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Los juegos de apuestas en línea son una industria en claro crecimiento a nivel internacional. Además, a raíz de la pandemia por la Covid-19, muchas personas han trasladado gran parte de su vida al espacio digital. Por ello, la propagación de juegos de casino en línea se ha expandido muchísimo.
No obstante, en todos los países del mundo existen políticas estrictas sobre las apuestas y los juegos de azar. Indistintamente de que se trate de un juego en internet, cada país establece políticas regulatorias estrictas. Sin embargo, algunas veces tales exigencias en esta materia no están bien sostenidas por un aparato legal sólido.
Para el caso específico de Chile, hay muchos problemas en las regulaciones de juegos en línea. Los casinos online en Chile tienen ciertas particularidades que deben revisarse. Temas en los que hay que profundizar.
En líneas generales, el objetivo de la regulación es poner ciertos controles a las apuestas en el mundo. La idea es ofrecer un producto seguro y que mantenga tus datos personales a salvo, así como velar por unas apuestas seguras y moderadas por parte de los jugadores.
Todos los casinos del mundo se encuentran regulados por las políticas internas de cada legislación nacional. Dependiendo de dónde se encuentre la sede central de determinado casino, este debe tratar con políticas de regulación diferentes.
Las instituciones más famosas en esta materia son la Gambling Commission, del Reino Unido, y La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), de España. Son entidades que tienen bajo su jurisdicción un número importante de casinos presenciales y en línea. Cabe destacar que, a pesar de que los casinos se encuentran en estas ubicaciones, también generan usuarios en todo el mundo.
Reino Unido y España no son los únicos destinos en materia de casinos. Hay otros países con amplia exportación de juegos de apuestas, como son Curazao o Chipre.
Latinoamérica es un continente de alto consumo de apuestas de casino. Las apuestas en línea, además, han sabido encontrar un lugar en diferentes países como Chile, Perú, Venezuela, Colombia, México y Argentina.
En el caso particular de Chile existe una de las entidades con el control de casinos en línea más desprolijo y con mayores retrasos en aprobación de permisos para juegos de apuestas. En el país, hasta no hace muchos años, no existían regulaciones claras para los juegos online, lo que complicaba seriamente su práctica.
El ente regulador de las apuestas en Chile es la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Esta institución, durante los últimos dos años, ha puesto varias trabas al avance de las legislaciones para permitir los juegos en línea.
Entre las últimas noticias en este tema, la SCJ ha suspendido los permisos de renovación para los diferentes casinos por tres meses. El 27 de agosto publicaron un comunicado afirmando que por 90 días no se avanzará en este tema lo que representa un gran problema, sabiendo el enorme mercado y la gran cantidad de jugadores existentes en el territorio nacional.
A pesar de los obstáculos, han surgido soluciones importantes en este último año. La SCJ a través de la Ley Nª 19.995 propone el otorgamiento de permisos para casinos con vigencia hasta 2024. Esto es un gran logro y un avance para el mercado de juego local.
¿Qué beneficios ofrece esto para el jugador chileno y para el país? Las apuestas podrán realizarse en casinos locales online, lo que disminuye el costo al jugador. Además, al haber entidades que puedan ofrecer dicho producto en Chile, los impuestos por apuestas se dirigen enteramente al Estado.
Aún falta mucho para poder establecer una legislación más organizada en Chile cuando se trata de casinos y apuestas. También ha habido serias restricciones y atrasos por parte del Estado para poder avanzar en estos temas. Sin embargo, ahora en Chile se cuenta con un sistema más permisivo para los casinos en línea.
Lo qué depara lo que queda de 2020 y principios del 2021 es aún incierto. Pero, lo que es claro es que Chile necesita un aparato legislativo más detallado para las apuestas en línea. Como en todo mercado, el acompañamiento del Estado para fomentar las empresas nacionales que ofrezcan un producto de calidad, seguro y viable, debe ser una máxima a seguir siempre, lo que justifica tanta insistencia en la aprobación de los permisos previamente mencionados.
