Desde fines de enero, la transnacional canadiense ya no pertenece al Fondo de Pensiones escandinavo, ya que su Tribunal Ético concluyó que causa severos daños ambientales a través de su minera Portera, de Papua Nueva Guinea. En nuestro país, las negociaciones con Argentina continúan para lograr un acuerdo tributario que permitiría iniciar las operaciones del polémico proyecto binacional Pascua Lama.
En medio de las negociaciones entre Chile y Argentina para alcanzar un acuerdo tributario que despejaría el camino a la canadiense Barrick Gold para iniciar el proyecto aurífero binacional Pascua Lama, ubicado a más de 4.000 metros de altura en la frontera, la transnacional fue duramente cuestionada por el gobierno noruego.
El 30 de enero pasado, el ministerio de Finanzas anunció que la minera fue eliminada de los fondos de pensiones del país escandinavo, como una forma de evitar estar contribuyendo con esas inversiones a daños severos en el medioambiente.
La decisión tomó en cuenta la recomendación del Tribunal Ético de su Fondo de Pensiones, ya que, según explicó la ministra de Finanzas, Kristin Halvorsen, «en su evaluación concluyó que Barrick Gold causa severos daños ambientales como resultado directo de sus operaciones. Por lo tanto, la hemos excluido del universo de inversiones del fondo».
El Fondo Soberano administra las pensiones públicas de los noruegos y es considerado el fondo de un Estado más grande del mundo. En el caso de Barrick, el mayor productor de oro a nivel mundial, con 27 minas en explotación, el monto retirado alcanza la suma de 1,2 millones de coronas (equivalentes a poco más de 204 millones de dólares).
Los dardos del gobierno noruego apuntan a la minera Portera, que habría provocado un «daño irreparable» al medio ambiente en la provincia de Enga de Papua Nueva Guinea, donde se vierten directamente en el río Strickland sustancias tóxicas, incluyendo mercurio.
Allí, los primeros 140 kilómetros río abajo de la mina están altamente contaminados por metales pesados y potencialmente letales. Y en la zona habitan más de 7.000 personas. Según el informe del Tribunal Ético la mina inició operaciones en 1990 y tan sólo cinco años después había convertido una isla paradisíaca en una suerte de infierno ambiental.
Por lo que, según denuncias de la organización australiana Mineral Policy Institute, la asociación de propietarios de Portera y otras organizaciones comunitarias han estado pidiendo su relocalización durante varios años debido a la pérdida de las actividades económicas que le permitían subsistir y a las malas condiciones de vida a raíz de «la contaminación y al peligro que corren sus vidas ante los abusos de los derechos humanos que incluyen ejecuciones, violaciones y asaltos, perpetrados por personal de seguridad de la minera».
Barrick no es la única empresa en la lista negra del Estado noruego. También se ha dejado de invertir, entre otras, en Textron, productora de bombas de racimo y en Wal-Mart, que está ad portas de iniciar sus operaciones en Chile, por los serios y sistemáticos abusos que comete la compañía en derechos humanos y laborales.
La respuesta de Barrick
La respuesta de Barrick Gold al Fondo de Inversión Noruego no se hizo esperar. Y a través de una declaración en su sitio web, señaló que «no nos sorprendió la decisión tomada por el fondo de pensiones noruego, ya que la correspondencia que se mantuvo con ellos no fue ni justa ni equilibrada y debido a que ellos habían hecho pública la venta de sus acciones de varias otras compañías mineras».
Asegurando que lo extraño del asunto es que el fondo compró las acciones «con total conocimiento de las prácticas ambientales utilizadas en Portera, las cuales fueron hechas totalmente públicas por Placer Dome», dueña del yacimiento hasta 2006. Además, el gobierno de Papua Nueva Guinea también tiene una participación en la mina.
Por otro lado, en opinión de la canadiense este «fue un proceso defectuoso». Y aseguran que no existe ningún tipo de riesgo ambiental inaceptable.
Ni el primero ni el último
En todo caso no es la primera vez que la gigante minera es cuestionada por problemas medioambientales y de derechos humanos. Un informe de la ONG norteamericana CorpWatch de mayo de 2007, titulado «Los Secretos Sucios de Barrick»-que también fue rechazado por la transnacional en su página corporativa-, detalla los problemas ambientales y sociales aparejados a la explotación de oro de la minera alrededor del mundo.
Detallando varios casos. Entre ellos el de Papua Nueva Guinea. Y también el de Pascua Lama, cuya inversión estimada es de unos 2.300 o 2.400 millones de dólares y su vida útil de unos 23 años. A este último proyecto, se le cuestiona los perjuicios a los glaciares de la zona y los recursos hídricos en general.
El texto, además explica que pese a estar a la cabeza de la industria minera, ya que alberga a más de 60 por ciento de la industria del mundo, Canadá no se ha responsabilizado de sus empresas en el extranjero, por lo que «ha recibido críticas de todo el mundo». Incluyendo organizaciones ambientalistas, religiosas, de derechos humanos e instituciones internacionales, como Naciones Unidas.
