Antecedente por cocaína complica a jefe de Presupuesto del Gore

¡Aquí también hay invierno! Aunque en el sur no lo crean, en Arica hace frío y caen algunas lloviznas, especialmente ahora que el fenómeno de El Niño está en nuestras costas. Claro, nada comparado con el invierno sureño, pero la gente se abriga con chaquetones y parkas, además de comprar estufas para abrigar sus casas.

Este fin de semana comienzan las vacaciones de invierno en los colegios y ya se advierten turistas de la zona central recorriendo las playas y los valles, lo que genera un breve repunte en la actividad turística de la región. También infaltables serán las filas de ida y regreso de Tacna en los controles fronterizos de Chacalluta y Santa Rosa, por el infaltable panorama en Tacna, donde esperan con ansias la llegada de chilenos.

A nivel del gabinete regional, comienzan a escucharse ruidos sobre algunos cambios en el equipo, dada la baja potencia que tienen varias figuras en su ejercicio desde que asumieron en abril.

Vamos, entonces, a lo que nos convoca, con un resumen de lo que trae esta nueva edición de nuestro newsletter:

• La primera nota da cuenta de un incómodo episodio relacionado con la detención por porte de cocaína que afectó en 2010 al ingeniero comercial y actual jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional (DIPIRR) del Gobierno Regional, Enrique Urrutia, quien es socio del exseremi de Agricultura, Jorge Heiden, cesado hace dos semanas por consumo de drogas.
• Abordamos en este número la caída de un 1,9% que registró el Producto Interno Bruto Regional (PIBR) en el primer trimestre de este año, de acuerdo con el Informe de Cuentas Nacionales del Banco Central.
• También les contamos que, tras la publicación de la nota sobre cinco contrataciones con vínculos políticos en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) “Chinchorro”, el director suplente Julio Verdejo (PS) dio marcha atrás en cuatro de esos nombramientos. La decisión se habría producido luego de las quejas manifestadas por la diputada republicana Stephanie Jéldrez ante el Gobierno central, quien cuestionó la demora en el cambio del directivo en un organismo considerado estratégico.
• Además, conozca los detalles del accidente fatal provocado por una explosión e incendio en el polvorín de la empresa Sermisur S.A., fabricante de explosivos emplazada en el sector Cuesta del Águila, en la Ruta Internacional 11-CH.
• Como en cada edición, los dejamos invitados en nuestra nota cultural al concierto que darán las cuatro orquestas de música clásica del Liceo Bicentenario Domingo Santa María, que se realizará este jueves en el Teatro Municipal.

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Socio de seremi cesado por consumo de drogas fue sorprendido con cocaína en 2010

Crédito imagen: cedida.

La renuncia del secretario regional ministerial de Agricultura, Jorge Heiden Campbell (Evópoli), tras dar positivo en un test de drogas aplicado por el ministerio de su cartera, sigue dejando esquirlas en el escenario político regional.

• La primera pesquisa por consumo de drogas que involucra a una autoridad del Gobierno de José Antonio Kast trajo inevitablemente a la memoria la detención por porte de cocaína que, en 2010, protagonizó Enrique Urrutia Tapia (RN), socio de Heiden en la panadería La Pampina. El ingeniero comercial ocupó los cargos de director regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) y fue seremi de las Culturas, Economía y Bienes Nacionales durante los dos gobiernos del Presidente Sebastián Piñera.

Ese complejo episodio fue caratulado con el delito de porte drogas en lugares públicos, previsto en la Ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Sin embargo, pese a no ser formalizado por la Fiscalía Regional, este sería el antecedente que habría minado las posibilidades de Urrutia de ocupar un cargo en el actual Gabinete Regional.

Esto, pese al empeño que puso su amigo personal, el delegado presidencial regional, Cristian Sayes Maldonado (ex-RN), avalándolo en distintas ternas, tal como lo hizo con el renunciado seremi Heiden. Es más, en RN se comenta que sintiéndose seguro de que sería el seremi de Obras Públicas, Urrutia renunció a su cargo de director de la carrera de Administración en el Inacap en abril pasado. Sin embargo, algo que no estaba en sus cuentas ocurrió, y finalmente fue nominado en ese puesto el ingeniero constructor Luis Hernández Quevedo, quien tiene vínculos con el Partido Republicano.

