Juan Carlos Rauld: “El Estado desprotege. Es una intervención cara con malos resultados”

En medio del debate sobre la crisis del sistema de protección de la infancia en Chile, Juan Carlos Rauld, doctorante en Trabajo Social de la Universidad Rovira i Virgili, editor del Centro de Reflexiones Críticas y autor del libro “Desprotección de la infancia: dominación, biopolítica y gobierno”, analiza las fallas estructurales que, a su juicio, atraviesan las políticas públicas dirigidas a niños, niñas y adolescentes.

Desde su experiencia, advierte que el problema no es únicamente técnico, sino profundamente político. Según sostiene, existe una gestión fragmentada y una débil articulación entre las distintas instituciones involucradas, lo que termina traduciéndose en una “sobreintervención” en la vida de los niños.

Rauld explica que muchos niños, niñas y adolescentes son derivados simultáneamente a programas de salud, protección, justicia y apoyo familiar sin una mirada integral ni procesos verdaderamente individualizados. A ello se suma una creciente judicialización de los casos y un enfoque tecnocrático que, según plantea, ha desplazado el cuidado efectivo.

En este contexto, cuestiona que bajo el discurso de la protección se reproduzcan dinámicas de desprotección, mediante intervenciones costosas, estandarizadas y, en muchos casos, poco efectivas desde la perspectiva del bienestar de los propios niños.

Para profundizar en esta problemática que afecta e impacta directamente en la vida de miles niños, niñas y adolescentes (NNA), El Mostrador conversó con el investigador.

-¿Cómo se manifiesta esta sobreintervención en la vida cotidiana de los niños, niñas y adolescentes?

Se manifiesta a través de una multiplicidad de programas que funcionan de manera desorganizada. Tenemos una política pública ineficaz, con un gasto ineficiente, una planificación deficiente y una articulación institucional que termina generando sobreintervención en los niños.

Lo que predomina es un discurso clínico-terapéutico estandarizado, de baja calidad y poco adaptado a las necesidades particulares de cada niño. Es común encontrar a un mismo niño participando simultáneamente en un programa de reparación por abuso sexual, en una familia de acogida, en un programa de apoyo familiar, además de recibir atención en un Cesfam, en una Oficina Local de la Niñez (OLN) o en una Oficina de Protección de Derechos (OPD).

Todo esto ocurre de manera desarticulada porque en Chile no existe una verdadera coordinación intersectorial. Es decir, los distintos ministerios y servicios no están trabajando de forma integrada ni observando al niño desde una misma perspectiva.

A esto se suma una fuerte judicialización. Muchos de estos procesos son impulsados por decisiones judiciales y se desarrollan incluso contra la voluntad de los propios niños.

-En tu libro sostienes que la crisis de la infancia es política y estructural más que técnica. ¿Qué responsabilidades concretas le atribuyes al Estado y a los gobiernos de turno?

La responsabilidad es total. La administración de las políticas de infancia ha estado en manos de gobiernos de distintos signos políticos y, en términos generales, el trato hacia esta problemática ha sido bastante similar.

Ha habido diferencias de énfasis. Por ejemplo, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera hubo una gestión más tecnocrática, particularmente enfocada en la justicia juvenil, debido a las graves situaciones que se registraron en centros de internación.

Recuerdo el caso de un joven privado de libertad que pidió ayuda a quienes tenían el deber de protegerlo, funcionarios mandatados por el Estado y el Poder Judicial, y que finalmente terminó siendo apuñalado y falleció dentro del recinto. Ese es un ejemplo dramático de cómo la institucionalidad puede fallar incluso cuando existe una intensa intervención sobre la vida de una persona.

-Hablas de la desprotección como una forma activa de poder. ¿Cómo opera este mecanismo en instituciones públicas y privadas?

Lo que yo llamo desprotección es precisamente lo que los expertos, técnicos y tecnócratas suelen denominar protección.

El propio Servicio de Protección Especializada se presenta como una institución destinada a proteger a la infancia, pero muchas veces los resultados terminan generando más desprotección que protección efectiva.

Bastaría con preguntarles directamente a los niños cómo evalúan las intervenciones que reciben. Algunos dirán que no les gusta asistir a estos programas; otros señalarán que participan porque están obligados. Es cierto que muchos profesionales hacen su mejor esfuerzo con los recursos y condiciones disponibles, pero la pregunta relevante es qué tan satisfechos están los niños con la atención que reciben del Estado.

Desde esa perspectiva, estamos frente a una gestión costosa en términos de recursos públicos, pero altamente deficitaria en resultados. Si realizáramos una evaluación costo-beneficio, probablemente concluiríamos que se trata de intervenciones caras y con escaso impacto positivo.

-¿De qué manera la tecnocracia y los sistemas de gestión han desplazado el cuidado real en las políticas de infancia?

No creo que la infancia más vulnerable sea realmente una prioridad para Chile. El sistema está orientado a atender aquellos casos que resultan más viables, más visibles o más convenientes para determinadas instituciones.

Por ejemplo, existen numerosos programas de reparación para víctimas de abuso sexual, lo que es necesario, pero no vemos la misma inversión en políticas destinadas a fortalecer el derecho de los niños a vivir en familia.

Cuando un niño sufre abuso, lo que debería ocurrir es que el agresor abandone el hogar. Sin embargo, muchas veces sucede lo contrario: es el niño quien termina siendo trasladado a una residencia porque no se logró sacar al agresor de la casa.

Esto ocurre en contextos donde también existen dependencias económicas, violencia intrafamiliar y múltiples factores que dificultan proteger al niño dentro de su propio entorno. Finalmente, quien paga las consecuencias es el niño, que termina siendo separado de su familia y de su espacio de vida.

-Finalmente, ¿qué significa politizar el cuidado y cómo podría traducirse en políticas públicas concretas?

Politizar el cuidado significa comenzar a cuestionar seriamente lo que estamos haciendo con la niñez.

Los profesionales que trabajamos en estas áreas nos hemos acostumbrado a situaciones que no deberían normalizarse: fallecimientos, hospitalizaciones recurrentes o intervenciones excesivas que terminan convirtiéndose en una forma de ensañamiento terapéutico.

El Servicio de Protección lleva adelante múltiples acciones jurídicas y administrativas ordenadas por los tribunales, pero muchas veces involuntarias desde la perspectiva del niño. Por eso sería importante preguntarles directamente qué tan conformes están con procesos que no eligieron y que les fueron impuestos.

Pensemos en una terapia por abuso sexual a la que un niño asiste porque así lo ordenó un juez. Para avanzar o finalizar ese proceso depende de la evaluación de especialistas, generalmente psicólogos, trabajadores sociales y abogados. Poco a poco el cuidado es reemplazado por la gestión, la tecnificación y la profesionalización.

Si realmente quisiéramos mejorar la calidad del cuidado, estaríamos concentrando nuestros esfuerzos en las condiciones materiales de vida de los niños y sus familias. El problema es que el Estado desprotege, vulnera, no previene y no invierte lo suficiente donde más se necesita.