Presidenta deberá pagar costas a abogados defensores de los periodistas
El Segundo Juzgado de Garantía de Santiago dictaminó que la Mandataria deberá cancelar $1.200.000 a cada uno de ellos, tras desistir de la acción penal por injurias que la ciudadana presentó en mayo pasado tras la publicación de la revista de una conversación del operador político vinculado a la UDI y formalizado en el caso Caval, Juan Díaz, donde involucraba a la Jefa de Estado en dicha indagatoria.
El caso Caval vuelve a repercutir a la Presidenta Bachelet. Si antes fue por los efectos judiciales sobre su familia y su popularidad en las encuestas, ahora la Mandataria fue condenada por la fallida querella que había interpuesto contra los periodistas de la revista Qué Pasa, por publicar una transcripción de una llamada telefónica donde Juan Díaz, operador político simpatizante de la UDI y formalizado en el caso Caval, hablaba en particulares términos a Natalia Compagnon y vinculaba a Michelle Bachelet con dicha investigación.
En mayo Bachelet se querelló por injurias contra los profesionales y en octubre, el consejo de ética de los medio de comunicación aseguró que hubo dos problemas éticos en la publicación de Revista Qué Pasa, lo que finalmente habría influido en que Bachelet desistiera de la acción penal y que puso término a la causa, junto con el sobreseimiento a los periodistas Juan Pablo Larraín, Francisco Aravena, María José Tapia y Rodrigo Vergara.
Tras el fallido juicio por injurias, el Segundo Juzgado de Garantía determinó que Michelle Bachelet deberá pagar las costas del caso, es decir, 1.200.000 a cada abogado defensor.
Consultado por El Mostrador, uno de los abogados defensores en dicha investigación, Francisco Cox, insistió en que dicha querella de la cual finalmente Bachelet desistió no fue solo un error jurídico sino que un ataque directo a la libertad de expresión. “En nuestro sistema se condena a pagar las costas a quien no tiene motivo plausible para litigar. Estimamos que, al ser condenada a pagar las costas la Presidenta, el Poder Judicial reafirma que su querella carecía de sustento. Fue un ataque a la libertad de expresión. De los pocos casos en el continente en que un Presidente en ejercicio recurre al derecho penal para perseguir periodistas”, afirmó el abogado.
El juez del tribunal, César Orellana, ordenó que Bachelet pague los servicios de un perito informático, la reunión con el relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la revisión de informes de las comisiones investigadoras del caso Caval.