Fue el expresidente regional de RN, Freddy Flores, quien confirmó a Aquí Arica que el proceso que afectó Urrutia estuvo en manos de la dirigencia nacional de su partido durante la confección de las ternas para cargos públicos del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. El exdirigente, cuya lista perdió en las últimas elecciones de marzo, señaló a este medio que “esta información me enteré de nuestro expresidente nacional de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea”.

Flores planteó que la detención por porte de cocaína pudo pesar en las distintas postulaciones fallidas que hizo el partido desde la región. Entre ellas, dijo, fueron incluidas las seremis de Obras Públicas, de las Culturas, de Energía y de Bienes Nacionales como alternativas para Urrutia.

“A mí, Enrique me parece una buena persona, pero quiero decirle que es en Santiago donde tienen todos los antecedentes y desde allá se quiere marcar una diferencia con la prolijidad, la probidad. Ellos están tratando de llevar personas probas, es decir, que no tengan ningún problema judicial o de consumo de estupefacientes. Por eso las candidaturas se caen y muchas veces uno insiste porque el interesado quiere asumir un desafío, como es este el caso, pensando que en un cargo designado no va a tener estas repercusiones. Desde Santiago se trata de evitar que nuestras autoridades o nuestros candidatos tengan ese tipo de problemas. La idea es evitar que, a través de los medios de comunicación, se les apunte con el dedo”, expuso.

Detención con cocaína

La razón del veto a Urrutia, según fuentes confidenciales, estaría en un comentado pasaje y que le estaría penando en el Gobierno de José Antonio Kast, el cual se ha definido como una administración de “tolerancia cero a las drogas”. El episodio tiene relación con la detención de Urrutia en 2010 por porte de cocaína. La aprehensión la realizó Carabineros de Chile en un sector cercano a la Piscina Olímpica, donde el profesional, al ver a los efectivos policiales, decidió arrojar el papelillo que portaba en ese instante.

Pese a ello, uno de los funcionarios policiales advirtió la repentina “descarga”, por lo que lo recogió y dispuso la detención de Urrutia, quien fue llevado a la unidad especializada antidrogas del OS-7. Allí se le realizó un test rápido que acreditó que el papelillo contenía 1 gramo 500 milímetros de cocaína. Pese a que la causa estaba caratulada con el delito de “porte/consumo en lugares públicos o privados con previo concierto”, finalmente el fiscal adjunto, Luis Soriano Carreño, aplicó el principio de oportunidad y decidió no formalizarlo.

Aquí Arica accedió a la resolución del fiscal, que data del 14 de febrero de 2011, en la que se expone como argumentos para no sancionar a Enrique Urrutia y optar por el principio de oportunidad, que “los hechos indicados no comprometen gravemente el interés público, la pena mínima asignada al delito no excede la de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, y no se trata de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones”.

Extracto de la solicitud de la Fiscalía para no formalizar el porte de droga.

La propuesta fue aprobada por el juez de Garantía, Rodrigo Urrutia Molina. De esta manera, el imputado zafó de una de las variadas sanciones que considera el artículo 50 de la ley antidrogas, es decir, una multa de 1 a 10 Unidades Tributarias Mensuales (UTM); asistencia obligatoria a programas de prevención hasta por 60 días, o tratamiento o rehabilitación en su caso por un período de hasta180 días en instituciones autorizadas por el Servicio de Salud competente; participación en trabajos comunitarios o en cursos de capacitación; y la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por un plazo máximo de seis meses.

El incidente salió a la luz pública por primera vez en julio de 2024, tras el anuncio de la candidatura de Enrique Urrutia a alcalde y luego a gobernador por RN. Al final, tuvo que bajarse de ambas postulaciones al interior de su partido, porque no fue seleccionado. Ante los distintos mensajes que se difundieron por WhatsApp entre militantes sobre su detención, el aludido publicó sus descargos en su Facebook personal (Ver posteo).

Interceptación telefónica

La pesquisa de drogas en el entorno del delegado presidencial, Cristian Sayes Maldonado, tuvo también un episodio que le afectó personalmente. En la plataforma del Poder Judicial existe un registro de una petición del fiscal antidrogas, Heriberto Reyes Carrasco, para intervenir cuatro teléfonos en medio de una investigación por narcotráfico. Si bien la diligencia no decantó en una formalización, el documento sobre esa pesquisa aún está disponible.

