La integridad no es solo perseguir el dinero malversado

Es importante que en su primera Cuenta Pública el Presidente relevara la integridad, al señalar que “la confianza en la democracia exige un Estado que rinde cuentas, acepta el escrutinio y cierra los espacios donde se refugia la corrupción”. Pero esa declaración debe concretarse en todo el Estado y no solo en el Gobierno. Las instituciones con menor aprecio ciudadano son hoy el Gobierno, el Poder Judicial y el Congreso. Hay variadas razones para ello, pero la más importante es que se han visto envueltas en casos de corrupción.

La Contraloría General de la República ha hecho una gran labor, pero no puede auditar los recursos públicos de los otros dos poderes como tampoco a los órganos autónomos: el Ministerio Público, el Servel y la propia Contraloría. Queda pendiente un proyecto de ley que permita revisar y auditar todos los recursos que provienen del Estado. Los ciudadanos tienen derecho a saber en qué se gasta cada peso, como también que se sancionará a quien atente contra la probidad.

La integridad pública no se agota en perseguir al que roba: esa es su mitad más vistosa, no la más difícil. No hubo ni una palabra sobre financiamiento de la política, lobby, conflictos de intereses, fideicomiso ciego o declaración de patrimonio. Nada sobre datos abiertos, acceso a la información o participación ciudadana en el control del gasto.

La integridad se planteó como fiscalización vertical y no como apertura, pero un Estado íntegro no es solo uno que persigue mejor: es uno que se deja escrutar mejor y que previene con reglas claras sobre el poder, el dinero y la influencia, no solo con más auditores. También es el que aborda la integridad como una tarea que debe ser llevada a la ciudadanía a través de los colegios, universidades y centros comunitarios, pues la educación es indispensable.

El Presidente anunció medidas de seguridad y el combate a la corrupción no puede estar ajeno a ellas: hoy penetra nuestras instituciones mediante el dinero y la amenaza de las organizaciones criminales, y eso socava la democracia y el Estado de derecho. La falta de interconexión entre las instituciones del Estado es la tarea prioritaria. Se podrán intervenir 50 barrios y dar recursos a las policías, pero si no se estructura al Estado para derrotar a esas organizaciones la guerra se puede perder.

Para ello el Presidente debe asumir el mando: coordinar a los organismos, impedir que se oculte información, hacer que la inteligencia trabaje con sistemas compatibles para la persecución penal y ordenar la agenda legislativa. La corrupción es el peor flagelo para un país y en América Latina sobran ejemplos de captura del Estado.

Aún estamos a tiempo, pero se requiere voluntad política y el mando de quien la Constitución hace responsable de ello, como señala en su artículo 24: “El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado”.