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Opinión

“No creemos en la igualdad”

por 18 diciembre, 2016

“No creemos en la igualdad”
No obstante, la igualdad es un valor esencial en la vida social y democrática moderna, empezando por la igualdad ante la ley, que es el fundamento de la acción contra toda discriminación arbitraria y de la promoción tanto de la igualdad de oportunidades en determinadas esferas (como la educación que no debe depender del dinero ni de las desventajas iniciales sino del mérito) como de la igualdad de resultados en otras esferas (como las atenciones de salud, cuyo acceso no debe limitarse por nada que no sea pertenecer al género humano).

La nueva presidenta de la UDI, Jacqueline Van Ryselberghe –imputada por la justicia, pero así y todo elegida en una votación del partido de derecha en que participaron unos siete mil miembros- se va constituyendo en emblema, junto a Sebastián Piñera, de la representación directa del poder económico en el sistema político y del uso de dinero ilegal en campañas. Pero además nos acaba de notificar con toda claridad el 16 de diciembre que entre los valores que inspiran su acción política no está la igualdad y que, más aún, “no creemos en la igualdad”.

No obstante, la igualdad es un valor esencial en la vida social y democrática moderna, empezando por la igualdad ante la ley, que es el fundamento de la acción contra toda discriminación arbitraria. También lo es la promoción de la igualdad justa de oportunidades en determinadas esferas (como en el acceso a la educación que no debe depender del dinero ni de las desventajas iniciales sino del mérito) y la de la igualdad de resultados en otras esferas (como las atenciones de salud, cuyo acceso no debe limitarse por nada que no sea pertenecer al género humano). El mundo de las discriminaciones arbitrarias, que se alimenta de múltiples factores pero sobre todo del predominio del poder económico, es el de las actitudes y de los intereses que representa la derecha. Ahora parece querer defenderlas ideológicamente de manera abierta, empezando por su condena de la idea de igualdad, aunque para ser justos esta condena se extiende mucho más allá de la derecha dura. Es compartida por el sentido común neoliberal que se ha extendido en la sociedad chilena.

La idea de igualdad ante la ley y de oportunidades y de resultados merece ser defendida en la sociedad chilena.

Un proyecto progresista transformador no incluye naturalmente sólo el valor de la igualdad. Pero es uno de sus componentes principales. Este proyecto y sus lineamientos programáticos para el próximo período político (que requerirán de amplios desarrollos participativos para su definición –todos ellos necesitan de discusiones en profundidad- y para la elaboración de la secuencia de puesta en aplicación, incluidos cronogramas y costos presupuestarios) se inspiran en una visión que es a la vez democrática, igualitaria y ecologista y sin duda se planteará terminar con el Estado subsidiario y establecer en plazos breves un Estado inversor, activo frente a los riesgos y solidario para disminuir las brechas sociales y territoriales que fracturan a Chile.

Frente a la expansión histórica de la desigualdad en las sociedades dominadas por el capitalismo global,  la agenda igualitaria  consiste en crear las condiciones para extender normas de igualdad de oportunidades justas y de comunidad, con reducción de la brecha de ingresos y de condiciones de vida entre las posiciones sociales, en que todos gozan de derechos fundamentales y de las mismas oportunidades de prosperar,  con la condición de que contribuyan según su capacidad a que los demás prosperen reduciendo el principio del mercado basado en la codicia y el temor- acrecienta su vigencia, junto a la agenda de sustentabilidad ambiental. Para ello debe establecer límites y deberes colectivos contrarios al mero libre mercado que ha defendido la UDI con tanto éxito en Chile, consagrando por el contrario derechos civiles y políticos extendidos y el mandato al sistema político para hacer realidad derechos  económicos, sociales, culturales y ambientales de todos los ciudadanos.

“No creer en la igualdad” no es sino la defensa de la prolongación y reproducción de la concentración de la riqueza y del poder. Esto es lo que se propone la nueva presidenta de la UDI. Y en especial el que las políticas públicas no persigan un orden social en el que los ciudadanos comunes puedan no estar a merced del poder privado en los ámbitos básicos de la decisión humana.  Ya lo decía Rousseau en un pasaje de su Contrato Social: la participación democrática exige que “ningún ciudadano sea suficientemente rico como para comprar a otro y ninguno tan pobre como para verse forzado a venderse”.

Siguiendo a Gerald A. Cohen (2009), uno de los principales pensadores igualitarios modernos, ya fallecido, todo mercado, aunque sea necesario para asignar recursos descentralizadamente en diversas esferas,  es un sistema depredador en tanto está basado en la codicia de los participantes y en el temor (los demás son una amenaza al propio éxito). La genialidad del mercado según Cohen “reside en que 1) recluta motivaciones bajas para 2) fines deseables; pero 3) también produce efectos no deseados, incluida una significativa e injusta desigualdad”.  Para superar estos efectos, este pensador igualitario moderno propone  concebir a la sociedad como una red de provisión mutua y la aspiración igualitaria como la extensión de lo que llama el  principio de comunidad, es decir el de la reciprocidad comunitaria en tanto “principio antimercado según el cual yo le sirvo a usted no debido a lo que pueda obtener a cambio por hacerlo, sino porque usted necesita o requiere de mis servicios, y usted me sirve a mí por la misma razón”.