En medio de su incipiente carrera política, Sayes volvió a encontrarse con la justicia. Hoy se conoce que fue detenido el 20 de septiembre de 2010 por conducción en estado de ebriedad cuando transitaba por la intersección de avenida España con la avenida Luis Beretta Porcel en el sector Chinchorro. Esto ocurrió antes de que fuese nombrado coordinador regional del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) en el primer Gobierno de Piñera.

El mismo fiscal Soriano que decidió no imputar a Enrique Urrutia, optó el 22 de febrero de 2011 por formalizar a Sayes, pero le ofreció una suspensión condicional del procedimiento, que implicaba no registrar una condena. Así, siendo ya director regional del Injuv, el hoy delegado presidencial se comprometió a fijar un domicilio por un año y su licencia de conducir fue suspendida por seis meses.

La suspensión del proceso venció en febrero de 2012 y, en junio de ese año, y sin registro de un sumario administrativo por vulnerar la obligación de mantener una conducta acorde al cargo –tal como lo establece el Estatuto Administrativo–, el primer Gobierno del Presidente Piñera nombró a Sayes como coordinador regional de Seguridad Pública, cargo dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior.

Aterrizaje en el Gore

Después de tanto intento en vano para estar en la planilla del Gobierno, Enrique Urrutia se resignó y pidió apoyo al gobernador regional, Diego Paco Mamani (RN). Fue así que hace pocas semanas debutó como asesor directo de la autoridad, y el miércoles pasado registró un ascenso meteórico: fue investido como jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional (DIPIR) del Gobierno Regional (Gore). Su asunción fue posible tras registrarse un nuevo cambio en el equipo directivo, a raíz de la renuncia de la jefa de la División de Planificación y Desarrollo Regional (DIPLADER), la ingeniero civil químico Mirtha Arancibia Cruz (RN), quien fue nombrada directora regional de la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo).

Aquí Arica envió un cuestionario con preguntas al GORE sobre la asunción de Urrutia, así como también respecto de si el gobernador estaría dispuesto a implementar exámenes de drogas a toda su plana de confianza y hacerlos extensivos a los consejeros regionales. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

En ese mismo sentido, este medio formuló unas preguntas al presidente regional de RN, Patricio López, sobre la situación de Enrique Urrutia. Al respecto, dijo que apoyaba la iniciativa del Gobierno de aplicar tests de drogas a los directivos de confianza, pero no se pronunció sobre la propuesta de hacerla extensiva al GORE donde también él es funcionario.

Respecto de la situación de Urrutia, afirmó que lo conoce desde hace varios años y destacó sus diversos cargos públicos, indicando que “siempre gozó de reconocida responsabilidad en el desempeño de funciones, éxito en gestión y profesionalismo.
Su trayectoria laboral lo avala e, independientemente del incidente años atrás, como cualquier ciudadano, sin inhabilidades legales tiene pleno derecho a desarrollar su carrera profesional, postular a cargos, trabajar donde sea seleccionado y su empleador estime conveniente”.

Cae 1,9% la economía regional durante el primer trimestre de 2026

Crédito imagen: El Mostrador

Una caída de un 1,9% registró la actividad económica durante el primer trimestre de este año, según el Informe Preliminar de Cuentas Nacionales que dio a conocer el Banco Central (BC). El análisis entregó un panorama diametralmente opuesto al 2025, que registró una alza de la actividad económica de un 5,3% anual.

De acuerdo con el reporte del BC, en el ítem Producto Interno Bruto Regional (PIBR), Arica y Parinacota fue una de las 10 regiones que presentó un decrecimiento económico en los tres primeros meses de ese año.

Según el informe, la caída del PIB se debió a “una menor producción del resto de bienes, en particular de la construcción y la pesca”. El reporte advirtió que los servicios y el comercio fueron los que crecieron y frenaron la abrupta caída, lo cual contrasta con el último trimestre de 2025, que evidenció un incremento de un 3% en la actividad económica gracias, esencialmente, a la pesca.

Gráfico del Informe PIBR del Banco Central.

Pese a esta caída de la economía, paradójicamente, el consumo mostró una tendencia al alza, con un crecimiento de un 4,9%, “impulsado principalmente, por el gasto de alimentos, bebidas y combustibles en la agrupación de bienes no durables. En menor medida contribuyó el consumo de servicios, en particular de servicios personales”.

