacional de la coalición sobre sus candidatos a las alcaldías para las elecciones municipales del 23 de octubre.
Con dicho acuerdo, los dirigentes de partido cerraban así un largo período de infructuosas negociaciones para definir los candidatos para las 345 comunas del país. En 323 casos, la Nueva Mayoría anunció que existía candidato único, especialmente de aquellos alcaldes que irían a la reelección bajo la lógica del que “tiene, mantiene”. En el resto de las comunas se informó que se realizarían encuestas vinculantes para definir a los candidatos oficialistas.
Antes de la reunión, el apoyo a la reelección de la alcaldesa DC, Carmen Gloría Fernández, del Municipio de Quinta Normal, no estaba del todo asegurado, debido al interés de otros partidos por tomar la administración y también por una serie de antecedentes que ligaban al municipio a presuntos delitos que estaban siendo investigados por la Fiscalía.
Sobre la base de estos antecedentes es que se estimaba que la comuna estaría dentro de los municipios que se someterían a las encuestas vinculantes; sin embargo, tras la reunión oficialista en el PS, se determinó dar su apoyo irrestricto a la reelección de Fernández.
Si bien los escándalos de corrupción por financiamiento ilegal de la política han golpeado fuertemente a los partidos, a ex funcionarios de Gobierno y a parlamentarios en ejercicio, pareciera que el estándar no llega a las municipales, toda vez que la investigación que se sigue contra la alcaldía DC proviene de una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación del Ministerio de Educación, por malversación de caudales públicos por casi 700 millones de pesos, los que debían haber sido destinados al Programa de Integración Escolar y cuyos fondos –según la Contraloría– fueron sustraídos.
Todo ello, mientras el Ejecutivo lleva a cabo una reforma a la Educación y la Presidenta Bachelet anunció, precisamente ayer, el envío del Proyecto de Ley de Calidad y Gratuidad en la Educación Superior.
Según la querella interpuesta ante el Sexto Juzgado de Garantía por la abogada Irma Soto, del CDE, los hechos que derivaron en la acción judicial, en representación del Mineduc, fueron detectados por la Unidad Fiscalizadora de la Contraloría (CGR), a consecuencia de auditorías efectuadas a los fondos del Programa de Integración Escolar (PIE), transferidos por el Mineduc el año 2013, un año después de que asumiera la jefa comunal Fernández, tras reemplazar a su padre, Manuel Fernández, en el escaño alcaldicio.
De acuerdo a los informes finales de 2015, el órgano contralor detectó excedentes del PIE equivalentes a $690.670.071 que no fueron utilizados en las subvenciones especiales para niños y niñas con necesidades educativas especiales (NEE), los que “al no encontrarse en poder de las instituciones, conforme a las normas señaladas, y no haber rendido cuentas de su destino, sin ser habidos, deben entenderse como sustraídos”.
Los antecedentes de la indagatoria sostienen que serían más de 1.100 niños que, requiriendo educación especial, no habrían sido atendidos porque los fondos nunca llegaron a las escuelas que presentaron proyectos para acceder a este beneficio.
El señalado programa es una estrategia el Mineduc para contribuir mediante importantes fondos al “mejoramiento continuo de la calidad de la educación”, en especial para aquellos escolares que presentan dificultades específicas de aprendizaje, trastorno específico de lenguaje, trastorno de déficit atencional, discapacidad intelectual o asociadas a discapacidades físico-sensoriales, en función de proyectos presentados por las escuelas y administrados directamente por las municipalidades, a través de cuentas corrientes dispuestas específicamente para tal efecto.
[cita tipo= «destaque»]Según da cuenta la querella, la Contraloría lo primero que hizo fue detectar que gran parte de estos Fondos no se destinaron a la contratación de profesionales como psicólogos, fonoaudiólogos o educadores diferenciales, tal como estaba previsto en los proyectos de la escuelas beneficiadas. Posteriormente, se revisaron las cuentas del Scotiabank, que es donde se administran todos los recursos entregados por el Ministerio de Educación, encontrándose que las platas, equivalentes a los casi $700 millones, no solo no se usaron en los PIE sino que además no estaban por ninguna parte. Consultada por la Contraloría respecto al destino de esos fondos no habidos, la alcaldesa DC, Carmen Gloria Fernández, contestó oficialmente que “no se evidencia la utilización de los recursos del PIE para fines distintos de los de Educación”.[/cita]
Según da cuenta la querella, la Contraloría lo primero que hizo fue detectar que gran parte de estos Fondos no se destinaron a la contratación de profesionales como psicólogos, fonoaudiólogos o educadores diferenciales, tal como estaba previsto en los proyectos de la escuelas beneficiadas.
Posteriormente, se revisaron las cuentas del Scotiabank, que es donde se administran todos los recursos entregados por el Ministerio de Educación, encontrándose que las platas, equivalentes a los casi $700 millones, no solo no se usaron en los PIE sino que además no estaban por ninguna parte.
Consultada por la Contraloría respecto al destino de esos fondos no habidos, la alcaldesa DC, Carmen Gloria Fernández, contestó oficialmente que “no se evidencia la utilización de los recursos del PIE para fines distintos de los de Educación”.
Como no fue posible encontrar los fondos que no se gastaron en el PIE en las cuentas corrientes habilitadas para ello, la Contraloría fue tajante en concluir que las “respuestas de la autoridad edilicia en nada desvirtúan lo observado” y que resultan, además, inadmisibles.
“Dado lo antes señalado no es justificación plausible ni admisible, la proporcionada por la alcaldesa, considerando además la cuantía del monto faltante o utilizado en fines distintos”, se puntualiza.
Para el organismo, la jefa comunal DC, que aspira a la reelección, actuó “con pleno conocimiento de esta situación o no pudiendo menos que saberla, atendida las cuantiosas sumas y los presupuestos anuales que manejaba la institución”.
Mientras se estaba realizando la reunión de la Nueva Mayoría para definir a los candidatos oficialistas para las elecciones municipales de octubre, El Mostrador tomó contacto con el municipio de Quinta Normal y, aunque comunicaron que responderían a la solicitud de este medio, optaron finalmente por ignorar los hechos, evitando dar una respuesta oficial.
Del mismo modo se comportó la senadora y presidenta de la DC, Carolina Goic, quien –consultada acerca de cuál era su opinión respecto a que la administración de una alcaldesa democratacristiana, apoyada por la NM, fuera investigada por malversación de cuantiosos fondos destinados a programas escolares en el momento en que el Gobierno conduce una reforma estructural a la Educación– también optó por el silencio, sin siquiera responder los mensajes. De igual forma actuó el ex alcalde de La Florida, ex diputado y dirigente DC, Gonzalo Duarte.
