Uno de los ideólogos del movimiento estudiantil hace crudo diagnóstico del proyecto de Reforma a la Educación Superior
Para el académico y militante PS, la promesa inicial de campaña de considerar la educación como un derecho social está lejos de materializarse al no haber gratuidad universal, ya que las lógicas de mercado se mantendrán mientras predominen los rasgos neoliberales de la Concertación en la Nueva Mayoría. Y respecto al rol de Nicolás Eyzaguirre, apunta sin pelos en la lengua: “Nunca lo he visto como alguien que le duela el estado de la educación”.
La reforma a la Educación Superior parece estar –como reza el dicho popular– “entre Tongoy y los Vilos”. El proyecto que ingresó al Congreso con una batería importante de detractores, parece tener un difícil futuro en el proceso de tramitación parlamentaria. Un complejo momento para la Nueva Mayoría, que estableció en su programa de Gobierno el proyecto de Educación Superior como uno de los principales hitos de los cambios transformadores que traía la nueva apuesta política.
El abogado constitucionalista y fundador la corriente “Izquierda Socialista” al interior del PS, analizó con El Mostrador el contenido de la reforma y el complejo escenario político que enfrenta la Nueva Mayoría junto a uno de sus principales caballitos de batalla.
Fernando Atria parte desde la premisa de que en el mundo político y “en la situación actual, el Gobierno no tiene poder», lo que imposibilita la generación de cambios estructurales. Esto se configura por distintos factores. Uno de ellos, propio de la Nueva Mayoría, es que la coalición vive con una fractura entre este nuevo grupo “que no acabó nunca de nacer y la Concertación que no acabó nunca de morir».
Es bajo este contexto que nace un proyecto de Educación Superior con bajo apoyo.
“Lo primero que pasa es que la agenda transformadora se hace una agenda que no puede realizarse. Porque para transformar uno necesita poder y harto poder. En cantidades inusualmente altas. Es mucho más fácil administrar que transformar”, señala el abogado. Frente a este panorama, para el académico “el problema ahora es que la posibilidad de que este Gobierno realice una transformación importante de la Educación Superior es cercana a cero”.
Según Atria, son tres los escenarios posibles para la Reforma a la Educación Superior: que pase sin pena ni gloria, que “naufrague en un arrecife burocrático” o que se dicte una ley completamente neutralizada, comparable a lo que fue la Ley General de Educación (LGE) de la Ley Orgánica Constitucional de la Educación (LOCE), posterior a la llamada revolución pingüina. «Se va a promulgar diciendo que la Nueva Mayoría cumple sus promesas y al poco tiempo nos vamos a dar cuenta de que es pura letra chica», puntualiza.
Sin embargo, el abogado cree que el proyecto no debe ser evaluado según las opciones que contiene, sino de acuerdo a cómo ordena la discusión para el futuro. Y parafraseando a Churchill afirma: «Este proyecto no es el fin de la discusión, no es ni siquiera el principio del fin de la discusión, es el fin del principio de la discusión».
El proyecto de reforma –que tiene una extensión de más de 170 páginas– contiene elementos estructurantes para un sistema de Educación Superior. Crea un marco de institucionalidad que es valorado por el abogado, una superintendencia, una subsecretaría y una agencia de calidad «con más dientes» que la anterior. Además, reconoce la inyección basal de recursos del fisco a las instituciones estatales.
Pero los buenos ojos no se mantienen a la hora de hablar de la gratuidad.
Para Atria, la promesa de campaña inicial del Gobierno consideraba a la educación como un derecho social, dentro de este marco –a su parecer– la gratuidad debe ser “genuinamente universal”, de lo contrario, el resultado final “va a reproducir a nivel universitario lo que pasa a nivel escolar. Vamos a tener universidades públicas para pobres y universidades particulares subvencionadas para no tan pobres y universidades particulares pagadas para ricos”.
La gratuidad de carácter universal no se evidencia en el proyecto de ley. «No es posible que uno piense el sistema educacional diciendo ‘si usted va a la universidad A es tratado como ciudadano con un derecho. Si usted va a la universidad B, allá usted’. Si el punto era que la educación es un derecho social, eso vale para todos», puntualiza el abogado.
Para él, el sistema de financiamiento establecido en el proyecto –que depende directamente del PIB Tendencial y la recaudación fiscal– no es el óptimo. A su juicio –al igual como ha sido señalado por otros actores, como el diputado Giorgio Jackson– la mejor forma de financiamiento debe ser con el impuesto a los graduados. Pese a que hay –según dice el profesor– sectores de la izquierda que señalan que esto no es gratuidad, él ve el impuesto como la manera de sacar al mercado de la Educación Superior.