Asimismo, el informe registró que “las exportaciones de bienes, por su parte, crecieron 2,8%, tras registrarse aumentos en los envíos de productos manufacturados, entre los que destacaron los alimentos”.

Desmenuzando las cifras

El economista y profesor de la Universidad de Tarapacá (UTA), Fernando Cabrales, señaló que “debemos hacer la distinción entre el producto interno bruto y el consumo. La producción no es necesariamente consumo y tampoco es bienestar directamente. El consumo es una medida más directa del bienestar, porque refleja de mejor manera el ingreso efectivo de las personas en una comunidad. En cambio, el producto tiene que ver con rentabilidad de la actividad productiva, pero eso no siempre se transforma en bienestar de las personas”.

Al respecto, precisó que es un problema que el consumo crezca más de lo que se produce y esto podría explicarse por el hecho de que “el 34% de los trabajadores son informales en la región, y somos la zona con mayor empleo informal de todo el país. Uno de cada tres trabajadores en Arica es informal. Eso significa que la valoración de su actividad no está reflejada en ningún tipo de indicador formal, porque es una economía fantasma que no se conoce exactamente cuánto es lo que aporta a la economía regional, pero es un factor de crecimiento importante y hace una diferencia respecto al país”.

También precisó que otro factor a considerar es la conversión de Arica en una “ciudad dormitorio”, dada la gran cantidad de trabajadores que “exporta” a otras zonas del norte para trabajar, especialmente, en faenas mineras. “Eso significa que los trabajadores ariqueños trabajan en otra parte, pero su familia reside en Arica, y la mayor parte del gasto efectivamente ocurre en nuestra región. La condición de ciudad dormitorio hace que las ciudades tengan una calidad de vida muy alta, ya que en ellas se va a vivir y no solamente a trabajar. Este es un desafío para los gobiernos regionales y para los municipios, ya que una persona que trabaja en Iquique, por dar un ejemplo, pero vive en Arica, va a seguir viviendo en Arica en la medida de que sea más grato”, expresó.

Escenario internacional inestable

El analista mencionó que esta caída regional y también la situación económica nacional que bordea una recesión, “se debe a la inestabilidad internacional. Desde que asumió Donald Trump en Estados Unidos, y agregándole a esto la guerra en Irán, el mundo entero está sometido a oscilaciones, a variaciones muy complejas, que suben aranceles, que bajan aranceles, que hay acuerdos con Estados Unidos o no los hay, etcétera. Desde que Trump está a la cabeza de la primera potencia mundial, […] las exportaciones en el caso chileno, han estado sometidas a una cuota de riesgo que es muy alta, y que está produciendo estragos en todo el mundo, no solamente en Chile, que es una economía tremendamente expuesta al comercio internacional”.

Y como segunda variable, Cabrales apuntó sus dardos hacia las políticas económicas implementadas por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast. “Esto es más reciente porque es solamente desde marzo de este año, pero los efectos ya se están notando. El Gobierno actual está apretando el gasto interno, cuestión que ya venía haciendo el Gobierno anterior con una política fiscal muy restrictiva. Al Gobierno anterior le tocó ajustar la economía luego del episodio del COVID”, expuso.

En este punto, el llamado “bencinazo”, es decir, el término de la subvención al precio de los combustibles frente a grandes oscilaciones, según este economista está produciendo problemas y estamos viendo la segunda vuelta: “Los costos de transporte están repercutiendo sobre otros bienes, la inflación se mantiene en niveles que son demasiado altos para las metas inflacionarias, y esto está produciendo problemas en la cadena productiva de todo tipo. El problema se hace mayor al restringir el gasto público que, en cualquier economía del mundo, es importante, y en el caso chileno representa un cuarto del PIB, y eso es una cifra muy alta. Cuando ese componente se reduce o se hace restrictivo, no es nada raro lo que está ocurriendo“.

Para Cabrales, el escenario en los próximos meses no variará, debido a la inestabilidad en el precio del petróleo y por las políticas económicas internacionales sorpresivas de Trump. “La política económica del actual Gobierno tengo la impresión de que tampoco va a cambiar mucho. Yo diría que la restricción sobre el gasto se está, de hecho agudizando, y más todavía, creo que habrá un empeoramiento de las finanzas públicas, porque eventualmente podría haber una reducción de impuestos, que podría todavía empeorar el problema fiscal”, sentenció.

