La Corte de Apelaciones de Talca revocó la libertad bajo fianza de 50 millones pesos a dos sujetos formalizados por un millonario fraude tributario y los dejó en prisión preventiva.
De esta manera Hugo Romero Navarro y Álvaro Cáceres Farías deberán estar en la cárcel, mientras se investiga el caso por el cual la fiscalía los formalizó el lunes 26 de marzo pasado. Esta condición fue impuesta por el tribunal de alzada talquino tras escuchar los alegatos del Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la defensa de los imputados.
Cabe recordar que los imputados Romero Navarro, sus hijas Karina y Raquel Romero García y el imputado Cáceres Farías fueron formalizados por la incorporación de facturas falsas a las operaciones comerciales de la empresa de chatarra «Metales del Pacífico» que daban cuenta de operaciones comerciales inexistentes y por la declaración maliciosamente incompleta o falsa del impuesto a la renta, produciendo un perjuicio fiscal superior a los 549 millones de pesos.
El fallo dictado ayer rechazó la posición de la defensa y acogió los argumentos de la fiscalía y el SII, revocando la resolución dictada el lunes por la jueza Isabel Salas en lo relacionado a la caución o fianza de 50 millones de pesos que fijó el tribunal a cambio de la prisión preventiva impuesta, pese a que dicha medida cautelar fue ordenada por la jueza por considerar que los imputados son un peligro para la seguridad de la sociedad.
Al respecto el vocero del Ministerio Público, abogado Roberto Navarro, aseveró que «la fiscalía estimó necesario apelar a la resolución porque estimamos que la libertad de los imputados es un peligro para la seguridad de la sociedad que se manifiesta en la posibilidad que ellos vuelvan a cometer el delito mientras gozan de libertad en el proceso. Evidentemente también hay posibilidad de riesgo de fuga, porque en el caso de ser condenados, la pena que se les imponga la deben cumplir en forma efectiva, de modo que sostenemos que los imputados tienen buenas razones para evadir la acción de la justicia».
La Fiscalía tiene seis meses para investigar la causa, que hasta el momento tiene seis imputados, tres de ellos en prisión preventiva, uno con arresto domiciliario total y dos con arraigo nacional.
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