Fiscalía destapa red que lucró con reunificación de familias haitianas: cobraban hasta $3 millones

Durante al menos dos años, una organización criminal transnacional convirtió la reunificación familiar de ciudadanos haitianos en un negocio millonario. Según la Fiscalía Centro Norte, la red cobraba hasta $3 millones por trasladar niños desde Haití hasta Chile mediante rutas irregulares, aprovechando la desesperación de padres que buscaban reencontrarse con sus hijos. La investigación sostiene que la estructura obtuvo ganancias superiores a los $800 millones antes de ser desbaratada por la Policía de Investigaciones.

Ese esquema quedó al descubierto este jueves, cuando el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para Ezechiel Rome y Jean Chery Dormeus, formalizados por asociación criminal, tráfico agravado de migrantes y lavado de activos. Para el Ministerio Público, ambos dirigían una organización integrada por al menos otras cuatro personas que operaban entre Chile, Haití y República Dominicana.

Según el diario La Tercera, de acuerdo con los antecedentes expuestos por el fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, y la fiscal Carolina Suazo ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la organización operó entre 2024 y junio de 2026 y habría obtenido ganancias por al menos $800 millones, cifra que podría aumentar, ya que aún resta analizar parte de los movimientos bancarios de los imputados.

La investigación sostiene que la red se aprovechó de la imposibilidad de realizar vuelos directos entre Haití y Chile y del cierre de la frontera entre Haití y República Dominicana. Frente a esa situación, ofrecían a padres haitianos traer a sus hijos a Chile por cerca de $3 millones, coordinando el traslado irregular hacia República Dominicana para luego continuar el viaje hacia territorio chileno.

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Según explicó la Fiscalía, aunque los menores contaran con toda la documentación exigida para ingresar a Chile mediante reunificación familiar, el hecho de haber ingresado irregularmente a República Dominicana convertía todo el proceso posterior en un caso de tráfico de migrantes. Esa irregularidad inicial contaminaba jurídicamente el resto del traslado.

El fiscal Jacir detalló que Rome ejercía el liderazgo de la organización desde Chile. Coordinaba el ingreso de los menores, designaba a los adultos que viajarían con ellos, gestionaba o incluso falsificaba autorizaciones notariales cuando era necesario y administraba los recursos económicos obtenidos mediante distintas cuentas bancarias. Dormeus cumplía funciones similares y, además, en algunos casos gestionaba directamente los permisos de reunificación familiar, cobrando un monto adicional por ese trámite.

La estructura también contaba con colaboradores en República Dominicana y Haití. Entre ellos figuraban Julián Guzmán, encargado de recibir y acompañar a los menores durante el tránsito; Juan Doñe, quien facilitaba el traslado hasta el aeropuerto de Santo Domingo; Edmon Emile, hermano de uno de los imputados y contacto de la organización en Haití; y Damene Pettit Frere, quien acompañaba los viajes y realizaba labores de traducción entre creole y español.

La investigación identificó ocho hechos delictivos que sustentan la formalización: el delito de asociación criminal, cinco episodios de tráfico de migrantes vinculados a menores que finalmente no pudieron viajar y dos maniobras destinadas a ocultar el origen ilícito del dinero obtenido mediante la actividad.

Los persecutores explicaron que parte importante de la evidencia provino de declaraciones de padres haitianos que pagaron para traer a sus hijos a Chile. En varios casos, los menores permanecieron durante meses en residencias de República Dominicana luego de que parte de la organización fuera detenida, siendo posteriormente deportados a Haití sin haber logrado reunirse con sus familias.

Respecto del lavado de activos, la Fiscalía sostuvo que los imputados fragmentaban los depósitos entre distintas cuentas bancarias para ocultar el origen del dinero. Además, la Unidad de Análisis Financiero detectó operaciones sospechosas incompatibles con los ingresos formales declarados por ambos. Mientras Rome registró ingresos superiores a $190 millones en un año pese a percibir un sueldo cercano a $500 mil, Dormeus acumuló más de $839 millones en un período similar.

El juez Freddy Cubillos acogió íntegramente los argumentos del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva para ambos imputados, considerando que representan un peligro para la seguridad de la sociedad. Tras la audiencia, Francisco Jacir destacó que el tribunal “acogió en su plenitud los planteamientos del Ministerio Público”, al estimar acreditados tanto los delitos como la participación de los acusados.

Consultado por la defensa, que planteó que los propios padres podrían ser responsables de tráfico de migrantes, Jacir descartó esa tesis. “La situación de precariedad en la que se encuentran las familias, y así mismo la falta de oportunidades, los ha llevado a actuar de este modo con el objeto de reunirse con su familia, pero aquello se efectuó y se hizo de un modo que es ilegítimo respecto de los menores y respecto de quienes lucran con ellos. Pero los papás no lucran con sus hijos en estos casos”, sostuvo.

El caso se conoce en medio de la controversia generada por el proceso de reunificación familiar de niños haitianos. En las últimas semanas, la difusión de un preinforme de la Contraloría dio pie a especulaciones sobre eventuales redes de tráfico de menores. Sin embargo, investigaciones posteriores y antecedentes revelados por El Mostrador mostraron que uno de los principales problemas detectados ha sido el lucrativo negocio montado por agencias de viajes que cobraban millonarias sumas a familias haitianas, acumulando 166 reclamos ante el Sernac por incumplimientos, vuelos inexistentes, reprogramaciones y menores que nunca lograron reunirse con sus padres.