Su pronóstico es que este panorama económico por supuesto que afectará a la región: “Nos encaminamos hacia una recesión técnica, y probablemente este año vaya a ser un año bastante malito, con un crecimiento que apenas va a superar el 1%“.

SLEP Chinchorro: director PS retrocede y anula cuatro contrataciones en un día

A pocas horas de presentar a los cinco nuevos funcionarios que había contratado, el director suplente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Chinchorro, Julio Verdejo Aqueveque (PS), debió dejar sin efecto cuatro de esos nombramientos.

La decisión se produjo el martes pasado, el mismo día en que Aquí Arica publicó un reportaje sobre la incorporación de personas con vínculos políticos al servicio. Entre ellas figuraban los consejeros regionales Denisse Morales (PS) y Óscar Pantoja (PL), además del exdirector regional de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, Andrés Romero (PL).

La maniobra de Verdejo en el que es considerado el último bastión del PS en el aparato público regional, tras el cambio de Gobierno, habría generado molestia en la diputada republicana Stephanie Jéldrez. Según distintas fuentes, la parlamentaria recurrió al Ministerio del Interior para intentar frenar la contratación de figuras vinculadas a la oposición, luego de que el director ejecutivo de la Dirección de Educación Pública (DEP), Pedro Larraín Aguirre, no acogiera las gestiones impulsadas por fuerzas políticas regionales para reemplazar al directivo por una autoridad afín a la actual administración.

La contratación de los dos consejeros regionales sin concurso público fue el hecho que más habría irritado a la parlamentaria, quien, según distintas fuentes, solicitó la remoción inmediata de Verdejo. Sin embargo, hasta ahora ese cambio no se ha concretado, lo que mantiene el malestar no solo de Jéldrez, sino también del delegado presidencial, Cristian Sayes Maldonado (RN).

De acuerdo con antecedentes recopilados por este medio, Sayes decidió involucrarse directamente en el conflicto ante la falta de resultados de las gestiones realizadas por la secretaria regional ministerial de Educación, Pía Urrutia Iglesias (UDI). Ello, porque desde su llegada al cargo, en marzo, la seremi solicitó el reemplazo de las autoridades de los servicios dependientes o vinculados al Ministerio de Educación –entre ellos el SLEP Chinchorro, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb)–, requerimientos que no habrían sido acogidos.

La capacidad de influencia política de la seremi también quedó en entredicho, a raíz de las versiones que comenzaron a circular sobre un supuesto entendimiento entre Urrutia y Verdejo. Esas especulaciones se sustentaban en la antigua amistad que el director suplente habría mantenido con Marcelo Urrutia Aldunate, padre de la autoridad y una de las figuras históricas de la UDI regional, fallecido el año pasado.

Finalmente, aunque los cinco nuevos funcionarios se presentaron el martes a sus puestos de trabajo y fueron incorporados en sus respectivas unidades, pasado el mediodía cuatro de ellos fueron notificados de que sus contrataciones quedaban sin efecto. Entre ellos estaban los consejeros regionales Denisse Morales y Óscar Pantoja, además del abogado Juan Vargas y del analista Alex Antimán.

Asesor DEP al SLEP

Las quejas de la diputada ante el ministro del Interior, Claudio Alvarado Andrade, habrían tenido un efecto inmediato en la DEP. Prueba de esto es que el mismo martes por la noche arribó a Arica un asesor directo de Larraín, el jefe de la Unidad Territorial Integrada de la DEP, Rodrigo Sepúlveda Tagle (UDI).

Según trascendió, el funcionario se presentó en el SLEP junto a la seremi de Educación, Pía Urrutia Iglesias, durante la mañana y, por la tarde, se habría reunido con el delegado presidencial. Sepúlveda, eso sí, supo sortear las complejas aguas que le esperaban. Al final, se fue confirmando la salida de cuatro de las cinco contrataciones, pero mantuvo en su puesto a Verdejo y a todo su equipo de confianza.

