Yo opino
En 2018, el mayo feminista que vivimos en el país trajo consigo entre otras dimensiones, el cuestionamiento a los modos en que nos relacionamos al interior de las comunidades universitarias y a la mirada patriarcal, nunca antes cuestionada. Ciertamente, este espacio institucional fue uno de los más beneficiados por la movilización, dado que fruto de ello pudieron surgir actualizaciones que desde hace un tiempo demandaban los protocolos de género.
Desde marzo de este año, en la Universidad de Santiago opera un nuevo protocolo de género nacido a la luz de una mesa triestamental que le dotó de coherencia con el marco internacional, amparándolo bajo tratados y convenciones internacionales; que cuenta con una visión integral de la comunidad universitaria, que se responsabiliza de todas las relaciones que propicia su quehacer, pudiendo hacer uso de este protocolo estudiantes, académicas/os, funcionarias/os, trabajadoras/es inclusive las y los terciarizados; y por sobre todo, con un enfoque de derechos humanos, que reconoce la violencia de género como un fenómeno integral y, por tanto, el proceso involucra las etapas de prevención, sanción, investigación y reparación.
Más allá de estos aspectos generales, el uso del protocolo permite dar énfasis a otras dos dimensiones que hoy, a más de un año de la movilización feminista, nos parecen más importantes que nunca. Lo primero es que entrega perspectiva de derecho al punitivismo feminista. Y en ello, compartimos las palabras de Consuelo Gutiérrez, abogada especialista en violencia contra la mujer de AML Defensa de Mujeres, que en una entrevista reflexiona ante la precariedad judicial y las situaciones de violencia: “Hay que saber dimensionar y establecer una proporcionalidad en los casos de violencia. Un agresor sexual es muy distinto a un tipo machista. Hay que ser cautas, las funas tienen un sentido político muy importante, surgen con el objetivo de denunciar a los violadores de DDHH de la dictadura. La funa es una herramienta política del feminismo que no podemos abandonar, pero hay que saber usarla».
[cita tipo=»destaque»] debemos buscar mecanismos que favorezcan la articulación de las instituciones de educación superior y un sistema nacional de registro con indicadores en torno a la igualdad de género [/cita]
Sobre eso, los protocolos abren una puerta para evaluar los casos y resguardar a las víctimas. Y esto da pie a la segunda dimensión: el respeto a su autonomía. La funa no solicitada por la víctima, el “linchamiento colectivo”, pueden generar una doble victimización que en ocasiones agravan la estabilidad emocional de las víctimas. Levantamos las banderas por la autonomía aun cuando inclusive, su decisión sea no denunciar. La justicia no tiene la misma forma para todas y todos, y es ahí cuando la perspectiva de derecho debe hacerse más presente que nunca.
Tal como se ve, aún tenemos desafíos. Debemos diseñar e implementar políticas institucionales que permeen a todas las áreas y funciones misionales de las universidades. Deben realizarse modificaciones a la normativa del estatuto administrativo que favorezcan a la justicia en casos de violencia de género, acoso sexual y discriminación; así como también debemos buscar mecanismos que favorezcan la articulación de las instituciones de educación superior y un sistema nacional de registro con indicadores en torno a la igualdad de género.
El camino es largo, pero el compromiso por transformar nuestra cultura mediante prácticas igualitarias y no sexistas es responsabilidad de todas y todos.