«Esa es una opción que se excluyó por una mala comprensión de lo que significa la gratuidad. Como se excluyó, lo que va a haber es gratuidad parcial y la gratuidad parcial mantiene la lógica del mercado y vamos a seguir con esta lógica, cuando hubo una oportunidad de incluirlo en este Gobierno», dice. Y añade: «Siempre alguien tiene que pagar. La única pregunta es si yo recibo aquello por lo que pago o si yo recibo por ser ciudadano. Y si se paga un impuesto –sea general o especial–, yo recibo por ser ciudadano y pago conforme a mi capacidad de contribución», explica.
Sobre la posibilidad de nacionalizar el cobre para financiar la Educación Superior –idea impulsada por distintos sectores de izquierda–, el socialista lo ve lejano: «Si se nacionaliza el cobre lo haremos, pero poner como condición para la gratuidad universal la nacionalización del cobre es hacerle un servicio bien flaco a la demanda por gratuidad. Es como decir ‘va a haber gratuidad cuando se acabe el capitalismo’. Sí, pero eso quiere decir que al menos en nuestra vida es poco probable que haya», apunta.
Otro ítem relevante para la concepción de la educación como un “derecho social” y que, según Fernando Atria, es de “interés de todos los chilenos”, es el hecho de que las universidades no deben tener dueño. «Es fundamental para el desarrollo de Chile que haya un sistema estructurado y fuerte de universidades estatales que no tengan dueño, en que no hay agendas particulares que estén legitimadas y que eso constituya la columna vertebral del sistema de Educación Superior», añade.
El proyecto de Reforma a la Educación Superior genera una clara distinción entre la propiedad de las instituciones a la hora de entregar sus fondos basales que son otorgados vía ley de Presupuesto. Establece un fondo especial para las universidades del Estado y otro que apunta al financiamiento de la investigación, al que las universidades deben postular.
“No sabemos cuánto significa, pero por lo menos separa las cosas. Separa las universidades privadas –sean o no del Cruch– y separa las universidades estatales. Esas distinciones creo que son importantes de hacer”, asegura el profesor.
La crítica que trae consigo esta división es justamente que aúna a todas las universidades privadas pertenecientes al Cruch con las privadas que no son parte del Consejo, entre ellas, la Universidad de Concepción y la Pontificia Universidad Católica, por ejemplo. Ante la pregunta de si estas instituciones pueden pasar a tener un aporte directo del Estado y ser tomadas como parte de las instituciones públicas, Atria es claro: «Yo cortaria por lo sano y les preguntaría a ellas mismas».
“Las universidades públicas son las que no tienen dueño. Eso significa una forma de gobierno que es académica o universitaria, que puede tener influencias y representación de fuerzas vivas de la sociedad exterior a la universidad, pero hay una forma de gobierno que garantiza que la universidad va a ser autónoma, que no va a tener controlador”, agrega.
Para el profesor es fundamental que los académicos tengan un estatuto asegurado por ley, “que les da autonomía e independencia y libertad académica completa y que ninguna autoridad externa, ningún poder fuera de la universidad, les puede venir a decir qué es lo que un académico puede enseñar o no, cuándo puede dar clases o no. Eso es una universidad”.
Respecto a la Pontificia Universidad Católica, en específico, Atria detalla: “Pondría en la ley: ‘Estas son las condiciones’. Todas las que estén dispuestas a someterse a estas entran. Yo le preguntaría a la Universidad Católica: ‘¿Son ustedes una universidad que está sometida al control del dueño? ¿Los profesores tienen la libertad que el dueño les quiere dar?’. No soy yo el que tiene que venir a decir si la Universidad Católica es una universidad o no. Yo les dejaría eso a los académicos de la UC, qué les parece a ellos que en una discusión como esta la Católica se quedara afuera, si es que se queda afuera”.
La “expulsión del mercado” del sistema de Educación Superior también ha sido una de las principales demandas, principalmente del mundo estudiantil. Para Fernando Atria el proyecto no logra este objetivo.
[cita tipo= «destaque»]“Lo que yo creo que tiene el ministro Eyzaguirre es que es un ministro que nunca asumió el sentido de la Reforma Educacional como si fuera una cuestión de real urgencia política. Yo creo que él lo veía más bien como ‘bueno, es la pega que me tocó para tener posibilidades de ser Presidente’, creo que ese era su cálculo el primer año”, afirma.[/cita]
Un ejemplo en el texto es el Sistema Único de Admisión: “El proyecto dice que todas las instituciones que reciban fondos públicos van a estar obligadas a usar este mecanismo. ¿Por qué no todas las instituciones? Da la sensación de que determina en función de si te doy o no te doy plata de las arcas fiscales”, indica el académico.
Para el militante PS, el problema reside en continuar con la lógica de que “cuando el dinero es fiscal, tiene un régimen distinto”. Pero el punto “no es acerca del dinero, es acerca de cuál es el régimen que corresponde a entender la educación como un derecho social”. Esto también se evidencia en la gratuidad parcelada, “es bien difícil que no termine siendo una suerte de voucher”, y además, “es parcial al interior de cada institución”, lo que –agrega Atria– mantiene la lógica de mercado y de la competencia.