La razón para mantener al director ejecutivo suplente radicaría en que su remoción solo puede concretarse mediante un decreto firmado por el Presidente de la República. Debido a la complejidad de ese procedimiento, todo indica que el director ejecutivo suplente completará sin mayores sobresaltos el año de su designación, cuyo término está previsto para el 8 de septiembre. Según personas de su entorno, esa ha sido precisamente la convicción que ha transmitido desde el cambio de Gobierno: que recién será notificado de su salida durante agosto, un mes antes de que expire su suplencia.

La permanencia de Verdejo cuenta con el respaldo de la Dirección de Educación Pública (DEP), situación que ha generado un profundo malestar entre las dirigencias políticas regionales, que esperaban un cambio en la conducción del SLEP Chinchorro, tal como ocurrió en Valparaíso, donde el 26 de marzo fue removido el director ejecutivo suplente.

Hasta hoy, en el mundo político nadie logra explicar la continuidad de Julio Verdejo, considerando que a manos del director ejecutivo de la DEP, Pedro Larraín, llegaron diversas carpetas con antecedentes que advertían sobre la contratación de cerca de un centenar de profesores y asistentes de la educación, algunos sin concurso público y proclives al PS y a otros partidos de oposición; llamados selectivos en concursos para directores de establecimientos educacionales; contrataciones directas de personal de gabinete sin concurso; aumentos de remuneraciones para funcionarios de confianza; la designación de la consejera constitucional Jocelyn Ormeño Lee (PS) como directora suplente del Liceo Artístico; y el incumplimiento de metas de gestión, entre ellas el cierre pendiente de 511 sumarios por licencias médicas asociadas a viajes al extranjero.

Aquí Arica intentó obtener una versión de Rodrigo Sepúlveda sobre los los alcances de su visita. Sin embargo, no estuvo disponible. En su agenda, este asesor incluyó una reunión con representantes gremiales del SLEP, tras lo cual la Asociación de Funcionarios SLEP 1 emitió un comunicado que distribuyó a sus asociados, donde expresó su rechazo a las contrataciones efectuadas por Verdejo.

Falso sobrino

Si bien circuló por todas partes un WhatsApp alertando que dentro de las cinco contrataciones realizadas por Verdejo, figuraba un sobrino del alcalde Orlando Vargas, finalmente esa versión fue desmentida por el mismo aludido. Se trata del abogado Juan Vargas Cueto, quien se contactó con este medio para aclarar que no tenía ningún parentesco con el jefe comunal.

El profesional confirmó que el SLEP Chinchorro anuló inexplicablemente su reclutamiento, pese a que se había realizado a través de un concurso público que fue publicado en el portal de empleos públicos el 30 de marzo (ver aviso).

“A fines de marzo del año 2026, postulé al concurso público de abogado en el SLEP CHINCHORRO, publicado en la página empleos públicos.cl de 30 de marzo de 2026, sin ningún contacto político, solamente con mi esfuerzo y convicción de poder tener un mejor empleo, estar cerca de mi familia, mis padres son adultos mayores y también tener una mayor estabilidad . Mi currículum, mi experiencia, mi grado de magíster y diversos diplomados, hicieron que pudiera destacarme en la prueba de conocimientos del servicio; mi entrevista personal y aptitudes permitieron que obtuviera el primer lugar en el concurso público del SLEP CHINCHORRO… Lamentablemente, me informaron que mi concurso público y el cargo de asesor jurídico, el cual me gané con esfuerzo, se viera (sic) empañado por esto, por asociarme a un nepotismo político…“, expresó.

“No he intervenido”

El único de los cinco reclutados por Verdejo que quedó en pie, fue el jefe de Infraestructura y Mantenimiento, cuya selección por concurso del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) recayó en el ingeniero comercial Andrés Romero Montecinos. El profesional hasta marzo fue director regional de Aguas y luego en abril se convirtió en funcionario de la misma repartición, desatendiendo el llamado del Gobierno saliente a que los funcionarios de confianza política debían renunciar el 10 de marzo.

Sobre este proceso, el subdirector de Planificación y Control de Gestión del SLEP “Chinchorro”, Walter Vallejos González (PS), negó haber intervenido en la designación de Romero, aunque reconoció que este fue su subalterno cuando ejerció como director regional de Planeamiento del MOP en el periodo 2015-2016.

