El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dio a conocer este martes un Instructivo Presidencial sobre la Alta Dirección Pública (ADP), que perfecciona el proceso de nombramientos de los cargos públicos elegidos bajo este sistema.
En la ocasión además anunció que el Ejecutivo enviará dentro de los próximos dos a tres meses un proyecto de ley «corto», para fortalecer el sistema de Alta Dirección Pública.
«Hoy damos a conocer el primer fruto de este trabajo: un Instructivo Presidencial, que perfecciona el proceso de nombramientos. Dentro de poco habrá un segundo fruto: un proyecto de ley corto sobre la ADP», afirmó el secretario de Estado.
El ministro afirmó que el Gobierno tiene la absoluta convicción de que mérito y confianza son criterios perfectamente compatibles en el nombramiento de cargos públicos de alto nivel.
«El Gobierno del Presidente Piñera está comprometido con el concepto de que el mérito sea el filtro inicial en la selección de directivos de la Alta Dirección Pública. Esto es compatible —y lo ha sido desde 2004— con que el segundo filtro sea la confianza, como dispone expresamente la ley», expresó.
El jefe de las Finanzas Públicas informó que desde el 10 de marzo y hasta agosto de 2010, se ha mantenido la confianza a más del 80% de los 440 directivos de segundo nivel que había el 11 de marzo, y a más del 40% de los 68 directivos de primer nivel que había el 11 de marzo.
Explicó, además, que el Gobierno también ha logrado atraer buenos candidatos a la alta dirección: De los designados «interinos», más de 90% ha llegado a la nómina que elige el Consejo de Alta Dirección Pública, y que propone a la autoridad que realiza el nombramiento.
El titular de Hacienda, precisó que el Instructivo Presidencial ya fue firmado por el Presidente Sebastián Piñera, por lo que entra a regir de inmediato.
Este Instructivo Presidencial obliga a ministros, subsecretarios y jefes de servicio agilizar los concursos, imponiendo plazos exigentes en las subetapas. Por ejemplo, reduce a la mitad el tiempo entre que se produce una vacante y se abre el concurso.
Además requiere abreviar la duración de los nombramientos transitorios y provisionales («interinos») a seis meses, extendible por única vez por otros seis. En cambio, la ley permitía que después de 12 meses, si el concurso no era resuelto, el «interino» pudiera continuar sin límite de tiempo, previo informe positivo de la Dirección Nacional del Servicio Civil.
Así como instruye a los «interinos» a invocar su calidad transitoria y provisional en sus actuaciones de carácter público.
El secretario de Estado destacó que estas medidas permitirán elevar el atractivo de concursar en cargos ocupados por «interinos», lo que a su vez elevará los requisitos de mérito para ganar en esos concursos; y aumentar el costo para la autoridad de despedir, porque el interino que reemplace al removido durará menos en el cargo y estará más restringido.
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