La historia de la ex fiscal que la sitúa cerca del bacheletismo
Hasta la semana pasada, un informe de la instancia fiscalizadora recomendaba un sumario contra la actual directora del Sename, en el que detallaba actuaciones y omisiones en el ejercicio de su cargo en dicha entidad, hasta donde llegó después de haber ejercido como Fiscal Regional, encargada –entre otros casos– de investigar el 27F, en cuyo marco le tocó tomar declaración a Bachelet, siempre en calidad de testigo. Sin embargo, un acuerdo expresado en una votación prácticamente unánime la dejó fuera de toda mención y posibles acusaciones posteriores.
Para el Gobierno, Solange Huerta –ex fiscal y, desde julio del año pasado, directora del Sename– no es un nombre que sea como el de cualquier otro jefe de servicio. En primer lugar, su historia de vida representa buena parte de los valores que impregnan el relato de la Nueva Mayoría. Hija de un carpintero y de una dueña de casa, que tuvieron 9 hijos, a pesar de las carencias económicas logró, con esfuerzo y buenas notas, ingresar a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en 1987. Aunque no fue dirigenta, sino una activa militante de base pintando lienzos y participando en foros y tomas de la universidad, perteneció a la corriente del Partido Socialista que encabezó el ex canciller de Allende, Clodomiro Almeyda, antecedente directo de la actual coalición oficialista, la facción más influyente del socialismo en los gobiernos de la Concertación, hoy Nueva Mayoría.
“Cuando una optó por la carrera de fiscal, optó por una forma de vida y eso implica tener prescindencia política total. Lo único que podemos hacer los fiscales en términos políticos es ejercer el derecho al voto. Y esa decisión la tomé hace 15 años», dijo en una entrevista a El Mercurio, cuando dejó de ser Fiscal Regional de la Zona Occidente.
En efecto, ingresó a la institución en 2000, a la par de la implementación de la Reforma Procesal Penal. Su destino inicial fue la Fiscalía de Illapel. En 2004 simbolizaba el dificultoso ascenso de las mujeres a puestos de primera línea, transformándose en la primera mujer que era nombrada jefa de una Fiscalía.
Huerta quedó a cargo del ente persecutor en Melipilla, donde estrechó lazos con el entonces jefe de la Zona Occidente, Sabas Chahuán. En su camino a la Fiscalía Nacional, Chahuán no dudó en nombrarla a ella para que lo sucediera.
“Sí, soy ambiciosa y quiero más cosas, pero siempre a este término se le da una connotación negativa. Creo que las mujeres tenemos que ser más ambiciosas. A los hombres no se les cuestiona por serlo y a las mujeres en cambio les provoca culpa”, afirmó en una entrevista.
Llevaba dos años como Fiscal Regional Occidente cuando la nombraron, un par de semanas después del terremoto del 27 de febrero de 2010, como la encargada de investigar la causa penal más importante por aquellos días y que tenía en la mira, ni más ni menos, al Gobierno de Bachelet, por las responsabilidades que pudo haber tenido en torno a la fallida alerta de tsunami que dejó 156 muertos y 24 desaparecidos.
La causa, advirtió Chahuán en su oportunidad, sería investigada por Huerta en tiempo récord. Seis meses fue la apuesta. A la fecha, ya han pasado 7 años y la causa aún sigue vigente.
Una de las actuaciones que de inmediato llamó la atención del bacheletismo –entonces fuera del Gobierno– fue la decisión que tomó respecto de Michelle Bachelet en el caso. Huerta resolvió no imputarla después de determinar que no tenía responsabilidades, a pesar de estar ese día en la Onemi, junto a algunas de las ocho personas que fueron imputadas.
Huerta llamó siempre a Bachelet a prestar declaraciones en calidad de testigo.
[cita tipo=»destaque»]Según varias fuentes consultadas, Huerta es cercana a la jefa de gabinete de Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte, a raíz de la “relación circunstancial, pero cercana” que se creó con la Presidenta a partir de las ocasiones en que ha permanecido a solas con ella, partiendo por las dos veces en que la interrogó como testigo del caso tsunami en su casa, en el verano de 2013.[/cita]
La ex fiscal explicó su decisión detallando que «en la primera etapa, cuando determinamos que acá podía haber delito, y partimos definiendo responsabilidades, lo primero que hicimos fue estudiar los cuerpos normativos, dónde estaban las responsabilidades. Y estas se radicaban desde el ministro del Interior hacia abajo. La Presidenta no está dentro del Plan de Protección Civil», explicó. Esta decisión, que la llenó de críticas desde la derecha –que le recordó continuamente su pasado socialista–, fue crucial para que Bachelet postulara nuevamente a la Presidencia, sin el rótulo de “imputada” en una causa de alta connotación pública.
En 2015, otra decisión judicial de Huerta ayudaría a descomprimir un problema para La Moneda. En febrero de ese año la abogada, en calidad de Fiscal Nacional subrogante, decide separar las causas que componían el Caso Penta y sacar de la investigación de la arista SQM, que involucra a la Nueva Mayoría, al fiscal Carlos Gajardo, artífice de la indagatoria que dejó a dos controladores del conglomerado cumpliendo prisión preventiva. En su lugar nombró al fiscal Andrés Montes, hijo del senador PS Carlos Montes, quien fue uno de los primeros en criticar la medida, calificándola de “inadecuada”. Para calmar las aguas y dar muestras de independencia, el entonces Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, terminó asumiendo el control directo de la investigación.
Según varias fuentes consultadas, Huerta es cercana a la jefa de gabinete de Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte, a raíz de la “relación circunstancial, pero cercana” que se creó con la Presidenta a partir de las ocasiones en que ha permanecido a solas con ella, partiendo por las dos veces en que la interrogó como testigo del caso tsunami en su casa, en el verano de 2013.