Pese a los cuestionamientos que existen en las comunidades educativas sobre deterioro de infraestructura en los colegios, Vallejos indicó también que el SLEP ha cumplido todas las metas de gestión institucional y de ejecución presupuestaria y que “durante los últimos años se ha logrado incrementar la asignación presupuestaria para realizar acciones de mantenimiento de establecimientos, y el presupuesto de inversión es uno de los más altos del país, superando los $3.000 millones. Asimismo, se ha logrado consolidar un trabajo que ha permitido incrementar los aportes de fondos regionales de inversión, a través de la aprobación de varias iniciativas, las cuales también se encuentran detalladas en la referida cuenta pública”.

Polvorín de Sermisur arriesga cierre por muerte de trabajador tras explosión

Crédito imagen: cedida.

Una sanción que incluso podría derivar en su clausura definitiva enfrenta el polvorín de la empresa Servicios Mineros del Sur S.A. (Sermisur S.A.), luego de la muerte de un trabajador a raíz de una explosión e incendio ocurridos mientras fabricaba mechas para explosivos destinados a la minería. El accidente fatal se registró el jueves pasado en una bodega de la compañía, ubicada en el kilómetro 57 de la Ruta Internacional 11-CH, camino a Bolivia.

El representante de la Autoridad Fiscalizadora de Carabineros de Chile, el teniente coronel Sebastián Cabrera Tapia –que fiscaliza el cumplimiento de la Ley N° 17.798 de Control de Armas y Explosivos–, confirmó que se constituyó un equipo de su repartición en la planta siniestrada con el fin de iniciar un proceso administrativo. De comprobarse incumplimientos a esta normativa, el oficial aseguró que podrían aplicarse sanciones, entre ellas, una suspensión temporal de las faenas o la cancelación del permiso al almacén para el manejo de explosivos. De aplicarse esta última, afirmó que su resolución depende de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) del Ministerio de Defensa.

“Por razones normativas no puedo adelantar lo que resolveremos, pero sí puedo decir que nos constituimos para verificar la autorización administrativa para su funcionamiento y las licencias de manipulación de explosivos de los trabajadores de la persona fallecida y de quienes se encontraban en ese lugar, además de las medidas de seguridad de la empresa que debería contar para poder trabajar, tales como la red húmeda y prendas especiales de los trabajadores”, indicó.

El fiscalizador confirmó que la empresa ya registraba otro accidente, ocurrido el 25 de octubre de 2024. En esa oportunidad, tres trabajadores resultaron heridos tras producirse una explosión mientras fabricaban una mecha. En cuanto a la sanción aplicada, dijo que se había decretado la suspensión de las faenas para corregir las fallas detectadas en el procedimiento.

En paralelo a este proceso administrativo, por orden de la Fiscalía Regional se abrió una investigación penal que fue asignada a la Brigada de Homicidios de la PDI.

Mutualidad en taxi

El accidente fatal también puso a prueba la capacidad de respuesta del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), mutualidad estatal a la que estaba adherida Sermisur S.A. Desde el organismo confirmaron que, para iniciar la investigación del siniestro, sus funcionarios debieron trasladarse en taxi hasta el lugar del accidente, ubicado a unos 45 minutos al noreste de Arica. La situación se produjo debido a que el contrato de arriendo del vehículo institucional utilizado para este tipo de procedimientos se encontraba en proceso de renovación.

El hecho coincidió, además, con un cambio en la dirección regional del ISL. El jueves dejó el cargo Roberto Lau, autoridad de confianza política del gobierno anterior, y al día siguiente asumió el profesor Roberto Erpel, quien fue intendente regional y delegado presidencial durante el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Según fuentes consultadas por este medio, una de sus primeras instrucciones fue disponer el máximo apoyo a la familia del trabajador fallecido, incluyendo la visita de una trabajadora social al domicilio de la víctima.

El día del accidente, los secretarios regionales ministeriales de Gobierno, de Minería y del Trabajo y Previsión Social, emitieron un comunicado enviando condolencias a la familia del trabajador fallecido. Es más, en la misma nota oficial se informó que la seremi del Trabajo, Belén Núñez, había acudido al sitio siniestrado junto a fiscalizadores de la Dirección del Trabajo (DT) y se había reunido con representantes de la empresa. Al mismo tiempo, causó ruido la aparición del seremi de Minería, Mauro Hidalgo, en esa vocería, dado que su cartera no tiene competencia alguna en actividades relacionadas con el manejo de explosivos.