Propone Cohen que este principio prevalezca sobre la simple igualdad de oportunidades. Distingue tres tipos de igualdad de oportunidades: la burguesa, que procura eliminar las restricciones de estatus socialmente construidas, como las del feudalismo o el racismo, causadas por asignaciones de derechos y/o prejuicios sociales intolerantes; la liberal de izquierda, que apunta a remover las restricciones provenientes de la cuna y de la educación, que implican desventajas de condiciones de trabajo y de vida, de modo que solo el talento natural y las opciones personales determinen la suerte de cada cual;  finalmente, la igualdad de oportunidades socialista, busca corregir todas las desventajas no elegidas, de las que razonablemente no se puede responsabilizar al agente mismo, ya sea de tipo social o natural: las diferencias en el resultado solo deben reflejar diferencias de elección (por ejemplo en los gustos de consumo o entre trabajo y ocio), es decir las preferencias individuales, y de elecciones entre estilos de vida cuando su satisfacción lleva a un comparable disfrute agregado de la vida. Estas diferencias no constituyen desigualdades condenables desde el punto de vista de la justicia.

Pero para Cohen debe prevalecer el principio de comunidad en una organización social  justa. Este incluye que a las personas les importen los demás y que siempre que sea necesario y posible cuiden de ellos, y que además se preocupen de que a los unos les importen los otros. Así, ciertas desigualdades que no pueden restringirse o prohibirse en nombre de la igualdad socialista de oportunidades si debieran serlo en nombre del principio de comunidad, como la acumulación de unos en presencia de la deprivación de otros, aunque la primera no sea necesariamente injusta en tanto haya respetado la igualdad socialista de oportunidades. Para Cohen, hacer realidad estos principios choca con el poder capitalista establecido y con la propensión egoísta (postula que en casi todos la hay junto a la propensión a la generosidad) y requiere de la acción política, aunque según Cohen “ahora no sabemos cómo hacerlo”.

Pero afirma, lo que compartimos, que es necesario mantener el horizonte de estos principios como un ideal a alcanzar, mientras “en un sistema económico en el que la elección motivada por el propio interés de todas maneras sigue en vigor -aunque ahora con un alcance restringido- hay formas de introducir elementos fuertes de los conceptos de comunidad e igualdad. Una manera posible de hacerlo que nos resulta conocida es mediante la institución de un Estado de bienestar, que saca del sistema de mercado muchos bienes para satisfacer necesidades.”

Michael Walzer (2001), otro de los principales pensadores igualitarios modernos, sostiene con pertinencia que existen diversas “esferas de justicia”. Defiende una concepción de igualdad compleja que supone se preserve la separación de las diversas esferas de la vida social y la inconvertibilidad de las categorías de bienes constitutivas de cada una de esas esferas. Así, el peso igual de cada ciudadano en el proceso de decisión política, el derecho igual de cada trabajador a participar en las decisiones de su empresa, el acceso al éxito escolar según el solo criterio del mérito o el acceso a las atenciones de salud en función solo de las necesidades y no del ingreso de cada cual, son diversos criterios de igualdad relevantes en su esfera pero irreductibles el uno al otro. Siguiendo el criterio de Walzer, en la configuración global de una situación de igualdad compleja el criterio de igualdad de resultados y de reducción de la brecha de posiciones puede ser pertinente si se aplica a determinados dominios específicos, como la seguridad  humana, la atención de salud o el derecho a ingresos básicos, y el de igualdad de oportunidades a otros dominios, como el de la actividad económica lucrativa. Este enfoque de diversas esferas permite discutir sobre los criterios igualitarios pertinentes para unas y otras políticas públicas susceptibles de ser aplicadas por los organismos internacionales, los gobiernos y las entidades administrativas sub-nacionales.

De estas argumentaciones podemos retener en términos de acción política que avanzar a una sociedad justa “implica tanto una condena de la explotación capitalista -por basarse en una injusta desigualdad en la distribución de los medios de producción-, como un apoyo al Estado de bienestar” (Roemer, 1995) para redistribuir recursos al margen del mercado y disminuir las brechas en los activos, los ingresos y las posiciones sociales.

Nada que pueda gustarle a la presidenta de la UDI. Pero tal vez iniciar un debate político en profundidad en la materia pudiera cambiar la actual mediocridad de la deliberación pública, hoy inmersa sólo en discusiones sobre medios parciales para resolver problemas inmediatos, abandonando la indispensable discusión sobre los fines de la acción política y los proyectos de sociedad posibles y sus méritos respectivos.

 

 

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