La presidenta del Partido Por la Democracia (PPD), Carolina Tohá, manifestó su rechazo y calificó como un «error» la reciente aprobación por parte de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Corema) de Coquimbo, para construir una central termoeléctrica a carbón de 540 MW, en la caleta de Chungungo, comuna de La Higuera.
En este sentido la timonel PPD emplazó al Presidente Sebastián Piñera a cumplir con la negativa para dicho proyecto en consideración de que era una promesa de campaña del mandatario.
Según Tohá, Piñera logró «apoyo» en su calidad de candidato presidencial al manifestar su rechazo a la construcción de la termoeléctrica.
«Hay un peso y un valor de la palabra de las autoridades y en este caso «el Presidente de la República (Sebastián Piñera) como candidato había dicho como forma explícita y clara y había logrado el apoyo de chilenos y chilenas en base a esta declaración, que las centrales a carbón eran un camino que él iba a intentar no se siguiera avanzando en el país como estrategia de desarrollo energético», sostuvo Tohá.
La presidenta del conglomerado opositor comprometió acciones del PPD para apoyar todas las acciones que emprendan los colectivos ciudadanos como lo son los de tipo judicial, recurso de protección y nulidad, acciones administrativas.
A la negativa para la termoeléctrica se sumó el Presidente del Partido Socialista, el diputado Osvaldo Andrade, quién reiteró la aprobación del proyecto como una «promesa incumplida» por el Presidente Sebastián Piñera, en su calidad de candidato a La Moneda.
DÍAZ (PS) ACUSA PROCESO «PLAGADO DE IRREGULARIDADES»
Su indignación por los graves vicios del proceso con que la Comisión Regional de Medio Ambiente de Coquimbo decidió manifestó el diputado PS por la zona, Marcelo Díaz, quien acusó que el proyecto Barrancones «ha sido un proceso claramente plagado de irregularidades, por lo que ejerceremos todas las acciones legales, jurídicas y políticas para evitar que se consolide esta aberración. Aquí ha habido una decisión política de aprobar el proyecto, ya que el Presidente comprometió su palabra en el sentido contrario».
El parlamentario presenció la resolución en el interior de la Corema, mientras en las afueras era seguida con expectación por grupos ambientalistas y sociales que se han movilizado por meses para hacer presente el grave daño que el proyecto ocasionará a una zona de gran riqueza natural.
«Sin embargo, hemos enfrentado las malas prácticas de la empresa Suez Energy – promotora del proyecto Barrancones -, que ha ejercido un tráfico de influencias indignante, ofreciendo prebendas a distintos sectores que se verán afectados por esta iniciativa», declaró.
El diputado Díaz dijo que entre las acciones que evalúa está la presentación de un recurso de protección que busque establecer los vicios del proceso.
De igual modo como «inaceptable» calificó la comunidad opositora a Termoeléctrica Castilla la aprobación por parte de la Corema de Coquimbo del proyecto antes mencionado.
La Termoeléctrica Castilla, que pretende ubicarse al sureste de Copiapó, tiene proyectado generar 2300 MW (Hidroaysén generará 2600 MW), y es la más grande en su tipo, amenazando con destruir el desierto florido y las playas vírgenes de Atacama.
El abogado Patricio Escobar recordó que en este instante el proceso de evaluación de Impacto Ambiental (EIA), está suspendido, luego que la Corte de Apelaciones de Copiapó decretara una orden de no innovar hasta que los Tribunales se pronuncien sobre la legalidad del inentendible cambio de calificación de contaminante a molesto de la industria, hecho por el Seremi de Salud,. Raúl Martínez.
La aprobación de la Termoeléctrica Barrancones, si bien se trata de una central relativamente pequeña en comparación a Castilla, ya que el proyecto representa sólo un cuarto de su capacidad, según Escobar, «constituye una pésima señal y demuestra la total contradicción entre la postura entregada por el gobierno del presidente Piñera, quien aseguró que no aprobaría ninguna termoeléctrica durante su mandato, y el brazo ejecutor del gobierno regional».
En consecuencia, el abogado del Estudio Figueroa Valenzuela, que representa a la familia Dominguez y a la comunidad de Atacama, aseguró que «nos declaramos en alerta, preparando nuestros argumentos para la vista del recurso en las próximas semanas.
El dirigente dijo que la comunidad se encuentra organizando una multitudinaria marcha el próximo jueves 2 de septiembre para demostrar que éste es un problema país, de cómo manejamos en el siglo 21 nuestra política energética y cuánto énfasis ponemos en promover las energías ambientalmente sustentables versus opciones contaminantes».
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