No todo lo que brilla es oro, escándalo y castigo para Peña

Después de la era de los golpes de estados y las dictaduras militares en América Latina, otros patrones críticos se han sucedido en la región. A menudo se enfatiza la transformación de la indignación popular en violentos estallidos con su espiral de inestabilidad política -como ocurrió con Argentina en diciembre de 2001 y con 5 presidentes en 11 días-. Otro derrotero potencial es cuando el Congreso asume el protagonismo político, ya sea para autorizar al poder judicial a investigar a un presidente por abandono de funciones o corrupción, o sencillamente para destituir al mandatario de turno tras un juicio político.

Esta dimensión puede ser denominada crisis sin quiebre en tanto expresa turbulencia con continuidad institucional. En general se recurre al ejemplo de Perú con sus ocho jefes del ejecutivo vacados en una década, aunque Paraguay no se queda atrás con juicios políticos en 1999 a Cubas, en 2002 a González Macchi y a Lugo en 2012.

La última crisis estalló con apariencia repentina, cuando las autoridades del Banco Central de uno de los países que más crecía en la región (6,6% en 2025) bajo inflación controlada (3% el mismo año), Paraguay –señalado por varios como modelo a seguir-, determinaron el martes 3 de noviembre que Ueno Bank sería intervenido por insolvencia. Fue aplicado una especie de “corralito”, deteniendo las operaciones bancarias a sus clientes, quienes no pudieron acceder a sus fondos hasta el viernes la mañana.

El problema es que las cuentas personales sumaban unos 3 millones, la mitad de los habitantes paraguayos, sin contar una de las aristas más escalofriantes: el Instituto de Previsión Social, encargado de pensiones nacionales, confió a Ueno cerca de 850 millones de dólares comprometidos, bajo la forma de certificados de depósitos de ahorro y bonos financieros.

Pero ¿por qué el Banco Central paraguayo esperó hasta que la empresa privada cayera bajo el 50% legal del índice de solvencia para tomar recién medidas? Desde junio se había alertado que la empresa prestaba a los propios integrantes del holding con intereses beneficiosos. Parte de la respuesta es que el organismo regulador tenía a la cabeza a Carlos Carvallo, antiguo gerente del banco privado que fundara Miguel Vázquez en 2023, quien fue nominado al cargo por uno de los accionistas fundadores de Ueno, hasta principios de 2025, el Presidente del Paraguay Santiago Peña. Entonces una esperpéntica secuencia de crisis financiera, costos sociales y prácticas políticas que comprometen hondamente un sano ejercicio político, culminando en otro episodio de inestabilidad suma.

Peña había declamado los buenos resultados macroeconómico, buscando atraer inversiones mediante beneficios tributarios. Al mismo tiempo persistían las constantes de la tradicional política paraguaya: En primer lugar, la presencia casi permanente de una formación política catapultada a la categoría de cuasi partido de Estado, el Partido Colorado, con varias facciones canalizadoras de la contienda política. Enseguida un tipo de escándalos producidos por el abuso de poder o por la corrupción, que puede tener o no la amenaza de intervención militar, con o sin participación de jornadas de protestas masivas, concluyendo con el derribo o sobrevivencia del Presidente, pero que siempre apuntaba a un partido gobernante dividido.

De hecho, entre los antecedentes del trance apunta a un actor no siempre destacado, el expresidente Horacio Cartes (2013-2018) al frente del Partido Colorado. Imposibilitado constitucionalmente a repostularse a la máxima magistratura en 2023 y en abierta oposición a su sucesor Mario Abdó Benítez, apoyó a un joven empresario como candidato quien ganó la presidencia. Durante un tiempo fueron aliados, pero la develación de la trama Ueno gate y su secuela de incremento exponencial de patrimonio de Peña, los distanció.

Rápidamente Cartes intentó blindar al partido, organizado desde la sede partidaria una serie de encuentros para preservar su influencia. ¿sería capaz de resistir la caída en desgracia presidencial, esquivando la responsabilidad de haber respaldado a Peña? Flanqueado por políticos de la talla del vicepresidente paraguayo, Pedro Alliana; el expresidente Nicanor Duarte; y el titular al frente del Congreso, Basilio Núñez, Cartes participó en las negociaciones para que primero Peña resignara su cargo –lo que hizo en una carta y video-, y enseguida el Legislativo aceptara su renuncia presidencial, faciltando el juramento de Alliana como nueva suprema autoridad. Parecía una fórmula express para evitar un trauma mayor, bajo un trato que permitía a Peña eludir el juicio político, asumiendo como senador vitalicio con fuero lo que descartaba una investigación judicial.

Pero los congresistas decidieron perseverar, rechazando la carta de renuncia y votando por unanimidad a favor de iniciar el juicio político. Si aceptaban su dimisión, Peña quedaría como senador vitalicio, sin atribuciones de voto, pero con el cortafuego de la inmunidad parlamentaria, pulverizando la posibilidad de un proceso judicial. El jueves se esperaba el Senado se pronunciará. En su lugar Núñez convocó a una sesión conjunta bicameral. Oposición y colorados disidentes escoraron el rechazo a la renuncia. Fue cuando el sempiterno oficialismo colorado de Cartes decidió retirarse de la sala, dejando sin quórum la sesión. Un vano intento de coartar el proceso: dos horas después se anunció que el Senado sesionaría para tratar el juicio político a Peña. La sesión se retomó este viernes con la petición de Peña de prorrogarla 72 horas para permitirle defenderse, que fue desechada, por lo que envió a sus abogados con el argumento de procedimiento nulo por su dimisión previa. No faltan quienes sospecharon que se trataba de una maniobra de dilate, incluso una ventana para una eventual fuga. El rumor encendió las protestas callejeras y ni siquiera puede descartarse un eventual estallido –más por la convocatoria de sectores a un paro nacional- . Finalmente, Peña fue destituido por la votación unánime de los senadores paraguayos.

Los efectos se dejan sentir en un país que escaló su riesgo al puesto 143 y contempló la vertiginosa devaluación de su moneda respecto de la divisa estadounidense en un 8.8%, amenazando con dejarse sentir en la vecina Argentina. También la actual administración en Washington pierde un alfil en su estrategia de “copamiento” regional, seriamente comprometida tras las re-elección de Lula en Brasil. Y no menos relevante, evidencia una vez más la delicada cuestión de no separación entre negocios privados y política, los riesgos de un partido omnipresente, y el peligro de los mercados sin una adecuada regulación.

Conviene no dejarse encandilar por cifras macro-económicas robustas en un contexto de opacidad generalizada, que puede ocultar una cleptocracia enquistada. Al final no todo lo que brilla es oro.