Mentiras y sospechas del criterio Rabat

El daño humano, institucional y político provocado por la inédita liberación de al menos 56 condenados por delitos sexuales contra menores es de tal magnitud que las explicaciones oficiales ya no parecen suficientes.

Se trata de personas que recibieron rebajas administrativas sin que existiera una sentencia judicial que obligara al Ministerio de Justicia a concederlas.

Las vocerías oficiales han sido cuestionadas y desmentidas en reiteradas ocasiones. Y, a juicio de distintos especialistas, ese escenario obliga a despejar una pregunta incómoda: ¿estamos solo ante errores, falta de preparación de los equipos y un descriterio político, o existe algo más que debe investigarse?

La confianza pública está dañada.

Por eso, una de las medidas que plantean los expertos es recopilar y transparentar todos los decretos tramitados y firmados durante esta administración, no solo aquellos relacionados con condenados por delitos sexuales contra menores, sino también los correspondientes a condenados por crímenes de lesa humanidad.

Solo con esos antecedentes sobre la mesa será posible establecer –o descartar– si detrás del denominado “criterio Rabat” existió una línea de actuación común que terminó beneficiando a personas condenadas por delitos sexuales y también a responsables de violaciones de los DDHH.

Las sospechas están instaladas. Pero si el objetivo es terminar con la desconfianza, los especialistas advierten que las respuestas no pueden limitarse a los cambios parciales anunciados hasta ahora.

Una de las reformas planteadas es crear un tribunal de ejecución de penas, con jueces especializados encargados de resolver sobre beneficios penitenciarios, retirando esas atribuciones del Ministerio de Justicia.

Ese sería un cambio estructural.

Y es ahí, sostienen, donde debería concentrarse la discusión si se busca una respuesta de fondo.

Si quieres conocer todos los antecedentes de esta información, revisa este Punto por Punto de El Mostrador, con Paulina de Allende-Salazar.