Constantes multas

Sermisur S.A., empresa constituida el 11 de septiembre de 2013 con un capital inicial de $153 millones, acumula 34 multas inscritas en el Registro de Multas Ejecutoriadas de la Dirección del Trabajo desde julio de 2022 a la fecha. Las sanciones de mayor cuantía alcanzan las 10 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes actualmente a $716.490.

Entre las infracciones más recurrentes figuran no denunciar a la mutualidad accidentes o enfermedades profesionales; llevar de forma incorrecta el registro de asistencia y la jornada de trabajo; no proporcionar gratuitamente a los trabajadores los elementos de protección personal; no eliminar factores de riesgo en los lugares de trabajo; exceder la jornada ordinaria máxima de 10 horas diarias; no adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores; y omitir las evaluaciones ambientales exigidas por el Protocolo de Sílice.

Según la última actualización de su patrimonio, en diciembre del año pasado el capital de la empresa era de US$ 1.650.190, es decir, $ 1.513.935.780.

Liceo Domingo Santa María presentará sus cuatro orquestas en el Teatro Municipal

Una presentación de lujo pretende realizar este jueves el Programa de Formación Musical Infanto-Juvenil que desarrolla el Liceo Bicentenario Domingo Santa María, en el Teatro Municipal a las 18.00 horas. El programa de este jueves considera la interpretación de la Orquesta Infantil, la Orquesta Juvenil, el Ensamble de Bronces y la Camerata, además del coro del liceo.

El director de esta iniciativa, Miguel Sánchez, confirmó que serán cuatro orquestas las que se presentarán en este evento de música clásica. Estos elencos nacieron sucesivamente como un rescate de la tradición musical del colegio, donde hasta el 2019 funcionaban solo como grupos de cuerdas y vientos.

“Estamos muy felices de poder mostrar nuestro trabajo, ya que en cada una de las presentaciones habrá interpretaciones con distintos niveles de avance en el aprendizaje musical hasta integrar a todas las orquestas en un tema al cierre. Hemos trabajado muchísimo con nuestros alumnos, que incluyen a los niveles de educación básica y media. Desde nuestros inicios, el 2019 como una Orquesta Infanto-Juvenil, hemos crecido bastante al punto de que debió habilitarse un nuevo salón para los ensayos“, afirmó.

El trabajo en la línea de la interpretación de música de concierto ya ha tenido reconocimientos a nivel nacional. En 2023 la Camerata participó en el XXV Encuentro de Música Docta en San Vicente de Tagua Tagua. También en un concurso de la Fundación Fernando Rosas obtuvieron el tercer lugar a nivel nacional, lo que les mereció ser invitados para presentarse en un concierto en el Teatro Municipal en 2024.

Dado el interés que ha concitado en los alumnos el aprendizaje de esta música, el colegio decidió reforzar el equipo docente, para lo cual contrató a nuevos profesores con especialidades en cuerdas, vientos y bronces. Asimismo, el establecimiento construyó una sala acústica especial para los ensayos, dado que logró reclutar a más de 70 alumnos en el programa.

Gracias por leer nuestra edición. Ahora nos vamos nuevamente a reportear para traer nuevas noticias. ¡Hasta el próximo martes!

CAMBIO EN LA DIPRESEH MUNICIPAL. Un nuevo ajuste en su equipo de confianza realizó el alcalde Orlando Vargas. El miércoles pasado solicitó la renuncia del director de la Dirección de Prevención y Seguridad Humana (Dipreseh), el abogado y exoficial de la PDI Esteban Maldonado Ayala. En su reemplazo asumió el ingeniero en ejecución mecánica Héctor Moreno Navea, quien hasta ahora se desempeñaba como coordinador de proyectos de la misma repartición.

Lo llamativo es que Maldonado continuará vinculado a la Dipreseh, ahora en calidad de asesor. Aunque el municipio restó dramatismo al cambio, distintas fuentes sostienen que la decisión obedecería al malestar del alcalde por la entrega “sin filtros” de los antecedentes solicitados por la Contraloría Regional de la República sobre el accidente protagonizado el 14 de mayo por su chofer de confianza, Juan Olivares Soto, quien conducía en estado de ebriedad un vehículo municipal.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.