Y los derechos de las personas mayores, ¿cuándo?

Pero la cosa cambia cuando el tema no es de interés de la mayoría de las autoridades, no genera dividendos políticos o comunicacionales. Por mucho esfuerzo que haga un parlamentario o un funcionario de gobierno, si no hay apoyo mayoritario ese tema no avanza nada aunque sea de gran importancia para una parte significativa de la sociedad.

Pasó con la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, que se demoró años en Chile y actualmente está pasando con la promulgación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, convención que fue aprobada por el Congreso Nacional en marzo de este año y que desde entonces espera ser promulgada por la Presidenta Bachelet.

Es curiosa esta demora, porque si bien aún no entramos de lleno en el periodo electoral, todos los candidatos hablan de la vejez, de las pensiones, del bienestar de las personas mayores. El Gobierno trabaja en una reforma al sistema de pensiones que asegura mejorar la calidad de vida de nuestros viejos, pero cuando hay que hacer cosas concretas que van a impactar fuertemente el cómo entendemos la vejez y el cómo generamos espacios de participación en los ámbitos sociales, culturales y, especialmente, laborales o el cómo garantizamos los derechos de los mayores a los cuidados de mediano y largo plazo o su acceso a la salud, pareciera que no hay voluntad política.

Es tan evidente este retraso que un grupo de parlamentarios envió recientemente un oficio a la Presidencia de la República “para que tenga a bien disponer la pronta promulgación del proyecto de ley que aprueba la convención” y por su parte, la bancada UDI anunció un oficio de fiscalización a raíz del desfase.

Y es que la promulgación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores obligará a nuestro país a modificar diversas leyes para asegurar 26 derechos específicos de las personas mayores, tales como igualdad y no discriminación por razones de edad, trato digno en la vejez, salud, trabajo, educación, cultura, vivienda, accesibilidad, entre muchos más. La promulgación de este documento es una acción concreta del Estado de Chile en beneficio de más de 3 millones de personas que hoy tienen 60 o más años y, de paso, asegura que los que vamos camino a esa edad contemos con garantías mínimas que nos permitan vivir nuestra vejez con más calidad y bienestar.

Las personas mayores son un grupo empoderado que, por supuesto, está en conocimiento de este documento y espera, con ganas, su promulgación. Por lo tanto, si de verdad nuestras actuales autoridades y las que van a presentarse a la próxima elección presidencial y parlamentaria están preocupados por los mayores y la calidad de vida en la vejez debieran jugársela y acelerar la promulgación de la Convención.

Hoy las personas quieren hechos concretos. Las personas mayores continúan votando por convicción, para ellos esto del voto voluntario muchas veces no corre, pero ya no le regalan el voto al primer candidato que les ofrece viajes recreacionales. Hoy los mayores marchan para exigir mejoras en el transporte público, para manifestar su descontento con las AFP, marchan con los estudiantes para lograr una educación de calidad para sus nietos.

Entonces, señores funcionarios de Gobierno, candidatos, asesores políticos, demuestren su preocupación por este segmento no solo con propuestas (de gobierno, de reformas, etc), sino con hechos concretos que impliquen cambios reales. Sería lamentable que los cuatro años de trabajo que significó esta Convención y todos los esfuerzos que ha hecho el mismo Estado a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor por darla a conocer en todo el país quede en nada y sigamos pensando que, una vez más, la preocupación de las autoridades por las temáticas de vejez y envejecimiento son solo palabras que, más tarde o más temprano, se las lleva el viento.