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Abbott versus Gajardo: salvavidas de la Fiscalía a controladores de Penta vuelve a enfrentarlos

por 4 julio, 2018

Abbott versus Gajardo: salvavidas de la Fiscalía a controladores de Penta vuelve a enfrentarlos
El Fiscal Nacional dio un espaldarazo al persecutor Manuel Guerra y aseguró que el Ministerio Público ha demostrado "enormes fortalezas". Pero una opinión contraria tiene el ex fiscal del caso Penta, quien cuestionó el acuerdo con Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, señalando que con su accionar la Fiscalía avala los "grandes portonazos económicos".

La decisión del Octavo Juzgado de Garantía de aprobar el procedimiento abreviado contra los controladores de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, además del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, en el marco del Caso Penta, ha generado otro capítulo de diferencias de opinión entre el Fiscal Nacional Jorge Abbott, y el ex persecutor de la causa, Carlos Gajardo. 

Abbott dio un espaldarazo al fiscal Manuel Guerra y aseguró que el Ministerio Público ha demostrado enormes fortalezas. "Basta recordar la reacción en la Operación Huracán, pocas veces vista en la historia. Nos parece bastante injusta la apreciación que se nos hace y hay que ver las causas como Corpesca y SQM, que van a ir a juicio, donde aparecen personas con puestos relevantes dentro del Estado", dijo.

“Conociendo y estudiando los antecedentes de la investigación, llegó a la íntima convicción de que tenía que reformalizar y él, dentro de sus atribuciones legales, tomó una decisión a partir de la convicción a la que arribó”, añadió Abbott en relación con el fiscal Guerra. 

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia del Caso Penta, en que el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y eliminó el delito de cohecho y soborno y solo se les reconoció a los empresarios su participación en delitos tributarios, a pesar de la negativa de los querellantes del CDE y la Fundación Ciudadano Inteligente, que fueron marginados del proceso.

Dardos de Gajardo

Contrario a las declaraciones de Jorge Abbott se mostró Carlos Gajardo, quien fue el persecutor de la causa en un principio junto a Pablo Norambuena. "¿Qué señales damos como país si, al final, los casos más graves, los grandes portonazos económicos, terminan al final sin sanciones efectivas?", cuestionó Gajardo en entrevista con Radio Cooperativa

El ex fiscal recordó que la empresa liderada por Délano y Lavín pagó tres millones de pesos cada dos meses al entonces subsecretario Wagner. 

"El mensaje que se da por parte de la Fiscalía, lo más grave creo yo, es decir hoy a todos los empresarios de Chile: usted le puede pagar tres millones de pesos a un ministro, a un subsecretario, a un parlamentario, puede reunirse con él para los negocios que le interese a la empresa y eso hoy no es delito", planteó.

Finalmente, Gajardo dijo que "el problema en temas de probidad es justamente que hay personas que creen que con dinero pueden hacer cualquier cosa y pareciera que el Estado les da la razón, porque dice 'bueno, si te pillo, usted me paga y aquí no ha pasado nada'. No puede ser esa la señal que da un Estado moderno".

Pugna de larga data

No es la primera vez que Gajardo y Abbott tienen diferencias de criterio. En abril, durante la cuenta del Ministerio Público, el Fiscal Nacional aprovechó la ocasión para mandar un mensaje a los persecutores: "No hay espacios para intereses ni protagonismos personales".

Las palabras de Abbott no cayeron bien a Gajardo, quien respondió en esa oportunidad diciendo que "el Fiscal Nacional debiera aprovechar esa cuenta pública para hacer un balance de su gestión y para preocuparse de los graves temas que hay en temas de seguridad y en temas de corrupción, me parece que andar perdiendo el tiempo dándoles mensajes a los fiscales de cómo deben hacer su trabajo es una pérdida de tiempo que ha suscitado la molestia entendible de la Asociación de Fiscales".

La sentencia contra los controladores de Penta y el ex subsecretario Wagner se dará a conocer el próximo 9 de julio a las 14:00. La Fiscalía solicitó una pena de 4 años de presidio, la cual podrán cumplir en libertad, y el pago de una multa de $1.700 millones. 

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