Tras dejar la Fiscalía y el caso Shoa sin mayores responsables, convirtiéndose en un fracaso de su gestión, Huerta tuvo un breve paso por la Unidad de Víctimas y Testigos, hasta que se gestó la renuncia al Sename de Marcela Labraña, por sus desafortunadas declaraciones sobre las causas de muerte de la niña Lissette Villa y , después, la salida del siguiente director, Hugo Herrera, ocasión en que pusieron su nombre para asumir la dirección del Servicio Nacional de Menores, en julio del año pasado.
Se le considera leal a la Mandataria.
Por eso, se encendieron las alarmas en La Moneda cuando hubo noticia de que la comisión “Sename II” de la Cámara de Diputados estaba cerca de llegar a sus conclusiones, luego de meses en trabajo de fiscalización. En un borrador propuesto por el diputado René Saffirio, se planteaba de manera explícita la responsabilidad de la Dirección Nacional del Sename en la omisión de denuncias al Ministerio Público, en algunos casos que involucraban explotación sexual de menores, adopción presuntamente ilegal y apremios ilegítimos en hogares dependientes de la institución a través de organismos colaboradores.
“Esta comisión quiere dejar constancia de su preocupación por la aparente laxitud con la que los funcionarios del Servicio, y en particular la Dirección Nacional y las Direcciones Regionales, interpretaron su obligación de denuncia de hechos constitutivos de delitos de los cuales tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones, al tenor de lo que señala tanto el artículo 175 del Código Procesal Penal como el literal k del artículo 61 del Estatuto Administrativo, así como de muchos Organismos Colaboradores a lo largo del país”, asegura el borrador propuesto por el diputado ex DC.
El documento alude a Huerta y Javiera Blanco, cuando afirma que “las autoridades del Servicio (así como las del Ministerio de Justicia) desconocen que el Estado de Chile desde la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño hace más de 20 años, está obligado a tomar ‘todas las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos del niño y para protegerlos de toda forma de maltrato’ (…). Finalmente, esta Comisión concluye que no es efectivo lo afirmado por la Directora en torno a carecer de instrumentos o facultades legales para ejercer de manera activa, eficaz y oportuna los deberes de supervigilancia de los programas institucionales que la ley establece, constatando, entre otras fallas, la utilización excepcionalísima de las facultades de intervención y administración provisional directa que la ley le confiere”, consigna el texto.
El mismo es explícito al afirmar que “es del caso señalar que a pesar del poco tiempo que lleva a cargo del Servicio la actual Directora del Sename, Solange Huerta, las irregularidades persisten y la posibilidad que esta pusiera fin al cuoteo político y al secuestro del Servicio de la acción de los partidos parece algo imposible”. Y, finalmente, recomienda un sumario para Huerta.
“Oficiar al Ministerio de Justicia y a la Contraloría General de la República la realización de un sumario a la Directora Nacional del SENAME, doña Solange Huerta, por la responsabilidad funcionaria que le cabe a ella y demás funcionarios públicos, respecto de conocer la situación del empozamiento de fondos, como señaló ante esta Comisión, sin haber realizado actividad alguna para terminar con dicha situación contraria a las normas de la ley de subvenciones y su reglamento”.
Este documento ya estaba en conocimiento de La Moneda desde la semana pasada, donde el revuelo en la prensa fue causado por el supuesto “blanqueo” que denunciaron Saffirio y parlamentarios de oposición, por el hecho de que no se nombrara como responsables a la ex directora, militante DC Marcela Labraña, y a la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, actual consejera del CDE.
Hasta el jueves pasado, sin embargo, figuraba la petición de un sumario contra Solange Huerta. Pero cercanos al Gobierno aseguran que fue justamente la fiscal quien despertó la preocupación en Palacio.
El interés por no involucrar a Huerta con nombre y apellido logró influir en la decisión de votar el informe final, donde la ex fiscal no aparece mencionada. A cambio, la gestión de Javiera Blanco en Justicia es consignada como “negligente e inexcusable” en el documento que se aprobó por 12 votos a favor y uno en contra. Los consultados al interior de La Moneda afirman que este cambio se produjo en el entendido de que “Blanco y Labraña políticamente ya están fuera de combate”. De esta manera, tanto los parlamentarios de la Nueva Mayoría como de Chile Vamos votaron en bloque por un informe que no establece responsabilidades directas a persona alguna, salvo la mención a Javiera Blanco.
“Aquí hubo un esfuerzo importante, primero de los diputados de la Nueva Mayoría, por proteger a las autoridades de Gobierno, particularmente a la directora del Sename; y, por parte de la derecha, de proteger el negocio de los organismos colaboradores. Los niños quedan al medio de estos dos intereses”, sostiene el diputado Saffirio.
Por su parte, Marcela Sabat (RN), que también integró la comisión, asegura que lo que se hizo en forma constante y permanente fue un blindaje a todas las autoridades. «Se viene haciendo desde la interpelación a Blanco. Dejamos constancia que aquí había una discusión de fondo, que tiene que ver con la defensa y con el blindaje a las autoridades de la Nueva Mayoría. Lamentamos que se haya excluido la responsabilidad de la ex directora Labraña, como el de la directora Huerta. En ese sentido hay una contraposición de ideas cuando se solicita al Estado pedir perdón por la vulneración de Derechos Humanos de estos niños, pero al mismo tiempo se excluye de responsabilidad a dos directoras que sabemos tuvieron esa responsabilidad”, afirma Sabat.
Pero no está dicha la última palabra, el informe –que solo funciona como una recomendación para futuras acciones– todavía debe ser aprobado en la Sala de la Cámara, donde sus conclusiones pueden ser impugnadas.