Pero, además, en la dimensión política tampoco logra extraerlo del sistema. “El aparato institucional no está en condiciones de enfrentarse a los intereses que están aquí”, asegura.
Por otra parte, en opinión de Atria, existe una traba institucional que no permite sacar al mercado y que se origina en la actual Carta Fundamental. “La transformación del modelo neoliberal bajo las condiciones de esta Constitución no es posible. Lo cual no tiene nada de raro, esta Constitución fue hecha para que eso no fuese posible”.
La tesis de Fernando Atria sobre la falta de poder en el aparato institucional, en el Gobierno y en el mundo político en general, se expresa también en la construcción de la Reforma a la Educación Superior, principalmente en la discusión sobre su esencia, que se debate en la disputa del centro de gravedad al interior de la Nueva Mayoría.
Fractura que se da dentro de un grupo conformado por “más o menos” la misma “gente de la Concertación. La diferencia es que el centro de gravedad está en la izquierda. El centro de gravedad hacia el neoliberalismo es la Concertación. La Nueva Mayoría era la promesa de que los neoliberales habían perdido protagonismo. Lo notaron y lo resintieron”, afirma Atria.
Según el experto en materia constitucional, “la Concertación devino neoliberal” y esto se refleja al escuchar a estandartes de la Concertación como “Eduardo Aninat y Velasco”. Según Atria en el proceso de la pugna interna “la correlación de fuerzas al interior de la Nueva Mayoría cambió y la Concertación adquirió más fuerza y el centro de gravedad se movió de nuevo, pero no completamente. Hay una cuestión en lucha e indefinición”, precisa.
Indefinición que no ha sido cerrada porque la Mandataria Michelle Bachelet no ha dado una señal clara. «Cada vez que la Presidenta tiene que hacer un anuncio importante se empieza a anunciar ‘no, ahora sí que va a rectificar’. Hasta el ministro Burgos dijo alguna vez sobre lo que esperaba o no que dijera la Presidenta. Y esa rectificación desde arriba nunca ha venido por mantener esta cuestión abierta, no decidida».
Pero para Atria lo que “cada vez es más importante” es “cómo se proyecta esto para el futuro, en vez de qué es lo que va a pasar en este año y medio que queda. Cómo lo avanzado en este Gobierno –sea mucho o poco– se profundiza en la dirección correcta en el siguiente”.
Al inicio del Gobierno de Michelle Bachelet, Atria estableció la necesidad de generar un programa que iniciara un proceso de transformación del modelo. Uno de los proyectos que debían ser parte de este objetivo era la Reforma a la Educación Superior.
Ante la pregunta de si el proyecto del Ejecutivo logra su objetivo inicial, el académico indica que esto depende de su resultado final. “Puede cambiar enfatizando su dimensión transformadora o ratificadora de un sistema de mercado. Mi impresión es que el aparato institucional no está en condiciones de enfrentarse a los intereses que están aquí”, manifiesta.
Para el abogado, si la reforma se dicta el año 2017, “sería más bien un proyecto que ratificaría (el modelo), porque para oponerse a intereses económicos se necesita harto poder y eso es lo que no hay. Desde el punto de vista de la posibilidad de transformar el sistema universitario de Educación Superior, yo creo que hay que tener una mirada más larga que se extienda más allá de la próxima elección”, indica.
Respecto al rol que tendrá el titular de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre –que fue asimismo ministro de Educación al inicio del Gobierno y cumplió un rol clave en el proceso de la gratuidad, junto al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ya habiendo dejado dicha cartera–, en el proceso de tramitación de la Reforma a la Educación Superior en el Congreso, Fernando Atria dice no tener claridad de cómo será.
“Lo que yo creo que tiene el ministro Eyzaguirre es que es un ministro que nunca asumió el sentido de la Reforma Educacional como si fuera una cuestión de real urgencia política. Yo creo que él lo veía más bien como ‘bueno, es la pega que me tocó para tener posibilidades de ser Presidente’, creo que ese era su cálculo el primer año”, afirma.
Para Atria, este es un punto importante a la hora de tomar definiciones desde el Gobierno.
“En las condiciones de neutralización los gobiernos normalmente están dispuestos a conseguir que algo salga, que haya un acto de promulgación y poder decir ‘cumplimos’. Lo que pasó con la LGE, que se dicta porque los gobiernos no solo son proyectos teóricos e ideológicos, necesitan sobrevivir en el mundo real. De repente eso tiene que pasar, pero no puede ser así todo el tiempo”, sostiene.
En ese caso, “si la principal prioridad del Gobierno es obtener un proyecto de ley dictado antes de su fin, ese es el peor escenario, porque entonces es un Gobierno que estaría dispuesto a conceder cosas para que sea aprobado. A lo mejor yo me equivoco y pensaría que la lógica de Eyzaguirre sea esa. Nunca lo he visto como alguien que le duela el estado de la educación (…). Yo esperaría que la discusión quedara abierta”, sentencia.
