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Agencia Uno
Fiscalía acusa a senador Calisto por fraude al Fisco y pide 12 años de cárcel
El Ministerio Público presentó la acusación contra el senador y otras siete personas por fraudes al Fisco y de subvenciones. Además, solicitó nuevamente su desafuero para llevar la causa a juicio oral.
La Fiscalía presentó este viernes la acusación contra el senador Miguel Ángel Calisto y otras siete personas por delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, dejando la causa en condiciones de avanzar hacia un juicio oral.
El parlamentario independiente, integrante del comité de Evópoli en el Senado, enfrenta una solicitud de pena de 12 años de presidio por una investigación que apunta a un mecanismo para obtener recursos públicos mediante asesorías parlamentarias que, según la Fiscalía, nunca fueron realizadas.
El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky Moscovich, sostuvo que el Ministerio Público cuenta con una amplia base probatoria para sustentar la acusación. “La prueba ofrecida por el Ministerio Público considera numerosa prueba documental, testigos y prueba pericial la que, a juicio de la Fiscalía, permitirá acreditar en un futuro juicio oral cada uno de los hechos que se imputan a los acusados en esta causa”, afirmó.
La acusación también involucra a Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo, respecto de quienes la Fiscalía sostiene que enfrentan delitos con penas de crimen debido al carácter reiterado de los hechos y al monto defraudado, superior a los $100 millones.
De acuerdo con la investigación, entre 2018 y 2022, cuando Calisto ejercía como diputado, habría concertado con ambos imputados un mecanismo para obtener recursos desde el Congreso mediante asesorías que serían ficticias, ocasionando un perjuicio fiscal de al menos $103.664.697.
En ese contexto, el persecutor sostuvo que “Carla Graf nunca realizó asesorías parlamentarias reales para el señor Calisto Águila, siendo sus contratos un mero mecanismo instrumental para la obtención irregular de fondos fiscales”.
La Fiscalía agrega que parte de los honorarios pagados por el Congreso habrían sido transferidos posteriormente al entonces diputado y a Cárcamo para beneficio personal. “En otras palabras, se trata de asesorías fantasmas y de una caja pagadora”, resumió Libedinsky.
Junto con la acusación, el Ministerio Público solicitó nuevamente el desafuero del senador ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique. “Paralelamente a la presentación de la acusación, se ha requerido (…) la declaración de desafuero del referido senador, para que dicho tribunal resuelva que existe mérito suficiente para declarar admisibles los capítulos de la acusación”, indicó el fiscal.
Durante este año, el caso ya había registrado avances luego de que el Juzgado de Garantía de Coyhaique decretara el arraigo nacional de Calisto y le prohibiera comunicarse con Cárcamo y Graf mientras continúa el proceso. En esa instancia, además, la Fiscalía elevó el perjuicio económico atribuido a la maniobra hasta los $105.554.697 e incorporó una segunda arista por presuntos fraudes vinculados a proyectos específicos por más de $32 millones.
Con la acusación presentada, la causa entra en su etapa previa al juicio oral, donde la Fiscalía buscará acreditar la existencia del presunto esquema de desvío de recursos públicos y la responsabilidad de cada uno de los acusados. Consultado por el caso por radio Biobio, el equipo del senador informó que el parlamentario no realizará declaraciones sobre la investigación.
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