El Ejecutivo ingresó este martes a trámite legislativo un proyecto que mejora las normas relativas a la contratación pública, de modo de proteger los derechos de quienes laboran en las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos.
La propuesta, inspirada en el contexto de las pasadas movilizaciones de los recolectores de basura, da cuenta que la reforma del año 2009 no dejó claramente establecido ni garantizado que en las licitaciones de contratos de concesión para el servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, se tome como criterio de evaluación preponderante las remuneraciones y condiciones laborales de los trabajadores de dichas empresas.
En esta línea, el proyecto establece la obligatoriedad de contemplar en dicho cálculo una ponderación mínima de un 10% del total de los criterios de evaluación para la adjudicación de la licitación.
Además, en forma extraordinaria, la iniciativa autoriza que los recursos transferidos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional a las municipalidades del país (resolución 312, del 23 de diciembre de 2013) sean traspasados a las empresas con el objeto que éstas, finalmente, los hagan llegar a los trabajadores.
La iniciativa, calificada con urgencia de discusión inmediata (seis días de plazo para su tramitación), fue derivada a la Comisión de Gobierno Interior para su estudio.
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